El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha avalado este jueves la ley de Amnistía que aprobó el Congreso en el 2024 en respuesta a las cuestiones prejudiciales que elevaron sobre el olvido penal tanto el Tribunal de Cuentas como la Audiencia Nacional, sobre la posibilidad de amnistiar los delitos de malversación, por un lado, y terrorismo, por otro. El TJUE debe señalar si la norma que aprobó el Congreso en el 2024 es compatible con el marco legal comunitario. Aunque el fallo no entra en la negativa del Tribunal Supremo de negar la amnistía a los líderes del procés que fueron condenados o procesados por un delito de malversación –este asunto no era objeto de las prejudiciales–, como el expresident Carles Puigdemont y algunos de sus exconsellers, sí que les afectará, sobre el papel, porque el Tribunal Constitucional esperaba a que la justicia europea avale la norma para resolver los recursos de amparo que tiene desde hace un año sobre su mesa por la negativa del Supremo a aplicarles el olvido penal. El expresident Carles Puigdemont el pasado mes de febrero en el Parlamento Europeo, en Bruselas, tras conocer otro fallo del TJUE sobre su inmunidad parlamentariaAlbert Cadanet / ACN¿A quién afecta esta sentencia?La sentencia marca el horizonte judicial del expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, que sigue expatriado en Bélgica casi nueves años después del referéndum del 1-O, como los exconsellers Lluis Puig y Toni Comín, que se encuentran en una situación análoga. También tiene efecto sobre el presidente de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, el secretario general de JxCat, Jordi Turull, así como otros exconsellers como Raül Romeva y Dolors Bassa, todos ellos inhabilitados aún para el ejercicio de cargos públicos. En otro plano están la treintena de ex altos cargos del Govern –entre ellos los expresidentes Artur Mas y Puigdemont– a los que el Tribunal de Cuentas reclama responsabilidades contables por los gastos del procés y el 1-O, o los miembros de los comités de defensa de la república (CDR) procesados por terrorismo. ¿Quién aplica la sentencia?Las sentencias que emite el TJUE son siempre interpretativas. No son ejecutorias. Así las cosas, corresponde a los tribunales nacionales, en este caso los de España, aplicar lo que disponen los magistrados de Luxemburgo. Aunque la sentencia es favorable a los intereses de los independentistas y avala la norma que aprobó la Cámara Baja, de entrada la situación procesal de las personas que esperan beneficiarse de la amnistía no cambia. ¿Qué sucederá ahora que hay un aval europeo a la amnistía?En noviembre, el abogado general de la Unión Europea, Dean Spielmann, en su dictamen preceptivo ya avaló prácticamente la totalidad de la ley de Amnistía. Cuestionó solo los plazos de aplicación que preveía el redactado. Ese informe no era vinculante, pero suele orientar el sentido del fallo y en este caso se ha cumplido la estadística. Ahora el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional tienen que mover ficha en el caso de Puigdemont y los otros exdirigentes del Govern. El Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional, a su vez, tienen que archivar también sendas causas. En el ámbito político, la sentencia supone un espaldarazo al Gobierno de Pedro Sánchez, que fue muy criticado por Vox y PP por pactar la ley de Amnistía con el independentismo en el primer tramo de la legislatura.¿Qué debe resolver ahora el Constitucional?Puigdemont y los otros exconsellers llevaron al Constitucional la negativa del Supremo a aplicarles la ley de Amnistía al entender que sí hubo lucro personal, una de las excepciones previstas en la norma para evitar que se pudieran beneficiar las personas encausadas por corrupción. El Tribunal Constitucional ya validó en dos sentencias en el 2025 la ley de Amnistía, pero esperaba al fallo de los tribunales europeos para emitir su veredicto sobre la negativa del Supremo a aplicar el olvido penal a los líderes del procés. Se espera que el órgano de garantías aborde esos recursos a partir de septiembre u octubre, de modo que hasta otoño no resolverán los recursos de amparo que se presentaron hace un año. La semana que viene hay pleno en el tribunal de garantías, pero la amnistía no figura en el orden del día. ¿El Supremo puede intervenir?El juez instructor de la causa especial del procés, Pablo Llarena, está de guardia estas semanas y una ahora que conoce la sentencia del TJUE puede pedir a las partes –acusaciones y defensas– que se posicionen. La defensa de Puigdemont considera, de hecho, que debería ser el Alto Tribunal el que aplique la sentencia sin esperar al Constitucional, aunque ese escenario no se prevé. El abogado Gonzalo Boye remite a lo que sucedió con la doctrina Parot y recuerda que se puso en la calle a presos de ETA y otros reos comunes –algunos de ellos peligrosos– en cuestión de semanas, en aplicación de la sentencia europea, sin necesidad de que todos ellos tuvieran que hacer nuevos recursos al Constitucional.¿Qué hubiera pasado si el fallo hubiera sido adverso a los intereses del independentismo?La defensa de Puigdemont ha señalado siempre que la jurisprudencia europea avala que el expresident no sea entregado a España, después de que Llarena denegara la entrega que propuso Alemania en el 2018 por un delito de malversación. En las otras causas que han motivado las prejudiciales se hubieran mantenido las penas o los procesos judiciales abiertos. En cualquier caso, Puigdemont no tendría fácil regresar a Catalunya, en espera de que el Constitucional emita su sentencia, puesto que debe mojarse sobre la posición del Supremo pase lo que pase. ¿Cómo afrontaba Junts esta sentencia?En JxCat imperaba la prudencia en estos últimos meses. Argumentaban que fuera cual fuera el sentido del fallo la última palabra la tiene la justicia española y ya han tenido algún chasco en ese sentido. Si hace dos años en la organización posconvergente daban por hecho que la entrada en vigor de la ley permitiría el regreso inmediato de los líderes del procés, esta vez no quieren avanzar pantallas y existe el temor de que haya alguna “maniobra sorpresa” en el Supremo que dilate más los plazos. Para el último fin de semana de julio se había previsto la conmemoración de la fundación del partido al otro lado de la frontera, como se había hecho en los años anteriores, pero tras conocer el calendario del TJUE se suspendió la cita. Algunas voces del partido señalaban que un fallo favorable y el eventual retorno del expresident a Catalunya darán pábulo a que el partido tome decisiones sobre cómo encarar el segundo tramo de la legislatura catalana, ahora que Salvador Illa ya tiene presupuestos de la Generalitat y un salvoconducto para llegar al 2028, o bien que se aborden debates pendientes en un contexto complejo, en el que los sondeos pronostican malos resultados para JxCat. Con todo, se mantiene la incógnita de si Puigdemont, en caso de regresar, ocupará su escaño en el Parlament –la mayoría de dirigentes vaticina que no lo hará– o si repetirá como candidato a la presidencia de la Generalitat, un aspecto sobre el que hay más dudas. En estos últimos meses el expresident ha estado alejado de los focos, pero se da por hecho que si vuelve recorrerá toda Catalunya y que su acción política será, sobre todo, fuera del parque de la Ciutadella. ¿Cómo repercute el fallo en el Gobierno de Pedro Sánchez?En el Gobierno esperaban un fallo favorable y que se dictamine que su apuesta no contravenía el marco legal europeo. En la elaboración de la ley se tuvo en cuenta en todo momento el derecho internacional. En el PSOE, además, también aguardaban la sentencia con la esperanza de que un eventual retorno de Puigdemont facilite el acercamiento a Junts en un momento en que el Ejecutivo trata de resistir al asedio de la oposición con la elaboración del proyecto de presupuestos generales del Estado, que serían los primeros –y los últimos– de la legislatura. JxCat, de momento, se opone frontalmente. Redactor de La Vanguardia y colaborador de la revista cultural El Ciervo. Cubre la actualidad política catalana desde 2017