El presunto testaferro de José Luis Rodríguez Zapatero, el empresario alicantino Julio Martínez Martínez, ha decidido contratar los servicios de la abogada María Dolores Márquez de Prado. La decisión inquieta al entorno del expresidente del Gobierno, que teme que su socio y principal pagador llegue a un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción y empiece a colaborar con la Justicia. Márquez de Prado, fiscal de carrera, ejerció como representante del Ministerio Público en la Audiencia Nacional durante 17 años. Está casada con el exmagistrado Javier Gómez de Liaño, con quien comparte bufete. Reputada penalista, firme, dura y muy valorada en la Audiencia Nacional, donde distintas fuentes destacan su determinación "de hierro" en la defensa de sus clientes, su constancia y la preparación casi obsesiva con la que afronta cada uno de los casos en los que participa, que estudia y conoce siempre a fondo. Su perfil es perfecto para explorar un acuerdo con la fiscal del caso Plus Ultra, Elena Lorente. Cuenta, además, con la fortaleza frente a un reto así que quizá le falte a su nuevo cliente. Lo cierto es que Martínez lleva tiempo rumiando esa salida. Su testimonio pondría contra las cuerdas al resto de investigados. Participó en todas las grandes operaciones en las que habría intervenido la presunta red de tráfico de influencias que lideraba Zapatero, incluido el rescate de la compañía aérea. Viajó decenas de veces a Venezuela con el expresidente del Gobierno e interactuó con todo su círculo de confianza, como los empresarios chinos que inyectaron fondos en sus cuentas bancarias a través del think tank Gate Center. La primera condición para que el Ministerio Público acepte la colaboración de un investigado es que este disponga de información valiosa que realmente contribuya al esclarecimiento de los hechos, y Martínez cumple ese requisito. Hasta ahora, ha guardado silencio. El pasado 11 de diciembre, tras ser detenido por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), decidió no declarar en el Juzgado. Sólo explicó a los agentes de la Policía Nacional el supuesto origen de los 286.000 euros en efectivo que habían aparecido en diferentes escondites de su casa en la calle Diego de León de Madrid. Dijo que parte salía de una herencia y, el resto, de la venta de una propiedad en Alcorcón. Pero ni siquiera mencionó el apellido de Zapatero. Desde entonces, se ha mantenido fiel al expresidente del Gobierno y el resto de implicados en la trama. Tampoco ha querido hablar sobre Javier de Paz, íntimo del antiguo secretario general del PSOE, actual presidente de Movistar Plus y presunto cerebro del esquema societario que usó la organización para cobrar comisiones ilegales y blanquear posteriormente los fondos mediante facturas falsas. Martínez sólo ha aparecido en algunos medios para defender la actividad de la empresa que está en el epicentro de las diligencias, Análisis Relevante SL, y negar cualquier irregularidad. El pasado 9 de abril fue obligado a comparecer en la Comisión de Investigación del Senado sobre los contratos de la pandemia del Gobierno de Sánchez. Los portavoces de los partidos de la oposición le interrogaron sobre sus negocios con el exsecretario general del PSOE, pero no abrió la boca. Martínez ni siquiera reaccionó después de que la mano derecha de Javier de Paz en Telefónica, Sergio Sánchez, dueño del 25% de Análisis Relevante SL hasta 2025, comenzara a deslizar en febrero que el presunto testaferro le había engañado y que nunca llegó a saber quiénes eran los clientes de la sociedad. Martínez sospecha que Sánchez lleva semanas filtrando información interesada para intentar salvarse de la causa penal, dejar al margen a Zapatero y Javier de Paz y atribuirle a él toda la responsabilidad. La operación Tíbet de la semana pasada ha provocado una conmoción en los investigados. El auto que dictó el juez José Luis Calama para acordar la citación como imputado de Zapatero, con un exhaustivo relato fáctico de las diligencias efectuadas por la UDEF, ha eliminado toda esperanza de que el procedimiento acabe pronto con un sobreseimiento. El horizonte penal es ahora mucho más oscuro. El próximo hito será la declaración de Zapatero, aplazada a los próximos 17 y 18 de junio. Antes de decidir si tira de la manta, Martínez podrá comprobar si el expresidente del Gobierno le sigue respaldando como hizo en su propia comparecencia en el Senado. Zapatero dijo que el empresario alicantino era su amigo, defendió su actividad como consultor y rechazó que hubiera cometido algún delito. Márquez de Prado solicitó la excedencia de la carrera fiscal en 2007. Desde entonces ejerce la abogacía. Ha participado en multitud de casos conocidos. Uno de ellos fue el de los papeles de Bárcenas. Asumió la defensa de la mujer del tesorero del Partido Popular, Rosalía Iglesias. Es especialista en causas de la Audiencia Nacional. Su nuevo cliente, el hombre de Zapatero, tiene un problema en el Juzgado Central de Instrucción número 4. El presunto testaferro de José Luis Rodríguez Zapatero, el empresario alicantino Julio Martínez Martínez, ha decidido contratar los servicios de la abogada María Dolores Márquez de Prado. La decisión inquieta al entorno del expresidente del Gobierno, que teme que su socio y principal pagador llegue a un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción y empiece a colaborar con la Justicia.