Se ha producido un 'efecto llamada': las solicitudes m�s que duplican las previsiones iniciales. El primer balance del proceso de regularizaci�n extraordinaria de inmigrantes ilegales puesto en marcha el pasado mes de abril constata la impericia del Gobierno para hacer frente a este desaf�o cr�tico para la sociedad espa�ola. Nadie duda de la necesidad de atender a la realidad de los cientos de miles de migrantes que permanec�an en nuestro pa�s de forma irregular, pero deb�a haberse hecho de una manera menos acelerada, m�s garantista para los beneficiarios, de la mano con las Administraciones locales y auton�micas que se han visto desbordadas por el aluvi�n de solicitudes de documentaci�n para certificar la residencia m�nima exigida, y previendo su impacto para el conjunto de la econom�a. Nada de eso ha sucedido, pues el objetivo �nico de Pedro S�nchez con esta iniciativa fue no perder el apoyo de sus socios de Podemos durante la crisis provocada por el tr�gico accidente ferroviario en Adamuz (C�rdoba) el pasado 18 de enero tras haber ignorado durante a�os la iniciativa legislativa popular presentada al Congreso de los Diputados que reclamaba regularizar a estas personas. De hecho, al aprobarla por la v�a de urgencia el Ejecutivo hurt� a los representantes de los espa�oles la facultad de debatir y votar esa propuesta procedente de la ciudadan�a. Tal vez as� se hubieran evitado las lagunas legales del decreto que han llevado al Tribunal Supremo a dar el primero paso para plantear una cuesti�n prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE por entender que podr�a vulnerar la legislaci�n comunitaria al respecto. Un riesgo del que ya hab�a alertado la oposici�n desde que se anunci� la medida, pero que Moncloa prefiri� ignorar. Cabe recordar que, durante el �ltimo Consejo Europeo, S�nchez recibi� reproches de las primeras ministras de Dinamarca e Italia, Mette Frederiksen y Giorgia Meloni, por contravenir el pacto migratorio asumido meses antes. Es indudable que el proceso acelerado puesto en marcha por PSOE y Sumar ha provocado un cierto efecto llamada, pues frente a sus estimaciones iniciales de regularizar a medio mill�n de personas finalmente se han registrado casi 1,2 millones de solicitudes de regularizaci�n, de las que un 52% ya han sido admitidas. Los beneficios para la econom�a espa�ola de la inmigraci�n son evidentes -el 62% de los nuevos cotizantes a la Seguridad Social en junio fueron extranjeros-, pero debe gestionarse mejor para que no acabe generando distorsiones en el mercado de la vivienda o el Estado de bienestar.