ExplicativoLa medida estaba dirigida a dos grandes grupos: personas en situación irregular que vivían antes del 1 de enero de 2026 y solicitantes de asilo.PERIODISTA INTERNACIONAL30.06.2026 13:08 Actualizado: 30.06.2026 13:08
El plazo para presentar la solicitud de regularización extraordinaria de inmigrantes en España cierra este martes 30 de junio con más de un millón de solicitudes, el doble de las previsiones iniciales del Ejecutivo, que esperaba beneficiar a unas 500.000 personas."Queremos que el mundo vea a España como un país que respeta, que protege y que ampara los derechos humanos", indicó el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en su discurso sobre esta medida que calificó de "buena" para la economía española, aunque también reconoció los "desafíos" que conlleva. LEA TAMBIÉN Durante poco más de dos meses, miles de migrantes afrontaron una intensa carrera para reunir la documentación exigida, mientras organizaciones sociales denunciaron obstáculos burocráticos y pidieron ampliar el plazo. Al mismo tiempo, la medida enfrenta causas judiciales promovidas por gobiernos regionales del opositor Partido Popular (PP) y podría terminar siendo examinada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.Con el cierre del proceso y el inicio de las evaluaciones de los casos, estas son las principales claves sobre lo que ocurre a partir de ahora.Largas filas de migrantes en Barcelona para solicitar de forma presencial la regularización. Foto:EFE¿Quiénes podían acogerse a la regularización?La medida estaba dirigida a dos grandes grupos: personas en situación irregular que vivían en España antes del 1 de enero de 2026 y solicitantes de asilo que hubieran presentado su petición antes de esa fecha.Además, debían acreditar una permanencia continua de al menos cinco meses en España al momento de presentar la solicitud, carecer de antecedentes penales y no representar una amenaza para el orden público, la seguridad pública o la salud pública.En el caso de quienes no eran solicitantes de protección internacional, también debían acreditar haber trabajado en España, formar parte de una unidad familiar con hijos menores o mayores con discapacidad, o encontrarse en situación de vulnerabilidad certificada por una entidad autorizada.¿Cuántas personas solicitaron la regularización?El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, informó que más de un millón de personas presentaron su solicitud antes del cierre del plazo.La cifra supera la estimación inicial del Ejecutivo, que calculaba unas 500.000 solicitudes. El número de aplicantes supera al de la anterior regularización de migrantes que se realizó en el país bajo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, en 2005, con 576.506 beneficiados.España. Foto:¿Qué pasa ahora con las solicitudes?El Gobierno dispone de un plazo máximo de tres meses para estudiar cada expediente y decidir si concede o deniega el permiso de residencia y trabajo. Las solicitudes se tramitarán por un procedimiento preferente diseñado específicamente para esta regularización extraordinaria.¿Los solicitantes pueden trabajar mientras esperan la resolución?Sí, aunque con una condición importante. No basta con haber presentado la solicitud. El derecho a trabajar comienza cuando se comunica formalmente el inicio del procedimiento para evaluar si se concede o no la regularización, un documento que envía la Unidad de Tramitación de Expedientes (UTEX).Desde ese momento, el solicitante puede trabajar legalmente en cualquier sector en España y obtiene también un número de la Seguridad Social y acceso a la asistencia sanitaria.Proceso de regularización extraordinaria en España Foto:EFESi la solicitud es aprobada, ¿qué permiso recibirán?Los beneficiarios obtendrán una autorización de residencia y trabajo con una vigencia inicial de un año. Una vez finalizado ese periodo, deberán pasar a alguna de las vías ordinarias previstas en el Reglamento de Extranjería para mantener su situación regular.¿Ese permiso sirve para trabajar en otros países de la Unión Europea?No. La autorización concedida mediante esta regularización solo permite residir y trabajar en territorio español. No habilita para establecerse o trabajar en otros Estados miembros de la Unión Europea.¿Cuáles fueron las principales dificultades durante el proceso?Uno de los mayores problemas fue conseguir la documentación requerida, así como las largas filas que se vieron durante los primeros días de entrada en vigor de la medida.En las primeras semanas, algunas personas tuvieron dificultades para obtener el certificado de vulnerabilidad, aunque la situación mejoró cuando más ONG fueron acreditadas para emitirlo. Sin embargo, persistieron problemas para conseguir certificados de antecedentes penales, especialmente entre personas procedentes de países como Argelia, Cuba, Guinea Conakry o Gambia.También hubo críticas porque, según organizaciones sociales, en numerosos casos no se cumplió el plazo máximo de 15 días previsto para admitir a trámite las solicitudes, paso que permite acceder a la autorización provisional para trabajar.Migrantes en Barcelona buscando los documentos que faciliten su regularización en España. Foto:EFE¿Qué reclamaban las organizaciones sociales?La plataforma Regularización Ya, impulsora de la iniciativa ciudadana que dio origen a la medida, pidió al Gobierno ampliar el plazo de presentación. La organización sostuvo que miles de personas quedaron en riesgo de no acceder al proceso debido a las dificultades burocráticas para conseguir la documentación necesaria. La petición también fue respaldada por Sumar y Podemos, aunque finalmente se mantuvo el calendario previsto.¿Por qué la regularización ha sido cuestionada?El Partido Popular y Vox rechazaron la medida desde su anuncio. El PP sostuvo que el proceso estaba mal planificado y que una regularización masiva podría generar presión sobre los servicios públicos. Varios gobiernos regionales gobernados por ese partido -entre ellos Madrid, Comunidad Valenciana y Aragón- recurrieron el decreto ante el Tribunal Supremo.El alto tribunal rechazó suspender cautelarmente la regularización, por lo que el proceso continuó hasta su finalización.Presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Foto:EFE¿Puede intervenir la justicia europea?Sí, aunque eso no implica que la regularización quede paralizada. El Tribunal Supremo estudia plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para aclarar si algunos aspectos del real decreto son compatibles con el derecho comunitario.Mientras tanto, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones sostiene que la norma fue redactada respetando plenamente la legislación europea y ha trasladado un mensaje de tranquilidad a los solicitantes, recordando que los permisos concedidos tendrán validez únicamente dentro de España. Sigue toda la información de Internacional en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.
