Cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dicte este jueves su sentencia sobre las cuestiones prejudiciales planteadas en torno a la ley de amnistía, no solo orientará su aplicación en el ordenamiento jurídico español. También abrirá una nueva fase en el último tramo de la legislatura. Los tribunales delimitan el marco jurídico, pero son los partidos quienes deciden su significado político. A partir de ese momento, el debate dejará de girar en torno a su legalidad para centrarse en un asunto distinto: cómo condiciona la estabilidad de la mayoría parlamentaria de Pedro Sánchez y las opciones de Alberto Núñez Feijóo para construir una alternativa de gobierno.
Durante la última década, el procés convirtió el conflicto territorial en el principal eje de la vida política española. Condicionó investiduras, reorganizó el sistema de partidos y polarizó la conversación pública como ningún otro asunto desde la Transición. La ley nació con el objetivo declarado de desjudicializar esa crisis y contribuir a cerrar una década de excepcionalidad política en Cataluña. Casi tres años después, el contexto es distinto. El clivaje identitario ha perdido buena parte de su capacidad para estructurar la competición electoral, y es precisamente ese cambio de panorama el que amplifica el impacto del veredicto europeo.
