La regularización exprés de inmigrantes irregulares desborda las expectativas del Gobierno. Moncloa estimó que la cifra de solicitantes rondaría el medio millón, pero serán, al menos, más del doble. Cuando Pedro Sánchez anunció esta medida, Funcas ya alertó de que el número de personas en situación irregular en nuestro país superaba las estimaciones del Gobierno, rondando las 840.000. Finalmente, se han superado incluso las previsiones de este think tank, ya que, como denuncia el Sindicato de la Policía Nacional (Jupol), unos 400.000 solicitantes no se encontraban en España en el período exigido. En concreto, según las últimas informaciones, se han producido 1,2 millones de solicitudes de regularización desde que el Ejecutivo comenzó este proceso. Un volumen de peticiones que supera con creces las expectativas de Moncloa. Cabe preguntarse si los análisis efectuados por el Gobierno para aprobar el Real Decreto de regularización mantienen su validez cuando fueron realizados ante la previsión de que llegasen menos de la mitad de peticiones. Jupol denuncia que, al tenerse en cuenta los antecedentes penales y no policiales, se regulariza a gente que ha cometido delitos Desde Jupol califican la situación de "caos". "No nos cansamos de criticar la improvisación del Gobierno con la regularización. Hay una serie de informes que atestiguan que las medidas de control que se han impuesto para este proceso son laxas y se van a poder sortear de distintas formas", denuncian desde el sindicato policial en declaraciones a ElConfidencial. Aseveran que, para que una persona demuestre que reside en España, vale "cualquier documento, por ejemplo, un billete de autobús". Señalan que muchos han optado por denunciar en comisarías la pérdida del pasaporte: "Vienen y denuncian que en noviembre de 2025 perdieron el pasaporte, para disponer de un documento oficial que les pueda valer para acreditar su estancia". TE PUEDE INTERESAR Por otra parte, existe gran preocupación en la Policía ante esta regularización por la laxitud con los antecedentes que se piden a los solicitantes. "Es un gran problema que se pidan los antecedentes penales y no los antecedentes policiales. Al ritmo al que avanza la justicia de este país, una persona que en noviembre de 2025 estaba en España y cometió un asesinato, no tiene antecedentes penales a día de hoy porque no hay sentencia firme. Al no tenerse en cuenta los antecedentes policiales, se está regularizando a gente que ha cometido delitos", añaden desde Jupol. Sus críticas también se han centrado en el plan de choque del Ejecutivo, que "lejos de reforzar estructuralmente las plantillas" se ha basado en "recurrir al esfuerzo extraordinario de los policías nacionales mediante la realización de jornadas adicionales en horario de tarde y fines de semana". Impacto en la vivienda Distintos expertos han mostrado su inquietud ante la inexistencia de un análisis específico de qué impacto puede tener la regularización de más de un millón de personas en un mercado de la vivienda tan tensionado como el español. El Banco de España aseguró en un informe que entre 2022 y 2024 se ha acumulado un déficit de entre 400.000 y 450.000 viviendas. Una escasez habitacional que se concentra en cinco provincias: Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante y Málaga. El Consejo Económico y Social (CES) ya alertó en su informe 'La realidad migratoria en España: prioridades para las políticas públicas' de que la población extranjera crece en España a un ritmo mayor del que se crea vivienda. "La evolución de la oferta de vivienda no se ha acompasado con el fuerte aumento de población, dinamismo económico y del empleo impulsados por la inmigración", expone el documento. Varias personas migrantes esperan en el exterior de una oficina de la Seguridad Social en Madrid. (Europa Press) "Por el contrario, en los últimos años ha permanecido prácticamente estancada, de modo que el parque de viviendas en 2023 apenas había repuntado el 0,3% respecto al año anterior, mientras la tasa media de aumento anual de los hogares fue del 1,3%. Al mismo tiempo, entre enero de 2021 y abril de 2025, la población de nacionalidad extranjera residente en viviendas familiares había aumentado un 28,8% hasta los 6,8 millones de personas, frente al ligero repunte del 0,5% de población de nacionalidad española", continúa. Este déficit de vivienda acaba perjudicando especialmente a la población migrante: "La crisis de coste de la vida y, especialmente, la crisis de oferta y los elevados precios de la vivienda sitúan en desventaja a la población en peor situación socioeconómica, grupo que incluye, como se ha visto, a buena parte de la población extranjera y de origen migratorio". Pese a que la vivienda es el principal problema de los españoles, como muestra el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el Gobierno no ha evaluado cómo afectará la regularización de más de un millón de personas a este ámbito. Sanidad y servicios públicos Este proceso mantiene en vilo a las administraciones autonómicas, especialmente por el impacto que esta regularización puede tener en la provisión de servicios públicos como la sanidad y la educación. Desde la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid lamentan carecer de "un dato serio, fiable y riguroso de lo que puede comportar para los servicios sanitarios públicos madrileños". "Llevamos meses alertando sobre la falta de planificación, necesitamos conocer los recursos que serán necesarios para la sanidad pública", apuntan. Desde el ente público madrileño señalan que, solo el año pasado, se incrementaron en 140.000 las tarjetas sanitarias. Una cifra que se traduce en la necesidad de aumentar los recursos sanitarios, tanto humanos como tecnológicos. El Gobierno, sin embargo, argumenta que la regularización no va a implicar un aumento de la demanda de servicios públicos porque dicha población migrante ya residía en nuestro país. "Las personas beneficiarias de la regularización ya residen en el país y utilizan de forma habitual servicios públicos como la sanidad, la educación o los servicios sociales", manifiestan desde Moncloa. TE PUEDE INTERESAR Según el Gobierno, las necesidades de financiación del gasto autonómico se calculan "sobre la base de factores demográficos y geográficos, siendo el padrón municipal la base de todas las estimaciones". Aseguran que los datos del padrón son la fuente para los cálculos de la demanda de plazas en colegios públicos y de camas hospitalarias. Los migrantes usan urgencias Otro de sus argumentos es que "la evidencia empírica disponible de la regularización española de 2005 concluye que esta no tuvo ningún efecto significativo ni en las matriculaciones en la educación pública, ni en las altas hospitalarias". También esgrimen que, en términos generales, la población migrante recurre a los servicios sanitarios con menor frecuencia, al igual que accede con menor frecuencia a las actividades preventivas (citología, mamografía, vacunación antigripal). Sin embargo, como señala el CES en su informe, si bien realizan un uso inferior de la Atención Primaria, acuden con mayor frecuencia a los servicios de urgencias, que tienen un coste superior. Foment del Treball, que está plenamente alineada con la CEOE: "Los empresarios necesitamos la inmigración como el aire" El crecimiento de la población inmigrante en situación irregular ha sido exponencial en los últimos años. Funcas estima que la población extranjera en situación irregular ha crecido desde los 107.000 en 2017 a los 840.000 en la actualidad. El CES, no obstante, estima que el hecho de que la inmigración en España "sea relativamente reciente, de carácter eminentemente laboral y con un perfil de edad joven hace que su impacto sobre el gasto público sea menor, arrojando un saldo fiscal positivo". El sector empresarial es uno de los que más ha aplaudido la regularización de inmigrantes. En palabras de la patronal catalana Foment del Treball, que en este asunto está plenamente alineada con la CEOE, "los empresarios necesitamos de la inmigración como el aire que respiramos". La regularización ha sido recurrida en el Tribunal Supremo. Pese a no haber paralizado el proceso, su fallo podría tener consecuencias sobre las solicitudes de regularización.