La regularización extraordinaria de inmigrantes aprobada por el Gobierno llega este martes a su fin tras dos meses y medio de tramitación. El proceso se cierra con cerca de un millón de solicitudes recibidas, una cifra que duplica las previsiones iniciales y que, según las organizaciones, evidencia que la necesidad era mucho mayor de la que se esperaba al inicio. El dato definitivo, sin embargo, será probablemente inferior, una vez se eliminen las posibles duplicidades y se revisen los expedientes que no reúnan los requisitos, pero aun así todo apunta a que esta regularización —la séptima desde los años ochenta— va a ser la más numerosa hasta la fecha."Solo hay que ver las cifras que han salido, que demuestran que había mucha gente que necesitaba que este proceso se realizara porque eran personas que ya estaban viviendo y, en muchos casos, trabajando en nuestro país", señala a 20minutos Pedro de Santiago, portavoz de Accem, una de las casi 500 entidades colaboradoras en este proceso. El balance que hace es "muy positivo", aunque reconoce que las primeras semanas fueron algo caóticas por la desinformación que hubo en torno a esta medida y la avalancha de peticiones de ayuda que recibieron por parte de los inmigrantes 'sin papeles' que deseaban poner en regla su situación administrativa cuanto antes. La misma valoración hace el director general de CEAR, Mauricio Valiente, que asegura que el proceso ha permitido comprobar que "la necesidad era mayor incluso de la que habíamos previsto".El proceso, sin embargo, no ha estado exento de dificultades. Las primeras semanas estuvieron marcadas por el caos organizativo y la falta de información sobre los requisitos del procedimiento. Las oficinas habilitadas para gestionar los expedientes se vieron desbordadas y se formaron largas colas en ayuntamientos, oficinas de extranjería, consulados y embajadas para obtener certificados de empadronamiento, antecedentes penales y otra documentación exigida por el decreto. Las propias organizaciones sociales denunciaron entonces que la escasez inicial de entidades colaboradoras y la ausencia de instrucciones claras obligaron a asumir buena parte de la labor de información y asesoramiento, generando confusión entre los solicitantes y retrasando la tramitación de muchos expedientes.A estas críticas se sumaron las de varias comunidades autónomas, que reprocharon al Gobierno haber puesto en marcha la regularización sin acompañarla de una financiación específica para hacer frente al incremento de población que pasará a tener acceso pleno a servicios públicos como la sanidad, la educación o los servicios sociales. Algunas de ellas, de hecho, han llegado a recurrir decreto ante el Tribunal Constitucional, que, aunque admitió los recursos a trámite, todavía no se ha pronunciado sobre el fondo del asunto.Un "alto" porcentaje de regularizaciones concedidasEl decreto aprobado por el Ejecutivo habilitó una vía excepcional para conceder un permiso de residencia y trabajo de un año a todos los inmigrantes que pudieran demostrar que ya estaban en España antes del 1 de enero de 2026 y acreditar que habían permanecido en el país durante al menos cinco meses. El único requisito era no contar con antecedentes penales, para lo cual el inmigrante debía solicitar un informe a su país de origen. Este ha sido uno de los escollos detectados por las organizaciones y del que ya advirtió también el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, pues no todas las embajadas lo han puesto tan fácil a la hora de dar esa documentación. "Pienso en Argelia o en Venezuela, por ejemplo, que también por el número de personas han presentado más dificultades", cuenta Valiente. El departamento que dirige Elma Saiz no ha dado todavía las cifras definitivas del proceso. La última actualización es del 12 de junio, cuando se habían registrado 900.000 solicitudes presentadas, de las cuales 360.000 ya habían sido admitidas a trámite. Por ello, las entidades calculan que el total de peticiones de regularización llegará al millón, aunque insisten en que luego habrá que hacer un "ajuste". "Seguramente habrá muchas duplicadas, porque hay que tener en cuenta que ha sido un proceso donde había mucha incertidumbre y, como había muchas vías de presentar la solicitud, habrá personas que hayan duplicado su petición", asegura el director general de CEAR. Aun así, Valiente asegura que lo más probable es que la cifra total se aproxime a las 900.000 regularizaciones, ya que, en base al seguimiento que han podido hacer desde la organización, "el porcentaje de concesiones es muy elevado", ya que los requisitos eran "muy sencillos y muy claros".Según las ONG, las solicitudes han llegado de personas con historias de vida muy diversas. Entre los solicitantes hay extranjeros que no pudieron regular su situación a través de las distintas modalidades de arraigo o familias que no han podido acreditar los requisitos de protección internacional y que han visto en esta vía extraordinaria una solución más rápida. Por nacionalidades, los datos que maneja el ministerio revelan que los colombianos representan el 30% de todas las solicitudes, seguidos de los marroquíes (14%), venezolanos (10%) y peruanos (9%).Desinformación y retrasosPero lo más complicado, según las organizaciones, ya ha pasado. El mayor reto, más allá de las dificultades para obtener documentos en países con administraciones menos eficientes, ha sido la enorme labor de pedagogía que tuvieron que hacer al principio del procedimiento para explicar bien los requisitos. "Hubo además como un boom alrededor del certificado de vulnerabilidad, y mucha gente pensó que era indispensable, cuando no se necesitaba en todos los casos", cuenta Pedro de Santiago. Coincide con él Mauricio Valiente, de CEAR, que señala el "sobreesfuerzo" de esos primeros días. Valiente señala también que otro de los retos ha sido el "retraso" y la "dificultad" de las notificaciones, y más concretamente de las admisiones a trámite, que eran las que ya les habilitaban a los solicitantes para poder trabajar en España. "Eso ha impedido que algunas personas puedan empezar a desarrollar su actividad laboral", asegura. También menciona retrasos de la Policía a la hora de expedir las tarjetas con el permiso que les concede la regularización. "Son muchas personas y están viendo una falta de recursos para expedirlas". "Van a vivir sin miedo"Aún con todo, las organizaciones aseguran que el impacto de la regularización será, "muy positivo y significativo", tanto para las personas migrantes como para la sociedad en general. "Normaliza la vida de muchas personas que ya vivían en España, permitiéndoles acceder al mercado laboral, desplazarse sin miedo y facilita la reagrupación familiar o la posibilidad de viajar a sus países de origen para reencontrarse con sus seres queridos", detalla el director general de CEAR. El portavoz de Accem, por su parte, subraya que la regularización cambiará la vida de estas personas principalmente porque vivirán "sin miedo" a la irregularidad o a ser deportadas a situaciones inseguras en sus países de origen. También mejorará su calidad de vida al acceder a la igualdad de derechos, como prestaciones sanitarias, seguridad social, jubilación y asistencia para la dependencia, elementos básicos que, aunque la mayoría de la población da por sentados, son cruciales para quienes carecen de ellos.En cualquier caso, aunque el plazo concluye el 30 de junio, las entidades recuerdan que el trabajo entra ahora en una nueva fase, marcada por la revisión de expedientes y las subsanaciones. La Administración tiene tres meses para tramitar cada solicitud, así que una vez cierre el procedimiento todavía pasarán unas semanas hasta que los extranjeros que pidieron la regularización en los últimos días reciban una contestación. "Nosotros seguiremos trabajando con las personas a las que hemos acompañado que tengan que subsanar algún tipo de documentación, que tengan que reclamar y también a las que quedan a la espera de que les admitan a trámite", sostiene De Santiago.