Al margen de los escándalos de corrupción, la actual legislatura está marcada por la aprobación de la amnistía al procés, una proposición de ley que salió adelante en el Congreso con 178 votos a favor y 172 en contra, que durante su aplicación ha propiciado un auténtico embrollo judicial y un enfrentamiento entre los criterios del Tribunal Supremo (TS) y del Tribunal Constitucional (TC) y que concitó un mayoritario rechazo social. Es por eso especialmente significativa la decisión que tome la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre dos de las cuestiones prejudiciales planteadas por tribunales españoles, lo que mantiene en suspenso su aplicación al líder de Junts, Carles Puigdemont, fugado de Waterloo, y al de ERC, Oriol Junqueras, inhabilitado. El asunto de fondo es si el borrado legal del procés es compatible con el Derecho comunitario. La decisión final abrirá un nuevo escenario judicial que tendrá repercusiones políticas, sobre todo si el TJUE avala la amnistía. Más allá de los propios beneficiarios de la Ley, las estrategias políticas que se verán principalmente condicionadas serán tres: los partidos independentistas, el Gobierno y el PP. Asimismo, los órganos judiciales principalmente afectados serán dos: el TS y el TC. A la espera de saber el sentido del fallo, la principal pista hasta la fecha está en los dictámenes del Abogado General, que no son definitivos, pero suelen anunciar por dónde van a ir los tiros. En sendas opiniones descartó que la tramitación de la ley respondiera a una "autoamnistía", que colisione con la legislación de la UE en la lucha contra el terrorismo o que afecte a intereses financieros de la UE. No obstante, sí que apuntó que puede haber vulneraciones menores al Derecho de la UE. Además, en sus alegaciones, la Comisión Europea dijo que la ley parecía "ser una autoamnistía". TE PUEDE INTERESAR En Moncloa confían en que los jueces no se desmarquen del Abogado General y que la sentencia sea "clara y contundente", tal y como expresó tras el Consejo de Ministros de este martes la ministra y portavoz del Gobierno, Elma Saiz. A priori, en el Gobierno quieren que la medida de gracia se aplique "con diligencia y sin más dilación", lo que anuncia que decida lo que decida el TJUE aún habrá que esperar a ver qué hacen tanto el TS como el TC. En este punto, en el Gobierno hay un choque de intereses. Como punto de partida, el deseo de que la amnistía sea definitivamente avalada para así conseguir que su gran proyecto político de la legislatura sea definitivamente válido de pleno derecho. En este caso, el Gobierno no dudará en recordar a Junts, con quien ahora están públicamente enfrentados, que ellos han cumplido su parte del trato. Sin embargo, por otro lado, en Moncloa también hay quien considera que lo que más les interesa en este momento es que el proceso se alargue para que Carles Puigdemont no reaparezca en Cataluña con plena libertad de movimientos, lo que supondrá un elemento tanto para Pedro Sánchez como para el president de la Generalitat, Salvador Illa. Embrollo judicial El Constitucional tiene aún pendiente resolver sobre los recursos del expresidente catalán y el resto de condenados por el procés que quedaron fuera de la ley de amnistía. A su presidente, Cándido Conde-Pumpido, se le han pasado las prisas y ha impuesto un ritmo lento bajo el argumento de esperar al TJUE como forma de evitar incongruencias. No obstante, esa espera no le viene nada mal a un Ejecutivo que aborda el último tramo de una legislatura convulsa y marcada desde el principio por la relación inestable con el partido independentista del huido en Bélgica. La posibilidad de su regreso está en manos del Constitucional y fue utilizada durante meses como una zanahoria destinada a buscar su apoyo. Ahora que las relaciones entre el PSOE y Junts parecen irremediablemente rotas, Moncloa no tiene prisa ninguna ni ganas de que Puigdemont vuelva a Cataluña. TE PUEDE INTERESAR Y aquí entra en juego el Tribunal Supremo, que en su momento decidió declarar inaplicable la amnistía en lo relativo a los delitos de malversación, lo que afectaba directamente a Puigdemont y a Junqueras. Así, si finalmente el TJUE avala la amnistía, el Supremo se maneja entre tres escenarios: esperar a ver que dice el TC, desdecirse y aplicar inmediatamente la amnistía a los afectados o plantear nuevas dudas jurídicas. Fuentes jurídicas explican que el segundo caso, aplicarla inmediatamente, es lo que sucedió con la sentencia del TJUE sobre la doctrina Parot: "Era un asunto que afectaba a una etarra, Inés del Río, pero el Supremo y la Audiencia Nacional se pusieron inmediatamente a excarcelar presos". En el caso del PP, la posición es más clara, aunque hay una cuestión que no se dice públicamente. El propio Alberto Núñez Feijóo dijo hace un par de semanas en Barcelona que hay que "pasar página" del procés. Lo hizo, además, en Barcelona en un momento en el que la conversación pública giraba de nuevo en torno a la posibilidad de que el PP, Vox y Junts puedan entenderse para presentar una moción de censura a Pedro Sánchez. "No vamos a olvidar lo que hemos vivido y lo que ha sufrido el pueblo de Cataluña, no vamos a olvidar la lección", añadió el líder popular, para cortar interpretaciones excesivas. Pero sí reivindicó la necesidad de "mirar al futuro". En esta línea, lo que no se dice abiertamente pero sí se admite en privado, es que lo que le interesa al PP es que la vuelta a España de Carles Puigdemont "le estalle a Sánchez y a Illa", de manera que cuando Feijóo llegue al palacio de La Moncloa, si es que se cumplen las encuestas y finalmente es así, el procés haya pasado a la historia y Junts sea un partido sin un presidente prófugo de la Justicia. Por último, los partidos independentistas son los principales afectados. En el caso de ERC, porque su líder no puede concurrir a las elecciones al estar inhabilitado, lo que limita su margen de acción. En cuanto a Junts, la vuelta de Puigdemont es un deseo mil veces expresado, si bien no hay una opinión unánime sobre el efecto que podrá tener su reaparición en el día a día de la política catalana y española. "Él cree que será un revulsivo, y puede que durante algunas semanas sea así, pero después se diluirá", afirman fuentes de dentro, que señalan que el principal problema no es la ausencia de Puigdemont, sino el ascenso exponencial de Aliança Catalana en las encuestas. Las cuestiones prejudiciales Tal y como resume Europa Press, el primero de los recursos que tiene el TJUE encima de la mesa tiene que ver con la consulta del Tribunal de Cuentas con respecto a la responsabilidad contable de Puigdemont y otras personas en el uso de fondos públicos para financiar el referéndum del 1 de octubre de 2017, declarado ilegal por el Tribunal Constitucional, y para apoyar la acción exterior del 'procés'. La segunda sentencia responderá a la cuestión prejudicial remitida por la Audiencia Nacional en el caso de terrorismo atribuido a varios miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) para aclarar si la aplicación de la amnistía en este caso contravendría el Derecho comunitario y garantizaría la impunidad de los delitos. De este modo, el Tribunal con sede en Luxemburgo se pronunciará un año después de que tuvieran lugar las vistas correspondientes en la Gran Sala --que componen quince jueces-- y siete meses después de que el Abogado General Dean Spielmann leyera sus conclusiones sobre los casos. Aunque las posiciones del Abogado General no son vinculantes para las sentencias que debe dictar después el TJUE, sí marcan la línea de los fallos emitidos en la gran mayoría de los casos. TE PUEDE INTERESAR En respuesta al Tribunal de Cuentas, el abogado europeo descartó que la amnistía afecte a intereses financieros de la Unión Europea porque "no existe un vínculo directo entre los actos y la reducción, actual o potencial, de los ingresos puestos a disposición del presupuesto de la Unión". Aunque sí advirtió, en lo que se refiere al derecho a la tutela judicial, de que el plazo máximo de dos meses para dictar sobre la aplicación de la amnistía en un caso "podría resultar demasiado corto" para determinar si el asunto está cubierto o no por la LOA en función de si se trata de fondos de origen nacional o europeos y de su uso efectivo para promover la independencia de Cataluña fuera de España. En cuanto al asunto que afecta a varios miembros de los CDR, el Abogado General ve claro que no existe colisión con la directiva europea de lucha contra el terrorismo y explica que la ley española "no priva" a la europea de su plena eficacia, al tiempo que descarta que responda a una "autoamnistía", en contra de la posición que defendió la Comisión Europea en la vista previa ante la Gran Sala. Así, el abogado considera que la LOA "cumple los estándares" establecidos por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos porque se aprobó en "un contexto real de reconciliación política y social" y "no constituye una autoamnistía"; y porque "no incluye violaciones graves de derechos humanos". En este sentido, el dictamen apuntó que la amnistía española "establece una exclusión explícita de los actos que hayan causado de forma intencionada tales violaciones, sin incluir formalmente el conjunto de los delitos contemplados en la Directiva".