Actualizado Lunes,
julio
01:27Nueve a�os despu�s de su huida, el ex presidente catal�n Carles Puigdemont aguarda la sentencia del Tribunal de Justicia de la Uni�n Europea (TJUE) sobre la Ley de Amnist�a al proc�s con la esperanza de poder regresar a Espa�a si el fallo es favorable a sus intereses.A falta de conocer el contenido del mismo, que se notificar� el pr�ximo jueves por parte de la Corte de Luxemburgo, lo �nico claro es que ni el Tribunal Supremo ni el Tribunal Constitucional har�n una interpretaci�n inmediata de la sentencia. Puigdemont, una vez m�s, tendr� que esperar.Seg�n informan fuentes jur�dicas a EL MUNDO, en el caso del instructor del proc�s, Pablo Llarena -que se encuentra en la actualidad de vacaciones estivales porque trabajar� en agosto en la Sala de Vacaciones del Alto Tribunal-, es previsible que antes de determinar si el fallo del TJUE tendr� incidencia o no en la negativa a aplicar la amnist�a a Puigdemont por el delito de malversaci�n, decida contar con las alegaciones de las partes en una cuesti�n tan importante. Si, como todo apunta, Llarena da traslado a las partes personadas en la causa del 1-O, el proceso se dilatar� algunos d�as.Por otro lado, se da la circunstancia de que fuentes consultadas en el Tribunal Constitucional indican que no ser� previsiblemente hasta el mes de octubre cuando se resuelva el recurso de amparo que ha presentado el pr�fugo solicitando una aplicaci�n total de la Ley de Amnist�a. En primer lugar, porque la Corte de Garant�as decidi� esperar al fallo de Luxemburgo antes de resolver los amparos interpuestos por los l�deres del proc�s y ahora dedicar� un tiempo razonable a estudiar la sentencia y elaborar una ponencia sobre Puigdemont y los condenados por el 1-O, tal y como indican fuentes jur�dicas.En segundo t�rmino, el tribunal que preside el magistrado C�ndido Conde-Pumpido quiere dar un margen prudencial al Supremo para estudiar la sentencia del TJUE y decidir c�mo lo aplica, ya que es el �rgano competente para hacerlo -al TC el l�der de Junts y los condenados amnistiados acuden por considerar vulnerados sus derechos fundamentales-.El magistrado Pablo Llarena estudi� en el julio del a�o 2024 la Ley de Amnist�a y consider� que no era amnistiable el desv�o de fondos imputado al ex presidente de la Generalitat por el refer�ndum ilegal del 1-O. En la actualidad, el instructor mantiene en vigor la orden nacional de busca y captura contra Carles Puigdemont.Su recurso de amparo ante el TC se resolver� en octubreLlarena argument� que las limitaciones que introdujo el propio legislador en la norma, en lo que afecta al delito de malversaci�n, imped�an aplicar la amnist�a al dirigente independentista. El instructor explic� que el art�culo 1.4 de la Ley indica que el concepto de enriquecimiento alcanza, adem�s de a las actuaciones donde se obtenga cualquier ventaja personal de car�cter patrimonial, a quien, con cargo a los caudales p�blicos, obtiene cualquier beneficio que hubiera exigido del pago de una contraprestaci�n dineraria, aunque no aumente materialmente su nivel de riqueza.En el proc�s, los fondos salieron de las arcas de la Generalitat, pero quienes dispon�an del control de esos recursos p�blicos decidieron ponerlos al servicio de una iniciativa pol�tica ilegal, como fue el refer�ndum del 1-O del a�o 2017, donde primaron los intereses de los independentistas.Adem�s, el instructor de la Sala Segunda argument� que la propia Ley prohib�a amnistiar los actos tipificados como malversaci�n de fondos que afecten a los intereses financieros de la Uni�n Europea.Sobre este extremo tendr� que pronunciarse el TJUE. El dictamen del abogado general, que tiene peso dentro del tribunal pero no es vinculante, recogi� que la ley que borra los delitos del proc�s no choca con los intereses financieros de la UE ni con su normativa contra el terrorismo. Tambi�n rechaz� que la Ley encubra una �autoamnist�a�.Sobre la malversaci�n, el abogado general, Dean Spielmann, sostuvo que �la protecci�n de los intereses financieros de la Uni�n no se opone a la extinci�n de la responsabilidad prevista en la Ley Org�nica de Amnist�a por los actos determinantes de responsabilidad contable que afecten a los intereses financieros de la Uni�n, puesto que no existe un v�nculo directo entre esos actos y la reducci�n, actual o potencial, de los ingresos puestos a disposici�n del presupuesto de la Uni�n�.M�s all� del ex presidente catal�n, en estos momentos, tanto la Audiencia Nacional como el Tribunal de Cuentas mantienen dos causas en suspenso a la espera de la decisi�n final del Tribunal de Justicia de la UE, que es vinculante para los tribunales espa�oles.
