La regularización extraordinaria de personas migrantes llega a su primera meta. Este martes se cierra el plazo para presentar solicitudes después de un proceso que se abrió el pasado 16 de abril y que, en apenas dos meses y medio, ha desbordado todas las previsiones iniciales. El Gobierno estimó que recibiría unas 750.000 solicitudes -de las que se beneficiarían 500.000 personas-, pero ya supera el millón de expedientes registrados.PublicidadEl procedimiento permite a cientos de miles de personas que ya vivían en España iniciar los trámites para obtener una autorización de residencia y trabajo. Con ello se busca garantizar derechos básicos como el acceso a la sanidad, la vivienda o el empleo sin recurrir a la economía sumergida ni vivir bajo el miedo a la expulsión. El cierre del plazo no marca el final, sino que continúa con la fase de evaluación, resolución y expedición de permisos.Las organizaciones sociales y sindicatos celebran el alcance del proceso, pero advierten del riesgo de que parte de los solicitantes queden fuera si no se amplían plazos o refuerzan los recursos y personal de la Administración.¿Cuánta gente ha participado en el proceso?Los últimos datos oficiales del Ministerio de Inclusión, correspondientes al 15 de junio, señalaban que había registradas más de 900.000 solicitudes. Sin embargo, las cifras de la plataforma Mercurio, el sistema de registro utilizado durante el proceso, elevan la cifra hasta alrededor de 1,3 millones de expedientes.El Ejecutivo no confirma ese dato y recuerda que pueden existir duplicidades o registros provisionales, como ya ocurrió en la regularización por la DANA. En todo caso, fuentes gubernamentales insisten en que el procedimiento "se está desarrollando con normalidad" y que las solicitudes están siendo revisadas caso por caso.PublicidadLa regularización se dirige a personas extranjeras que acrediten su estancia continuada en España desde antes del 1 de enero de 2026 y ausencia de antecedentes penales. También incluye a solicitantes de protección internacional anteriores a esa fecha.¿Por qué hay más solicitudes de las previstas?Cuando anunció el proceso de regularización, el Gobierno estimó que recibiría unas 750.000 solicitudes, de las cuales calculaba que alrededor de 500.000 acabarían resolviéndose favorablemente, una cifra que ha sido superada con creces por el volumen de solicitudes. Sin embargo, varios estudios ya apuntaban en ese entonces a un escenario de mayor alcance. Funcas calculaba que en España había unas 840.000 personas en situación administrativa irregular, mientras que un informe policial elevaba la cifra hasta 1,35 millones de personas que podrían beneficiarse de la regularización.Mauricio Valiente, director general de CEAR, explica a Público que esta diferencia entre las previsiones y las solicitudes realmente presentadas responden a tres factores. En primer lugar, que una parte de las personas solicitantes no cumpla estrictamente todos los requisitos, pero aun así intente acceder al procedimiento. "La incertidumbre empuja a muchas personas a intentarlo incluso sin tener toda la documentación", señala.PublicidadEn segundo lugar, advierte de la posible existencia de duplicidades en las solicitudes, una cuestión que ya ha sido señalada por el propio Ministerio. Y, en tercer lugar, recuerda que dentro del proceso de regularización también se incluyen personas solicitantes de asilo, que no se contabilizan como población en situación administrativa irregular, lo que pudo distorsionar las estimaciones iniciales."Nos hubiera gustado contar con datos más puntuales sobre el número de solicitudes, admisiones y resoluciones. Es importante actuar con transparencia durante todo el procedimiento", reclama Valiente.El mayor proceso de regularizaciónTodo apunta a que se trata de la mayor regularización extraordinaria realizada en España desde la democracia. El precedente más numeroso fue la última regularización de 2005, durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando se presentaron 691.655 solicitudes y se concedieron 576.506 autorizaciones. Aunque solo se conocen datos de las solicitudes y falta por saber el número de expedientes favorables, esta regularización se situaría incluso cerca del volumen conjunto de las seis regularizaciones extraordinarias realizadas desde 1986, que en total beneficiaron a algo más de 1,2 millones de personas.Esta regularización nació de una Iniciativa Legislativa Popular registrada en 2024, respaldada por más de 700.000 firmas y apoyada por organizaciones sociales y sindicatos. Fue un acuerdo político entre el Gobierno y Podemos lo que permitió su puesta en marcha por real decreto, apoyado por formaciones como Sumar, EH Bildu, ERC y BNG que se han posicionado a favor del procedimiento en el Congreso. En el otro extremo, el PP ha pasado de respaldar inicialmente la iniciativa a endurecer su discurso y acercarse a las posiciones de Vox.¿Se ampliará el plazo?Ante el temor de que existan personas que puedan quedarse fuera por falta de tiempo para presentar su documentación, el movimiento Regularización Ya llevó al Congreso el 10 de junio una proposición no de ley para ampliar el plazo del procedimiento, con el respaldo de Podemos, Sumar, EH Bildu, ERC y BNG."La fecha del 30 de junio es una fecha arbitraria. Sabemos que el Gobierno está diciendo que no puede extenderlo pero sabemos que si hay voluntad política esto se puede llevar adelante", subrayó en declaraciones a medios frente a la Cámara Baja una de las portavoces de Regularización Ya, Victoria Columba.La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, llevó al Pleno del Congreso la semana pasada esta reclamación y afeó a la ministra Elma Saiz, que no sea flexible con los tiempos. También el movimiento Sumar, socio del Gobierno, ha pedido una ampliación de los plazos. Sin embargo, el Gobierno mantiene que el procedimiento finalizará este martes, pese a las peticiones de prórroga.Publicidad¿Cuándo se resuelven los expedientes?Con el cierre del plazo de solicitudes, la regularización extraordinaria entra ahora en una nueva fase. El Ministerio cuenta con tres meses para resolver los expedientes aunque ya ha comenzado a emitir las primeras resoluciones favorables. Sin embargo, las organizaciones que han acompañado en el proceso a personas migrantes temen que se den retrasos dado el alto volumen de peticiones y "la falta de medios suficientes".Según CEAR, hasta el momento alrededor de 300.000 solicitudes han sido admitidas a trámite, apenas un 30% del total registrado. Además, señalan que los plazos previstos, que situaban la admisión en unos 15 días, no se están cumpliendo en la mayoría de los casos."Las personas que hemos acompañado perciben retrasos en la resolución de los expedientes y, si el volumen de solicitudes es tan elevado, es razonable pensar que esa situación puede extrapolarse al conjunto del proceso", explica Valiente.PublicidadA su juicio, la acumulación de expedientes era previsible y considera que "hacen falta más recursos y más medios para atender una cantidad tan grande de peticiones".Los principales cuellos de botellaEl director general de CEAR señala que muchas personas migrantes han sufrido dificultades para obtener documentación que dependía de consulados y administraciones de sus países de origen, sobre todo en los casos de Gambia, Argelia y Cuba. Al no ser Estados parte del Convenio de la Apostilla de La Haya de 1961 -que permite validar documentos de forma más rápida- la gestión tiene que seguir la vía diplomática, y por tanto, se prolongan los tiempos de espera.Aunque las organizaciones creen que el principal cuello de botella puede llegar incluso después de obtener su expediente favorable. "Hasta las personas que tienen una resolución favorable sufren retrasos en la expedición de las tarjetas de residencia", advierte Valiente, quien confía en que se refuercen los medios para evitar que este obstáculo se agrave en los próximos meses.El último paso para obtener el permiso de residencia obliga a obtener cita en la comisaría para la toma de huellas y la expedición de la Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE), un sistema que ya sufría importantes problemas de saturación antes del inicio del proceso. Comisiones Obreras denuncia que existe una falta de plantilla en la Policía para cubrir este servicio. "Lo venimos denunciando desde hace tiempo", ha señalado en rueda de prensa este lunes la secretaria confederal de Migraciones y Atención a las Personas de CCOO, Sofía Castillo.Para muchas personas, recibir la TIE significa poder viajar por primera vez en años para reencontrarse con sus familias o incorporarse plenamente al mercado laboral. Esa urgencia ha reactivado también un mercado ilegal de citas en internet. "Nos preocupa muchísimo que vuelva a producirse el negocio de la compraventa de citas. Hay personas que han llegado a pagar cientos de euros por un turno para las huellas. Por eso pedimos al Gobierno que comunique la cita automáticamente junto con la resolución favorable", denunciaba Silvana Cabrera, portavoz de Regularización Ya, a este medio.PublicidadAdemás, diferentes organizaciones sociales han alertado de que se está produciendo un aumento de las identificaciones policiales por perfil étnico y de las sanciones a personas sin permiso de residencia durante el proceso de regularización. Unas prácticas que, según denuncia València pels Drets de les Persones Immigrades, chocan con el espíritu de una regularización concebida precisamente para sacar de la irregularidad a quienes llevan años viviendo y trabajando en España.