A dos semanas de que finalice el proceso, la regularización extraordinaria de inmigrantes ha recibido ya más de 900.000 solicitudes, una cifra que supera en un 80% los cálculos iniciales del Gobierno y que revela que el número de personas en situación irregular en España era muy superior a las estimaciones oficiales. Una realidad que España ha preferido ignorar durante demasiado tiempo, a la que partidos como PP y Vox se empeñan en dar la espalda, y que, a su vez, evidencia el enorme peso que todavía en 2026 tiene la economía sumergida en el país. Los datos baten de lejos el récord histórico de regularización de 2005, cuando el Gobierno recibió cerca de 700.000 solicitudes y concedió algo más de 575.000 permisos. Superan incluso las estimaciones al alza de entidades como Funcas, que apuntaban que a inicios de 2025 había en España más de 840.000 inmigrantes en situación irregular. Serán muchos más: la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ya habla de un millón de solicitudes, una cifra que no resulta para nada descabellada. De momento, la Administración ha admitido a trámite 360.000 expedientes, un 40% del total de los presentados; dispone de tres meses para resolver cada expediente, lo que plantea un reto burocrático mayúsculo. El colapso de muchas oficinas afectadas por el proceso evidencia esos escollos y, en algunos casos, las deficiencias de diseño del proceso. El Gobierno debe poner todos los recursos necesarios para cumplir sus propios plazos y exigencias. Nadie puede quedar en un limbo legal por falta de capacidad de la Administración.Pese a las proclamas de la derecha parlamentaria, conviene no olvidar que la regularización afecta a personas que ya están en España, sin papeles ni derechos pero que explican en parte el momento económico. En 2025, el 43% del nuevo empleo fue ocupado por trabajadores procedentes de otros países. En puertas de sobrepasar el umbral de los 50 millones de habitantes, el crecimiento de la población por la llegada de inmigrantes en los últimos años es la base misma del comportamiento diferencial que ha exhibido España respecto a las economías de su entorno. A pesar de esa dependencia estructural, no hay de facto vías legales de entrada para los trabajadores extranjeros. La Ley de Extranjería da prioridad al contrato de trabajo como requisito de acceso a la residencia, pero este contrato es difícil de obtener cuando aún no se ha llegado a España. De ahí que los agentes sociales, patronales y sindicatos, hayan sido uno de los promotores más entusiastas de este proceso iniciado el 16 de abril. Con un total de siete regularizaciones en los últimos 40 años, bajo gobiernos de distinto signo, es fácil concluir que estos procesos se han convertido en la columna vertebral de las políticas migratorias en España.