El proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes ha desbordado las previsiones. Finalizado el plazo para acogerse a él, las solicitudes superan los 1,2 millones, doblando sobradamente las estimaciones iniciales, que se fijaron en torno al medio millón. El número de expedientes equivale, en términos comparativos, casi al 2,5% de la población española.Estos números refuerzan en primer lugar la convicción de cuán imperiosa era la necesidad del proceso de regularización. Una sociedad no puede permitirse un contingente de personas de tal magnitud viviendo en las sombras y sin acceso al estatus de ciudadanía. La dignidad humana no es un concepto que pueda quedarse en el plano teórico. Exige tangibilidad, hacerse real a través de decisiones políticas. Por ello cabe celebrar que todas estas personas puedan, a partir de ahora y en condiciones de igualdad con el resto, ejercer sus derechos y cumplir con sus obligaciones. También es positivo, en el ámbito material, que puedan abandonar la economía sumergida y colaborar con su esfuerzo en el mantenimiento del Estado de bienestar vía cotizaciones e impuestos.Pero una segunda reflexión tiene que ver con el futuro. Atañe a la necesidad de gestionar con mayor eficacia los flujos de inmigración para evitar un nuevo colapso en pocos años. También aquí conviene rehuir la desinformación que señala a las pateras y mafias fronterizas como la puerta principal de llegada a España de la inmigración irregular. No es así, aunque sin duda son las formas más peligrosas y denigrantes de hacerlo. La mayoría de las llegadas se producen a través de los grandes aeropuertos de Madrid y Barcelona o por carretera. Con viajeros que, una vez llegados a España, deciden incumplir las condiciones que facilitaron su acceso. Una política de inmigración eficaz, racional, bien gestionada, pero también digna para todas las partes, exige mejores controles y más efectivos.El Gobierno debe tomar nota de que hay que ser muy escrupulosos con el derecho europeoEl final del plazo para acogerse a la regularización extraordinaria ha coincidido con la decisión de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de estudiar la posibilidad de elevar una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE para dilucidar si la medida colisiona con las normas comunitarias, en concreto con el Pacto de Migración y Asilo de la UE. Las dudas del TS son razonables, aunque su posicionamiento nazca de sendos recursos, de intención más política que jurídica, de los gobiernos de la Comunidad Valenciana y Aragón. El TS ha dado cinco días a las partes para pronunciarse antes de tomar una decisión definitiva. Cuando la sala decida si eleva o no finalmente esa cuestión prejudicial al TJUE, deberá debatir también si suspende la tramitación de los expedientes de regularización.El mismo TS rechazó con anterioridad dicha suspensión por el “interés público” y “sustrato humano” del proceso. En el caso que ahora se revertiese esa decisión, es exigible que se haga garantizando a los peticionarios la validez de los permisos provisionales de trabajo y residencia a los que acceden una vez se acepta su expediente. En todo caso, el Gobierno debe tomar nota de que la normativa de la UE no es una cuestión opcional para los estados miembros. Quizás hubiera sido necesario un mayor esfuerzo técnico y una mayor voluntad política para blindar el encaje de la regularización en el corpus jurídico desplegado por la UE en materia de inmigración. No se puede caer en la más mínima inse­guridad jurídica en un asunto de tal relevancia­.Coincidiendo con esta cuestión, Vox y PP han acusado al Gobierno de querer alterar el censo electoral en beneficio propio a través de la conocida como ley de nietos . Se refieren, ambos partidos, a la disposición adicional octava de la ley de Memoria Democrática aprobada en octubre del 2022, que permitía a los hijos y nietos de españoles nacidos en el extranjero obtener la nacionalidad de forma directa, sin necesidad de residir en territorio español. Una norma que se aprobó con el propósito de reparación para los familiares de los españoles que marcharon al exilio durante la Guerra Civil o la dictadura franquista. Se puede estar en desacuerdo con ese resarcimiento o incluso sobre el alcance de la concesión del derecho a voto a personas que ni siquiera han pisado España, pero las sombras sobre la limpieza del proceso electoral son de una gran irresponsabilidad. No se puede alimentar, en la línea del peor trumpismo, teorías conspiranoicas sobre fantasiosos pucherazos­ y ayer Vox pidió a Junta Electoral que se impida el voto exterior por correo.Se puede discrepar de las condiciones de la ‘ley de nietos’, pero no alimentar la idea de un pucherazoLa inmigración y el censo electoral son cuestiones demasiado trascendentes para la salud democrática de España como para ser incluidos en el habitual cruce de reproches de trazo grueso al que nos tienen acostumbrados los partidos.