El proceso extraordinario de regularización de migrantes cierra este martes las ventanillas para presentar las solicitudes, cuya última cifra oficial estaba en las 900.000 recabadas a mediados de junio, de las cuales, 360.000 habían sido ya admitidas a trámite, lo que otorga un permiso provisional de trabajo y de residencia. El Gobierno tiene tres meses para resolver después cada expediente, pero muchos de ellos ya han concluido con una aprobación definitiva, aunque se desconoce el número exacto y tampoco se sabe si hay casos rechazados. El Ministerio de Migraciones tiene previsto ofrecer esta misma semana algunos datos de este proceso que comenzó el 15 de abril y que ha superado con mucho el medio millón de inmigrantes previstos por el Ejecutivo cuando anunció que pretendía sacar a la luz el trabajo irregular que desempeñan en España, así como otorgarles los derechos a los que son acreedores. El medio millón de inmigrantes que trabajan en negro y que el Gobierno tenía previsto traer a la legalidad y contar con sus cotizaciones es un número que se ha quedado muy corto. A falta de los cribados oportunos, solo las solicitudes alcanzan alrededor de 1,3 millones, según los datos que arroja la plataforma Mercurio, donde se van registrando las de toda España, allá donde se envíen, ya sea a través de despachos de abogados, de ONG, sindicatos o bien de aquellas personas que tengan su propio certificado digital, algo escaso dada la falta de papeles de los inmigrantes, otra cosa son los protegidos por un asilo humanitario. El Gobierno no confirma cifras por el momento y remite a las que hará públicas próximamente. La cifra solo es un poco más alta que la que previeron organizaciones como Funcas en un primer momento, que habló de 840.000 personas en situación irregular, y muy similar al que ofrecía un informe de la Policía Nacional, que concluía que alrededor de 1.350.000 personas podrían resultar concernidas en este proceso. CEAR, una de las grandes organizaciones que apoya este proceso, dijo el lunes 15 de junio que ya había un millón de solicitudes y no dejan de crecer. Los datos que arroja la aplicación de gestión de Extranjería son inequívocos: tras los dígitos que corresponden a cada provincia y otros para la oficina concreta, llega la cifra, que es correlativa, es decir, va sumando cada una de las solicitudes que entran al sistema, han corroborado fuentes de la Administración del Estado a este periódico.“La población irregular es difícil de medir, pero ya la policía, que tiene mejores datos, dijo que superarían los 1,3 millones”, dice María Miyar, directora de Estudios Sociales de Funcas. “Estos son los candidatos, otra cosa serán luego los criterios que se apliquen para admitirlos o rechazarlos, habrá un margen de discrecionalidad por parte del funcionariado atendiendo a las instrucciones que reciban”, explica. Y también dice que algunas de esas solicitudes presentadas podrían estar sustentadas en papeles falsos, que siempre hay mercado fraudulento en estos procesos. “No nos sorprenden las cifras altas, pero hay un margen de incertidumbre sobre el resultado final”, afirma. La regularización parte de una iniciativa legislativa popular de 2024 que recabó más de 700.000 firmas y que ha contado con el apoyo de cientos de organizaciones humanitarias, sindicatos, empresariado y la Iglesia católica, muy implicada a través de Cáritas. El Partido Popular anunció su apoyo entonces, pero desde que se aprobó el decreto (que no ha pasado por el Parlamento) ha criticado duramente la regularización, con términos semejantes a los empleados por la ultraderecha de Vox. La izquierda ha estado unida en este proyecto, que se fraguó tras un acuerdo entre el Gobierno y Podemos. Los últimos días, sin embargo, el movimiento Sumar, socio del Gobierno, ha pedido una ampliación de los plazos para la regularización, habida cuenta de los “miles de personas que están atrapadas en la burocracia y pagando centenares de euros” en procesos fraudulentos, ha criticado la portavoz adjunta en el Congreso de esta formación, Aina Vidal. La parlamentaria denuncia cobros ilegales en los consulados españoles sin que el Ministerio de Exteriores dé una sola solución. “Mientras tanto, Interior sigue ejecutando deportaciones de personas a punto de presentar el trámite”, ha añadido.Carrera contrarreloj por los papelesEn este tiempo, como una carrera contrarreloj, los inmigrantes que entraron en España antes del 1 de enero de 2026 y que lleven cinco meses consecutivos en el país, han tenido que recabar el papeleo que les permite optar al proceso, para empezar el que demuestra las fechas antes indicadas. Pronto las oficinas de servicios sociales se vieron taponadas por todos aquellos que necesitaban el certificado de personas vulnerables por su situación económica y social. De no ser merecedores de esa clasificación, también se podía entrar si se demostraba la existencia de hijos o bien el compromiso de un contrato de trabajo. Pero lo más latoso ha sido la obtención del certificado de antecedentes penales en sus países de origen, que ha llevado largo tiempo a muchos de ellos y otros aún están esperando. La solicitud se puede presentar incluso sin el certificado de penales, siempre que se demuestre que se ha solicitado y no se ha obtenido. En ese caso, se puede autorizar al Gobierno a pedirlo por vía diplomática y se abre un plazo de tres meses para ello. Muchos han esperado a tener todos los papeles requeridos antes de presentar la solicitud, pero visto que se acababa el tiempo sin haberlos recibido han optado estos últimos días por solicitar la regularización con la promesa de adjuntar el certificado cuando llegue, algo previsto en el procedimiento. Sin los penales, el proceso no llegará a buen término.Un ejército de abogados particulares, ONG y algún sindicato, como CC OO, que hará su balance del proceso el próximo martes, han estado estos días al pie del cañón para sacar adelante el papeleo, que se ha ido recabando a través de la Plataforma Mercurio, perteneciente al Ministerio de Política Territorial, de quien dependen también las oficinas de extranjería. Esa plataforma digital es la que usan para tramitar cada petición, y una vez que se envían los datos, el sistema devuelve un correo dando por bueno el registro y otorgando un número, que en estos últimos días antes de cerrar el proceso no ha dejado de crecer. Este periódico ha comprobado ese recuento con despachos de abogados de Madrid, Barcelona, Granada y Galicia, y en efecto, el número de solicitudes presentadas que iba arrojando el sistema es coherente con un proceso vivo que va cumpliendo sus etapas, superando los 1,3 millones de candidatos.Una “tabla de salvación”Mientras, el conteo de los migrantes que van avanzando en sus trámites pone la cara más alegre al procedimiento. Desde Cáceres, muestra su satisfacción el matrimonio que forman Linda Araújo y Luis Brito, venezolanos, ella farmacéutica y él profesor de bachillerato. Araújo ha conseguido homologar sus estudios y completado con éxito la regularización. Ahora trabaja en un restaurante, pero espera encontrar un empleo en una farmacia o en un laboratorio. Ambos están de voluntarios en la Fundación Cecca Social, una de las que trabajan con migrantes, para ayudarlos en este proceso. “Busco lo que nos une, no lo que nos separa”, dice Brito, que se declara amante de España y “perfectamente integrado”. Su esposa se alegra de poder ayudar a otros a sortear los trámites de la regularización con éxito, entre plato y plato de comida italiana en el local cacereño: “Soy buena cocinera”, se ríe por teléfono.A la sombra, en una terraza madrileña, la cubana Mónica Olivera, de 71 años, está convencida de que su admisión a trámite cristalizará pronto en una resolución favorable. Después, se plantea pedir la nacionalidad, como viuda de un español. Ella es periodista y traductora y cuenta con una beca de estudios, pero ha estado limpiando y cuidando ancianos. La organización Cobijo Cubano le presta un lugar donde dormir y comer. Se declara de derechas, pero admite que el Gobierno de Pedro Sánchez ha sido “inteligente y pragmático” planteando esta regularización “con la que se beneficiará el país. Si hubiera gobernado el PP, también lo habría hecho”, dice, “España tiene una deuda con Latinoamérica”. Vive con interés los días que está pasando su isla, añorando volver al país del que salió como refugiada política. Y en España le preocupa “el edadismo” para conseguir un trabajo, porque ya lo ha experimentado, asegura frente a un refresco. A la espera de que el Gobierno ofrezca datos transparentes sobre este proceso, los trabajadores inmigrantes sueñan ya con un lugar de dignidad en España. En palabras de la cubana Olivera: “Nadie puede decir no a la regularización, es la tabla de salvación de todos nosotros”.