La justicia europea sentará doctrina sobre la ley de Amnistía por primera vez el jueves y dará el pistoletazo de salida para que el Tribunal Constitucional (TC) se pronuncie sobre los recursos de amparo que tiene pendientes de resolución dos años después de la entrada en vigor del olvido penal. La sentencia, más allá de los efectos jurídicos, tendrá repercusión política. En caso de que sea favorable supondrá un espaldarazo a la apuesta del Gobierno de Pedro Sánchez –muy criticada en el primer tramo de la legislatura por PP y Vox– y empezará a desbrozar el camino de retorno del expresident Carles Puigdemont y los exconsellers Lluís Puig y Toni Comín, todavía expatriados.En concreto, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), ubicado en Luxemburgo, resolverá las cuestiones prejudiciales que elevaron el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional en relación con la amnistía. Aclarará si la norma cumple con el marco legal comunitario en lo referente a los miembros de los comités de defensa de la república (CDR) procesados por un delito de terrorismo y si el delito de malversación es amnistiable. Los magistrados deben pronunciarse sobre la responsabilidad contable de los gastos del referéndum del 1-O, en una causa que afecta a 33 ex altos cargos del Govern de la Generalitat, entre ellos los expresidentes Puigdemont y Artur Mas.El informe del abogado general, que suele anticipar el veredicto, avaló el olvido penalEn noviembre, el informe del abogado general de la Unión Europea, Dean Spielmann, avaló la ley de Amnistía, aunque criticó los plazos fijados para su aplicación. Ese dictamen, aunque no es vinculante, en la mayoría de casos anticipa el sentido del fallo.Sin embargo, una vez la justicia europea se haya pronunciado, son los tribunales españoles los que tendrán que mover ficha. El Constitucional tiene sobre la mesa recursos de amparo de varios dirigentes independentistas. Pero la partida también se juega en el Tribunal Supremo, que negó el olvido penal a los líderes del procés que estaban acusados o condenados por un delito de malversación al interpretar que había lucro personal y, por tanto, que entraban dentro de las excepciones que preveía la ley para evitar que personas condenadas o imputadas por un delito de corrupción pudieran beneficiarse del olvido penal.La sentencia también tendrá efecto sobre las inhabilitaciones, entre otros, de Junqueras y TurullLa defensa de Puigdemont, a cargo de Gonzalo Boye, considera que las citadas prejudiciales remitidas a Luxemburgo son “artificiosas” y critica que el Constitucional no haya resuelto aún el recurso de amparo presentado hace un año. Ve en ello intencionalidad política. Con todo, tras el informe del abogado general, Boye espera una sentencia favorable y considera que el Supremo debería cambiar su interpretación y aplicar el olvido penal a sus defendidos si la sentencia del jueves avala la amnistía. Remite a lo que sucedió con la doctrina Parot y recuerda que puso en la calle a presos de ETA y otros reos –algunos de ellos peligrosos– en cuestión de semanas, en aplicación de la sentencia europea, sin necesidad de que todos ellos tuvieran que hacer nuevos recursos al Constitucional.El TC, de todos modos, debe mojarse sobre la interpretación que hizo el Supremo y dictaminar si fue correcta o no. Su sentencia llegará –previsiblemente– en otoño, tras el parón vacacional.En JxCat impera la prudencia; recuerdan que la justicia española tiene la última palabraAunque la situación más llamativa es la de Puigdemont, que lleva casi nueve años en Bélgica, y la de los exconsellers Puig y Comín, que se encuentran en la misma situación, el fallo también será relevante para el presidente de Esquerra, Oriol Junqueras, así como el secretario general de Junts, Jordi Turull, y los exconsellers Raül Romeva y Dolors Bassa. Sobre todos ellos pesa todavía hoy la pena de inhabilitación, de modo que no pueden desempeñar cargos públicos.En JxCat impera la prudencia. Aducen que sea cual sea el fallo la última palabra la tiene la justicia española y ya han tenido algún chasco. Si hace dos años en la organización daban por hecho que la entrada en vigor de la ley permitiría el regreso inmediato de los líderes del procés , ahora no quieren avanzar escenarios. Para el último fin de semana de julio se había previsto la conmemoración de la fundación del partido al otro lado de la frontera, como se había hecho en los años anteriores, pero tras conocer el calendario del TJUE se suspendió la cita.La situación judicial del líder posconvergente marca el paso en el partido y supedita debates pendientesEn el caso de Puigdemont, la sentencia también tendrá consecuencias políticas, ya que en su formación se vive desde hace tiempo una situación de cierta provisionalidad. Su regreso a Catalunya, opinan en el partido, más allá de insuflar ánimo a la tropa, permitirá abordar debates pendientes y tomar decisiones sobre cómo encarar el segundo tramo de la legislatura catalana o preparar el futuro en un contexto complejo. Además, se mantiene la incógnita de si, llegado el caso, ocupará su escaño en el Parlament –la mayoría vaticina que no– y de si repetirá como candidato. Aunque en estos últimos meses el expresident ha estado alejado de los focos, se da por descontado que si regresa su actividad política estará, sobre todo, fuera del parque de la Ciutadella y que recorrerá Catalunya. En el PSOE también aguardan el fallo con la esperanza de que un eventual retorno facilite el acercamiento a Junts.El Constitucional resolverá los recursos en otoñoDesde que la ley de Amnistía entró en vigor hace dos años, se ha fijado varias veces un horizonte de retorno para los dirigentes del procés que todavía siguen en Bélgica. El Tribunal Constitucional (TC), que ya declaró constitucional la ley de Amnistía, tiene desde hace meses varios recursos sobre la mesa y ha preferido esperar al fallo europeo para pronunciarse sobre la interpretación que hizo el Tribunal Supremo para negar el olvido penal a Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, entre otros. Tras el informe del abogado general de la Unión Europea, de noviembre, se dio por hecho que la resolución llegaría antes de Semana Santa, primero, y, después, que sería antes del verano. El Constitucional celebrará el último pleno antes de las vacaciones la semana del 20 de julio y no se prevé que los recursos de los líderes independentistas se aborden. Será en septiembre u octubre cuando los magistrados, una vez hayan estudiado la sentencia de Luxemburgo, fijen su posición. Por ahora no ha habido prisa con este asunto. De hecho, en enero el TC desestimó las medidas cautelares que pedían levantar la orden de detención a los dirigentes expatriados para que pudieran regresar. Ahora la causa se adentra en la recta final.Redactor de La Vanguardia y colaborador de la revista cultural El Ciervo. Cubre la actualidad política catalana desde 2017