Los sindicatos y los empresarios chocan estos días a cuenta del incremento de las bajas laborales en España, que se han duplicado en la última década y que protagonizan el debate público desde que este martes Alberto Núñez Feijóo se refiriera al fenómeno como “un cáncer”. La patronal insiste en la importancia del “absentismo profesional”, sin concretar el impacto de esos presuntos fraudes, y los sindicatos ponen el foco en que son muchos más los empleados que acuden a su puesto enfermos por miedo al despido. Pero hay un mensaje que sí comparten, al considerar el funcionamiento sanitario como una de las causas principales del incremento de la incapacidad temporal. Con este punto de partida común, ambos colectivos apremian a las Administraciones públicas a mejorar los recursos sanitarios para descongestionar las listas de espera y conseguir que las bajas duren menos. Ese enfoque apela directamente a las comunidades autónomas, que tienen transferidas las competencias en sanidad. Tanto la autoridad fiscal independiente (la Airef) como otros expertos avalan el vínculo entre listas de espera sanitarias y duración de las bajas.“Que contraten más médicos. Necesitamos una sanidad pública mejor. Demos espacios a las mutuas para que colaboren. Pongamos más psicólogos en la sanidad pública. Hagamos lo que tengamos que hacer”, dijo este miércoles el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. El martes, solo un día antes, insistió en el mismo mensaje: “Si nos gastamos 17.000 millones [coste anual de las bajas para las empresas, según CEOE], ¿no se puede ampliar el Instituto Nacional de Seguridad Social? ¿No podemos pagar mejor a los médicos? Estamos de acuerdo con los médicos, quién lo iba a decir". En su reacción a las palabras de Feijóo, UGT interpeló igualmente al PP por el flanco autonómico: “Si de verdad le preocupan las bajas laborales, que lo demuestre [...] exigiendo el refuerzo de la sanidad pública, especialmente en aquellas comunidades autónomas donde gobiernan y donde las listas de espera prolongan innecesariamente miles de procesos de incapacidad temporal”. En la misma línea, CC OO expresó: “La causa de que haya más bajas y estén durando el tiempo que duran tiene mucho que ver con la situación de la atención sanitaria que existe en nuestro país. Cada vez se tarda más en dar citas, en dar pruebas diagnósticas y esto alarga los procesos de baja”.El análisis patronal y sindical es parecido al emitido este jueves por el Consejo General de Graduados Sociales en la presentación del informe Absentismo en España. Un desequilibrio entre derechos laborales y productividad. “No todos los sistemas públicos de salud de las comunidades tienen los mismos días de espera. Ello tiene un efecto distinto en cada territorio”, señala el presidente del Consejo, Joaquín Merchán, que añade: “Cuanto más ágil sea la atención primaria y los especialistas, mejor. El análisis regional es muy importante”. Este especialista destaca que en las diferencias territoriales en la incapacidad temporal operan otros muchos factores, no solo las listas de espera. También influyen la edad media de los trabajadores, la participación en el empleo de los de mayor edad, los sectores preeminentes en el territorio o si las empresas son más grandes o pequeñas. De ahí que no se dé una correspondencia entre qué autonomías sufren más incapacidad temporal y cuáles tienen listas de espera más largas. Por ejemplo: según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, Andalucía es la región con más días de media en las listas de espera (solo las quirúrgicas, con 174 días), pero sin embargo es una de las autonomías con menor prevalencia de incapacidad temporal. “Ciertas comunidades no solo generan más procesos [de incapacidad temporal], sino que además los sostienen durante más tiempo, mientras otras mantienen entradas moderadas pero elevadas bolsas de prevalencia. Esta divergencia territorial sugiere velocidades distintas de absorción y salida dentro del sistema sanitario público”, indica el informe del Consejo General de Graduados Sociales. Este análisis también añade que “esta divergencia territorial sugiere velocidades distintas de absorción y salida dentro del sistema sanitario público”. Más personas que nunca esperan una intervención quirúrgica en España: 853.509 personas, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad referente a diciembre de 2025, con un promedio de 121 días de demora (cinco menos que en 2024, pero un mes más que hace una década). Cabe destacar que la propia estadística está muy cuestionada tanto por asociaciones de pacientes como por el propio Ministerio de Sanidad, que quiere cambiar el sistema, que ni siquiera incluye especialidades como salud mental. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) dedicó buena parte de su exhaustivo análisis de la incapacidad temporal en España, publicado en febrero, a las listas de espera. El supervisor detecta “correlación entre los promedios de tiempos de espera y las duraciones de la incapacidad temporal”, fenómeno que ven especialmente acusado en las demoras quirúrgicas. “Se observa que los mayores tiempos de espera quirúrgica guardan una correlación positiva con la duración de las incapacidades temporales, aunque la relación varía según la especialidad clínica”, añade el organismo. Advierte que en especialidades como angiología, oftalmología o cirugía maxilofacial, “en las que la intervención quirúrgica constituye con frecuencia un paso decisivo en la resolución del proceso clínico”, la relación está más clara que en las áreas “con cirugías más programables o de carácter electivo”, en las que ”los retrasos quirúrgicos no siempre se correlacionan con bajas más prolongadas". “En el ámbito de las consultas de especialidades”, agrega la Airef, “la relación entre los tiempos medios de espera y la duración media de la incapacidad temporal también es positiva, pero más débil y heterogénea que en las cirugías”. Así, en esta parcela la Airef ve clara la relación en neurología, aparato digestivo o traumatología, “en las que la evaluación especializada puede ser un paso clave para confirmar el diagnóstico o definir el tratamiento”. La autoridad fiscal subraya que “la evidencia internacional plantea que las demoras en el acceso a la atención sanitaria pueden tener consecuencias más allá del ámbito clínico, afectando a la recuperación funcional y la reincorporación laboral”. Pone como ejemplo un estudio en Noruega en 2017 que estimó que cada diez días adicionales de espera para una cirugía ortopédica incrementan en 2,6 días la duración total de la baja laboral. En otro análisis del mismo país se demostró que “los mayores tiempos de espera quirúrgica incrementan la ausencia laboral por motivos de salud en 8,7 días acumulados durante los cinco años siguientes, así como un aumento del 0,4 % en la probabilidad de recibir pensión por incapacidad permanente”. La Airef pide más coordinaciónPara corregir el problema de las bajas laborales, la Airef pedía en ese informe más coordinación entre Administraciones públicas y también con las mutuas y empresas, así como reforzar las capacidades del Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS). El organismo ve una “deficiencia estructural” que deriva de la separación entre la “autoridad clínica, los médicos de atención primaria” (dependiente de la comunidad autónoma), y la “responsabilidad financiera, el INSS” (dependiente de la Seguridad Social y, por tanto, de la Administración central). “Esta configuración dificulta la correcta internalización del coste económico y genera riesgos de sobreutilización y prolongación innecesaria de los procesos en ausencia de supervisión y coordinación reforzada”, añade la Airef. Los expertos en salud laboral ya venían insistiendo en que este reparto de la competencia, sin coincidencia entre la Administración que paga la baja y la que la concede, es una falla del sistema.Los servicios de salud de las comunidades autónomas también están interpelados por el único gran acuerdo de los últimos años que intenta atenuar el problema de las bajas laborales. En septiembre de 2024, la Seguridad Social, los sindicatos y las patronales acordaron dar más protagonismo a las mutuas en el diagnóstico y tratamiento de las bajas de origen musculoesquelético. Es el último gran acuerdo del diálogo social y el único sellado esta legislatura, que para aplicar depende de convenios que ha de suscribir la Seguridad Social con las comunidades autónomas. Este pacto, sin embargo, apenas está calando en las autonomías. Según informa la Seguridad Social, han firmado esos convenios tres autonomías del PSOE (Cataluña, Asturias y Castilla-La Mancha) y dos dirigidas por el PP (Cantabria y Baleares). Navarra, presidida por la socialista María Chivite, está en negociaciones para suscribir esta colaboración, pendiente de desarrollo en las demás. El resto, casi todas gobernadas por el PP, no han suscrito estos acuerdos para desarrollar una estrategia con aval tanto patronal como sindical. Algunas comunidades que no han suscrito estos acuerdos con la Seguridad Social han anunciado que implementarán sus propios planes, como la Xunta de Galicia. A la vez, la Seguridad Social busca consensuar más medidas con los sindicatos y las patronales en una negociación que, según los conocedores de las conversaciones, no parece que se vayan a reactivar hasta que pasen las elecciones de CEOE en octubre.