Las consultas de Atención Primaria, ese recurso sanitario infradotado y saturado, son el lugar donde se deciden las bajas laborales. El médico cuenta a veces con datos objetivos: marcadores clínicos, una fractura, síntomas evidentes, un tratamiento oncológico. En otras, como el dolor crónico o algunos problemas de salud mental, mandan las sensaciones del paciente. Es una fractura donde se puede colar el fraude o la picaresca que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha querido convertir en categoría: “Si en los convenios de empresa se pacta que una persona que no va a trabajar cobre lo mismo que cuando va a trabajar, pues qué quieren que les diga”.Feijóo ha calificado a las incapacidades temporales como “un cáncer” que cuesta 30.000 millones de euros cada año. La prevalencia media de la incapacidad temporal por contingencias comunes entre asalariados llegó en 2025 a 53,7 procesos por cada 1.000 trabajadores, más del doble que en el mínimo de 2012. España también aparece en cabeza de la UE en proporción de ocupados que se ausentaron del trabajo por una incapacidad temporal en 2024. Pero una baja no es una decisión unilateral del empleado: la concede un médico cuando considera que existe una causa clínica que le impide trabajar. Y esa decisión no depende solo del diagnóstico. “Es un acto médico, pero también una negociación con el paciente”, resume Verónica Olmo, del Grupo de Trabajo de Salud Mental de Semergen (Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria). “Lo que se valora no es la enfermedad en abstracto, sino la limitación funcional que produce en un puesto concreto. Un dolor de pie o incluso una fractura de tobillo no incapacitan igual a alguien que carga peso o pasa ocho horas de pie que a un teleoperador que trabaja desde casa”, añade.Ese matiz es una de las zonas grises del sistema. Para decidir bien, el médico necesita tiempo: conocer al paciente, saber a qué se dedica, explorar hasta qué punto su dolencia le impide desempeñar su trabajo y distinguir entre una incapacidad real, una adaptación posible del puesto y una demanda que puede estar exagerada. “La falta de tiempo y la carga asistencial disminuyen la probabilidad de cuestionar muchos temas relacionados con la baja. En salud mental, la dificultad aumenta porque no existe una batería de pruebas que mida de forma objetiva la angustia, la ansiedad o la capacidad de trabajar”, explica.Lorenzo Armenteros, portavoz de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), considera que “las bajas laborales no se pueden valorar desde un punto de vista simplista”. Su diagnóstico apunta a varios planos: el malestar laboral que se traduce en ansiedad, estrés o depresión; las enfermedades graves que requieren tratamientos largos; y un elemento que patronal, sindicatos y médicos reconocen como central, el atasco del sistema sanitario. “Hay personas esperando una prueba, una cirugía o una rehabilitación. Eso origina retrasos en las altas o bajas que se podrían resolver si se solucionaran esos problemas de base”, explica.Las cifras ayudan a entender el contexto. Los servicios autonómicos de salud tenían en diciembre de 2025 a 853.509 personas en lista de espera quirúrgica, el máximo de la serie. El tiempo medio para operarse era de 121 días. En atención primaria, solo el 22% de los pacientes que pidieron cita con su médico de familia fueron atendidos el mismo día o al siguiente; el 70% tuvo que esperar más, con una demora media de 9,78 días. En ese escenario, una rodilla pendiente de cirugía, una lesión que necesita rehabilitación o un trastorno mental a la espera de valoración especializada pueden traducirse en semanas o meses más de incapacidad.Vicente Pallarés, miembro de Semergen (Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria), pone el ejemplo de la salud mental: “No tengo un análisis ni una radiografía que me diga cuánta angustia sufres o si me estás mintiendo”, resume el facultativo, que coordinó el informe La Incapacidad Temporal en España: diagnóstico, desafíos estructurales y propuestas de reforma de la Fundación Economía y Salud. En esos casos, el médico puede pedir apoyo a psicología o psiquiatría, pero la primera cita especializada puede tardar meses. Mientras tanto, el paciente vuelve a la consulta de primaria, donde se revisa la evolución y se renuevan los partes de confirmación.La hoja de ruta del Ministerio de Sanidad sobre trabajo y salud mental cifra en 643.861 los procedimientos de incapacidad temporal iniciados en 2024 por trastornos mentales y del comportamiento, el 9,33% de las 6,8 millones de bajas laborales de ese año. Son un 80% más que una década antes.Y el trabajo también es, en sí mismo, una causa creciente de bajas: según el Instituto Nacional de la Seguridad Social, entre 2018 y 2024 las incapacidades por síntomas emocionales relacionados con el empleo aumentaron cerca de un 490%, los diagnósticos de estrés grave crecieron un 230% y los trastornos de ansiedad por este motivo subieron un 120%.José María Morán, que fue inspector del Insalud y secretario del Colegio de Médicos de Madrid, achaca el crecimiento de las bajas laborales en general al aumento de los tiempos de respuesta de la sanidad pública, la falta de recursos en la inspección médica y la falta de incentivos para adecuar la presión que reciben los médicos por las situaciones que presentan sus pacientes.Morán, ahora jubilado y concejal por Más Madrid en Hoyo de Manzanares, considera también que hay problemas de base: “La población activa ha aumentado, pero muchos trabajos son precarios tanto en condiciones laborales como retributivas, lo que favorece la morbilidad física y psicológica. Las condiciones sociales generales, como el acceso a la vivienda y sus costes, así como la precariedad laboral, son elementos facilitadores de una menor resistencia a las causas de enfermedades, especialmente mentales”.Dolor y trastornos emocionalesEn patologías como el dolor crónico o algunos trastornos emocionales, no siempre existe un marcador orgánico que permita medir con precisión el grado de afectación. Eso abre un margen para la picaresca, pero no convierte el conjunto del sistema en fraudulento. “Las herramientas son muy pequeñas cuando existe el fraude. Pero generalizar todas las bajas puede ser muy poco equitativo y añadir sufrimiento a mucha patología grave porque estamos hablando de recortar sueldo a personas que precisamente lo necesitan más en un determinado momento. No se puede penalizar a todos los enfermos por la picaresca de algunos”, señala Lorenzo Armenteros.Pone el ejemplo de pacientes jóvenes con cáncer, con hipotecas, hijos y gastos familiares, que ya sufren una reducción de ingresos y podrían perder además el complemento pactado en su convenio. “Las bajas afectan a las empresas, a los empresarios y a la sociedad. Pero al que más le afecta muchas veces es al enfermo que está de baja”, concluye.El fraude, además, no está cuantificado. No existen registros que midan qué proporción de trabajadores finge estar enfermo para no acudir al trabajo. Tampoco hay cifras sobre quienes acuden enfermos por miedo a perder el empleo. Entre la patronal y los sindicatos, están los médicos de primaria, saturados y con una carga burocrática creciente, en la que las bajas laborales suponen entre un 10% y un 25% del trabajo.Los facultativos consultados ven varias áreas de mejora. Una sería reforzar las inspecciones médicas y del INSS, que Armenteros considera infradotadas, para que el médico de familia tenga un apoyo real cuando sospecha un caso irregular. Otra, descargar a primaria de trámites que podrían iniciarse en otros niveles asistenciales. Si un paciente es atendido en urgencias o ingresa en el hospital, la primera baja podría emitirse allí y dejar el seguimiento posterior al centro de salud, plantea el portavoz de SEMG.Pallarés defiende fórmulas de cogestión junto a las mutuas y recuerda que durante la pandemia hubo experiencias de colaboración entre el sistema público y las mutuas para seguir a pacientes, hacer controles y compartir decisiones. “Se daban las bajas telefónicas y las mutuas hacían el seguimiento y daban el alta, pero no aprendimos de esto”, dice. A su juicio, uno de los problemas actuales es la falta de información compartida: no solo entre mutuas y sistema público, sino incluso entre comunidades autónomas y entre distintos entornos sanitarios.La solución sanitaria al problema de las bajas tiene poco que ver con reducir el sueldo. Pasa por operar antes, acelerar la rehabilitación, mejorar el acceso a los profesionales de salud mental, compartir la información clínica, reforzar inspecciones y reducir la carga administrativa de los médicos de familia.