La ley de amnistía afronta la semana que viene un examen decisivo. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dará a conocer el jueves, 16 de julio, su primera sentencia sobre la norma impulsada por el Gobierno y sus socios independentistas para dar carpetazo a todas las causas judiciales vinculadas al procés con el objetivo de favorecer “la normalización institucional, política y social en Cataluña”. La amnistía —acordada como condición de ERC y Junts para investir a Pedro Sánchez— entró en vigor en junio de 2024 y, dos años después, ha beneficiado a más de 300 personas entre políticos, ciudadanos y agentes de policía investigados o condenados por hechos relacionados con el proceso independentista catalán entre 2011 y 2023. Pero la ley no se ha aplicado a algunos de sus destinatarios principales, incluido el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, huido de la justicia española a Bélgica, y sobre quien el Tribunal Supremo mantiene activa una orden de detención tras concluir que el delito de malversación por el que se le procesó no es amnistiable.Aunque el alto tribunal español rechazó la amnistía sin consultar a la justicia europea, un respaldo del TJUE a la medida de gracia desbloquearía la aplicación de la norma en los tribunales que sí lo hicieron (la Audiencia Nacional y el Tribunal de Cuentas) y, previsiblemente, sería el primer movimiento de un efecto dominó que los líderes independentistas confían en que acabe obligando al Supremo a amnistiar a Puigdemont y al resto de líderes a los que procesó o condenó por malversación. Todos ellos han recurrido la decisión del Supremo ante el Tribunal Constitucional, que ha dictado ya 19 sentencias que avalan la ley de amnistía y rechazan los recursos que presentaron el PP y sus barones autonómicos, pero está a la espera de la respuesta del TJUE para resolver los presentados por los principales dirigentes del procés, que consideran que el Supremo está vulnerando sus derechos fundamentales. Estas son las claves de la próxima sentencia del TJUE y sus posibles consecuencias:¿Por qué la ley de amnistía ha llegado a la justicia europea? La ley de amnistía entró en vigor el 11 de junio de 2024. Al hacerlo, todos los tribunales que hubieran dictado sentencia o tuvieran abierto un procedimiento relacionado con el procés estaban obligados a aplicarla en un plazo máximo de dos meses. Pero algunos jueces alegaron tener dudas sobre la compatibilidad de la ley con el derecho europeo y elevaron sus preguntas al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Este tribunal, con sede en Luxemburgo, recibió cuatro bloques de preguntas (las llamadas cuestiones prejudiciales): uno del Tribunal de Cuentas, otro de la Audiencia Nacional y dos del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. La aplicación de la amnistía en esos casos se mantiene congelada a la espera de la respuesta de Europa.¿Qué va a decidir el TJUE? El tribunal europeo hará públicas el jueves sus dos primeras sentencias sobre la amnistía. En la primera, responderá a la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal de Cuentas, encargado de dirimir la responsabilidad contable de 35 ex altos cargos de la Generalitat —entre ellos, los expresidentes Carles Puigdemont y Artur Mas y el exvicepresidente Oriol Junqueras— por el uso de fondos públicos para financiar el referéndum del 1 de octubre de 2017 y para apoyar la acción exterior del procés. El Tribunal de Cuentas acudió a Europa al considerar que varias normas comunitarias no son compatibles con “la extinción de responsabilidad contable” que establece la ley de amnistía y que el desvío de fondos públicos para organizar el procés afectó a los intereses económicos de la UE, que es uno de los supuestos que recoge la ley para negar la aplicación de la medida de gracia.La segunda cuestión que debe resolver el TJUE la planteó la Audiencia Nacional para decidir si amnistía a 12 miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR), los piquetes surgidos en Cataluña para imponer la secesión tras el referéndum ilegal del 1 de octubre, procesados por delitos de terrorismo. La ley impide perdonar el terrorismo, pero solo cuando los hechos puedan ser calificados como tal conforme a una directiva europea de 2017, y siempre que “hayan causado de forma intencionada” graves violaciones del derecho a la vida y de la prohibición de la tortura. La Audiencia considera que la norma española choca con la europea, por lo que pidió un pronunciamiento del TJUE y dejó en suspenso la aplicación del perdón. ¿Ha habido algún pronunciamiento preliminar de Europa? Sí, el abogado general del TJUE avaló la ley en noviembre pasado al considerar que no vulnera la directiva europea de terrorismo ni choca con los intereses financieros de la UE. El informe del abogado general en la tramitación de una cuestión prejudicial es preceptivo aunque no vinculante, pero el tribunal asume sus conclusiones en la mayoría de las ocasiones. Y, en este caso, el abogado general concluyó que la ley española se aprobó “en un contexto real de reconciliación política y social” y “nada permite calificarla de autoamnistía”. “No es el resultado de un acto unilateral impuesto por un poder autoritario, sino de un debate y de una votación democrática en las Cortes Generales”, afirmó. Cuatro meses antes, la Comisión Europea informó de que una ley que amnistíe delitos de terrorismo que no hayan producido muertos, heridos o maltrato no tiene por qué chocar con la directiva comunitaria. ¿Puede el TJUE anular la ley de amnistía? No. El TJUE solo puede pronunciarse sobre las dudas planteadas en las cuestiones prejudiciales y declarar si algún aspecto concreto de la norma es incompatible con el derecho comunitario. En el supuesto de que el tribunal con sede en Luxemburgo considere que es así, los jueces tendrían que aplicar la interpretación del TJUE, lo que podría suponer no aplicar la amnistía en los casos afectados por esa incompatibilidad, pero la justicia europea no puede tumbar la ley en su conjunto ni obligar a que esta desaparezca del ordenamiento jurídico español. ¿Qué consecuencias tendría una decisión favorable a la amnistía? Si el TJUE contesta que la aplicación del perdón a la responsabilidad contable del procés no contraviene el derecho comunitario, el Tribunal de Cuentas deberá retomar la aplicación de la ley a los 35 ex altos cargos a los que procesó. Lo mismo ocurrirá con la causa de los CDR de la Audiencia Nacional si la justicia europea no pone trabas a la amnistía de los acusados de terrorismo. Además, el Supremo tiene pendiente decidir sobre varios recursos contra las condenas por desórdenes públicos dictadas por la Audiencia de Girona tras los incidentes ocurridos en las protestas que siguieron a la sentencia del procés. El Constitucional desestimó en octubre pasado una cuestión de inconstitucionalidad que planteó el Supremo sobre la ley de amnistía en el marco de estos recursos, pero la Sala Penal ha rechazado aplicar la decisión del tribunal de garantías a la espera de la sentencia del TJUE. ¿Afecta directamente la decisión del TJUE a Carles Puigdemont? Sí lo hará para la causa del Tribunal de Cuentas, en la que él es uno de los acusados. La sentencia también tendrá impacto en el procesamiento por malversación por el que el Tribunal Supremo mantiene activa la orden de detención contra él, pero fuentes del tribunal consideran que sus consecuencias en este caso serán limitadas.¿Podrá volver a España el líder de Junts tras el fallo europeo? No es previsible a corto plazo si no quiere arriesgarse a ser detenido. El Supremo no planteó cuestión prejudicial ni de inconstitucionalidad sobre la malversación y descartó directamente aplicar la amnistía a los líderes independentistas condenados o procesados por ese delito. La Sala Penal sostiene que el desvío de fondos públicos del procés no es amnistiable porque la ley impide perdonarlo si afectó a los intereses económicos europeos o si los acusados se beneficiaron de un enriquecimiento patrimonial. Y según el Supremo, ocurrieron ambas cosas. Por tanto, aunque el TJUE establezca en la sentencia sobre el Tribunal de Cuentas que no hubo afectación para la UE y elimine una de las dos razones por las que no se amnistió a Puigdemont, seguirá existiendo la segunda, sobre la que no está previsto que se pronuncie Europa porque no se le ha preguntado. Fuentes del Supremo no descartan que la sentencia europea incluya alguna mención a cuestiones que no se le han planteado y también es previsible que, si la justicia europea avala la amnistía, los abogados de los líderes independentistas reclamen al Supremo que se la aplique, pero estas fuentes consideran muy improbable que suponga algún cambio real en la situación del expresident. ¿Se espera alguna resolución judicial que pueda hacer variar la postura del Supremo? Sí. Puigdemont, Junqueras y el resto de condenados y procesados recurrieron en el Tribunal Constitucional el rechazo del Supremo a aplicarles la amnistía y, en el caso del expresident, la decisión de mantener la orden de detención contra él. El Constitucional decidió esperar a la sentencia del TJUE para resolver esos recursos, por lo que el fallo de la próxima semana desbloqueará la situación. Fuentes del tribunal de garantías señalan que la previsión es resolver el próximo otoño el primer grupo de recursos, correspondiente a los ya condenados y juzgados por el Supremo, y la respuesta que dé sí será determinante. La Sala Penal estará obligada a aplicar la doctrina del Constitucional, tanto para los condenados como para Puigdemont y el resto de procesados.