El pasado jueves se resolvió uno de los asuntos políticos más controvertidos de la legislatura: la legalidad de la ley de amnistía aprobada en 2024. El Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) anunció su aval a la norma, cuya aplicación no ha sido completada. Y el PP, que tras conocer la decisión se limitó a expresar su “respeto”, si bien aseguró que no borra la “responsabilidad política” del independentismo, llevaba semanas rebajando su discurso sobre el procés sospechando que la decisión del TJUE iba a ser favorable a la polémica normativa. Una década después de la crisis abierta en Catalunya, Alberto Núñez Feijóo ha pedido a su partido “pasar página” de uno de los momentos más delicados para la integridad territorial de España.
El Tribunal Supremo se ha negado hasta ahora a aplicar plenamente la ley de amnistía. El caso más relevante es el que afecta a quien dirigía la Generalitat en octubre de 2017. Fue Puigdemont quien verbalizó la brevísima declaración unilateral de independencia, para suspenderla en el mismo acto y, tres días después, escapar hacia Bélgica. Desde entonces, reside en Waterloo a la espera del perdón que no llega y que permitió a Pedro Sánchez obtener los siete votos de Junts para su investidura.
