El abogado del empresario alicantino Julio Martínez Martínez ha renunciado a su defensa por “diferencias irreconciliables en la estrategia”, apenas una semana después de la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Bernardo del Rosal, catedrático de Derecho Penal, que ejercía de letrado de Martínez Martínez desde su imputación en diciembre de 2025, ha presentado este jueves un escrito de renuncia ante el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, que dirige el caso Plus Ultra y que el próximo 17 y 18 de junio tomará declaración al exlíder socialista, acusado de liderar una red de influencias con el empresario Martínez en el epicentro. En el escrito de desistimiento, al que ha tenido acceso EL PAÍS, Del Rosal explica que “renuncia” porque existen discrepancias que en este punto son irreconducibles, si bien aclara que “se mantendrá en sus funciones de letrado defensor, cumpliendo puntual y estrictamente las obligaciones que le impone tal situación” hasta que se designe un nuevo abogado. El letrado, preguntado por este periódico, ha rechazado hacer ninguna declaración al respecto. La nueva abogada será María Dolores Márquez de Prado, según han concretado fuentes jurídicas, que fue letrada de Rosalía Iglesias, la esposa del extesorero del PP Luis Bárcenas. La defensa de Julio Martínez Martínez es nuclear para la estrategia que también siga en el juzgado el expresidente Zapatero, puesto que el empresario era el administrador único de la consultora Análisis Relevante sobre la que el juez pone todas las sospechas. Calama y la Fiscalía Anticorrupción explican a lo largo del sumario que esta sociedad pudo ser, en realidad, una tapadera para canalizar los presuntos pagos por favores que Zapatero realizaba utilizando su agenda. Así, Análisis Relevante fue, por ejemplo, la empresa con la que la aerolínea Plus Ultra contrató a Martínez Martínez a razón de 4.000 euros mensuales, meses antes de que sucediera el rescate del Gobierno que está en el foco de la investigación. El empresario es una de las personas más cercanas al líder socialista que aparece en el sumario. No están únicamente conectados en los negocios, sino que, además, en su casa encontraron unas agendas manuscritas donde dejó constancia de “acuerdos, decisiones, compromisos, responsabilidades, plazos y acontecimientos del más alto nivel” en Venezuela. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía reflejó en un informe cómo Martínez redactó líneas sobre intervenciones para liberar a presos políticos en el país, labor que, como es bien conocido, realiza Zapatero desde hace años, o sobre lo que parece corresponder a la repatriación del opositor Edmundo González. Las notas de Julio Martínez, según los investigadores, “trascienden notablemente del ámbito de influencia o de las relaciones institucionales que pudiera ostentar un empresario, al proyectarse directamente sobre asuntos de Estado de máximo nivel, ajenos por completo al marco normal de una actividad mercantil”.Por eso, su defensa es un punto clave también de todo lo que Zapatero quiera explicarle a Calama. El futuro penal del empresario es delicado, habida cuenta de que en su vivienda los agentes encontraron también 286.070 euros en efectivo repartidos en una bolsa de golf, un radiador, cajas o escondites en el baño y que, además, se le ha localizado una sociedad en Islas Vírgenes, un paraíso fiscal, y una cuenta a nombre de esa sociedad en Miami con algo más de medio millón de euros. Martínez Martínez fue detenido el pasado 11 de diciembre junto con el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, el consejero delegado de la aerolínea, Roberto Roselli, y el abogado madrileño Miguel Palomero. Inicialmente, quiso escoger como letrado a José María Bueno, un abogado que había presentado la denuncia en nombre del pseudosindicato Manos Limpias años antes, precisamente, contra el rescate de 53 millones de euros que el Gobierno entregó a la compañía. Ese procedimiento quedó archivado por un error de forma, pero la fiscal Anticorrupción Elena Lorente se negó a que Bueno pudiera volver a formar parte de las diligencias porque, bajo su criterio, suponía un conflicto de intereses. Fue entonces cuando Julio Martínez Martínez escogió a Bernardo del Rosal, quien este jueves ha renunciado.