El Gobierno ha recibido ya 900.000 solicitudes de extranjeros que quieren regularizar su situación en España, esto es, obtener un permiso de residencia y trabajo y contar con los derechos consecuentes. Se trata de una cifra récord, al superar el número de peticiones de procedimientos anteriores. Por el momento, se han admitido a trámite unos 360.000 expedientes. Estos son los datos a los que ha tenido acceso EL PAÍS cuando faltan 15 días para que se cierren las ventanillas de las solicitudes: el 30 de junio, quien no haya presentado la suya no podrá entrar en este proceso de regularización que pretende aflorar el trabajo irregular de estas personas y concederles sus derechos. La Administración tiene tres meses para tramitar cada solicitud, pero ya hay resoluciones favorables por toda España y fuentes gubernamentales consideran que el proceso discurre con normalidad. En la última regularización que hubo en España, en 2005, las cifras se quedaron muy por debajo de las que se manejan ahora, todavía con el proceso en marcha. Entonces hubo 691.655 peticiones y se concedieron un total de 576.506. Pedro Sánchez ha hecho de este proceso su gran apuesta política en la recta final de la legislatura, una decisión que le ha permitido además exhibir una imagen de sintonía con el Papa León XIV en su reciente visita a España en medio de una delicada situación política por los frentes judiciales en marcha que afectan al PSOE. La regularización de extranjeros era una petición largamente esperada por cientos de organizaciones que trabajan con inmigrantes, que recogieron alrededor de 700.000 firmas para presentar una Iniciativa Legislativa Popular en el Congreso, con un amplio consenso político y social. La iniciativa recibió el apoyo de la patronal, los sindicatos, la Iglesia católica y, en un primer momento, por la presión de esta, el PP no bloqueó su tramitación. Andando los meses, los populares se desmarcaron y se sumaron al discurso de la ultraderecha de Vox, que nunca ha estado de acuerdo con la regularización de extranjeros y que ha llevado al PP a aceptar la “prioridad nacional” en el acceso a ayudas y servicios públicos en las comunidades autónomas donde gobiernan juntos. El pasado 22 de mayo, trascendieron los primeros datos del proceso en marcha: 550.000 solicitudes presentadas y 91.000 admisiones a trámite mediante las cuales el extranjero obtenía ya su permiso de trabajo y residencia provisionales. En aquel momento, lo tramitado respecto a las peticiones suponía un 16%, mientras que ahora es un 40%, lo que indica que se ha alcanzado cierta velocidad en la gestión administrativa. Desde entonces, cuando ya había pasado más de un mes desde que se abrieron las ventanillas, hasta ahora, se han sumado 350.000 peticiones más, lo que supone que mucha gente ha estado esperando para tener toda la documentación exigida antes de empezar el proceso, pero también que las personas en situación irregular en España eran muchas más que las previsiones iniciales del Gobierno, que en sus declaraciones públicas manejaba la cifra de medio millón de extranjeros pendientes de obtener papeles. Otras organizaciones que calculan estos datos por distintas vías ya habían señalado que serían muchas más; de hecho, el propio Ejecutivo había tenido en cuenta este extremo en algunos documentos internos, en los que hablaba de 750.000 posibles interesados. Cabe también la posibilidad de que algunas peticiones se reciban duplicadas, como ya ocurrió en anteriores procesos similares, como cuando se regularizó la situación de los afectados por la dana de Valencia. En el Gobierno se muestran “cautos y optimistas” con el procedimiento, del que dicen que falta mucho filtrado todavía para tener una foto ajustada, pero insisten en que la regularización se abrió para que todo aquel que cumpla los requisitos previstos pueda obtener sus derechos, algo, dicen, que también contribuirá a sacar a la luz los empleos ilegales y pasarlos a la economía regulada, de modo que miles de personas entren en el canal de las cotizaciones. Estudios académicos publicados sobre esta cuestión calculan que el beneficio fiscal neto por cada extranjero alcanzará los 4.000 euros, por lo que el Gobierno siempre remarca el impacto positivo de esta medida sobre el mercado laboral y las arcas públicas. El proceso ha dado algunos tropezones en el camino que se han ido solventando poco a poco, como el informe de vulnerabilidad que se pedía a algunos extranjeros en la documentación que debían entregar. Eso ha colapsado durante un tiempo las oficinas de asistencia social de los ayuntamientos y de las organizaciones sociales, que también participan en la regularización, así como los despachos de abogados y los sindicatos. El envío por correo postal del número de la Seguridad Social asignado a cada persona que iba siendo admitida a trámite ha supuesto también un escollo porque el sistema escogido no fue el más rápido. Y los extranjeros están encontrando en algunos consulados españoles en sus países de origen retrasos para la obtención de citas con las que validar sus papeles de antecedentes penales.Las mismas fuentes gubernamentales lo achacan a la dimensión de un procedimiento masivo en un plazo corto de tiempo, pero insisten en que el sistema tiene que ser lo más garantista posible, sin agujeros legales, algo que dejó sellado el Consejo de Estado cuando emitió sus sugerencias sobre el decreto en abril. No es un asunto menor. El decreto ha sido recurrido ante el Supremo por parte de la Comunidad de Madrid, del partido de ultraderecha Vox y de algunas otras organizaciones, que solicitaron la suspensión cautelar del mismo, algo que fue denegado el pasado 22 de mayo. Pero el Tribunal tiene todavía que pronunciarse sobre este decreto y algunos votos particulares emitidos ese día no pueden ser tranquilizadores para el Gobierno. No es la primera vez que se inicia en España una regularización extraordinaria de inmigrantes; ya ha habido seis procesos anteriores a este. Los inició Felipe González, en 1986, y José María Aznar puso en marcha tres de ellos. El último tuvo lugar en 2005, impulsado por José Luis Rodríguez Zapatero, cuando se llegó a 576.506 personas regularizadas. Estos procesos extraordinarios permiten legalizar grandes bolsas de inmigrantes que van engordando paulatinamente, sin que las oficinas de Extranjería logren desatascar las peticiones por los procedimientos ordinarios, es decir, demostrando el arraigo en el país con los requisitos estipulados. Ya viven y trabajan en España La imagen que suele tener la sociedad de la inmigración relacionada con las pateras y cayucos que arriban a las costas españolas no es ajustada a lo que realmente ocurre. El grueso de los extranjeros que viven y trabajan en España sin papeles ni derechos entran por avión como turistas, la mayoría procedentes de América Latina. Por vía marítima y terrestre entraron en España el año pasado 36.775 personas. El promedio de todo un lustro no alcanzaría a sumar la cifra de la que ahora se está hablando si en ella no estuvieran incluidos los que llegan en avión, que ha dejado cortos los cálculos de algunas organizaciones, que hablaron de 840.000 extranjeros en situación irregular en España cuando se puso en marcha esta regularización extraordinaria.A las acusaciones de la derecha española del “coladero”, dicen, que supone una medida como esta, se contrapone la alegría actual de los inmigrantes que trabajan y viven en este país. No son delincuentes, suelen recordar, ni quieren aprovecharse de las prestaciones sociales ni de los servicios públicos. Lo que pretenden, explican todos ellos, es trabajar en condiciones dignas, algo que no es fácil sin papeles, porque esa situación de vulnerabilidad les deja a merced de empleadores sin escrúpulos que abusan de su trabajo por sueldos muy inferiores a los que perciben los españoles. En estos días, a los apuros propios para conseguir la documentación requerida y ciertos escollos del proceso que les generan inquietud, se ha sumado también la felicidad por poder por fin obtener los papeles. Lo celebran, y con ellos las organizaciones que les prestan ayuda habitualmente, algunas como Cáritas, de la Iglesia católica, que ha recibido el impulso de las palabras del papa León XIV en su visita a España, cuyo discurso ha estado volcado en favor de los inmigrantes. Servía también de espaldarazo al Gobierno de Sánchez, que no pasa por su mejor momento, pero era un mensaje para todo el mundo, de Estados Unidos a Europa. El 12 de junio entró en vigor el Pacto Europeo de Migración y Asilo, que endurece las condiciones para la entrada de inmigrantes y que los países miembros tendrán que ir adaptando en sus normativas. Por un lado, establece un marco común, algo siempre deseable en esta materia, pero por otro, incorpora las restricciones que la derecha ha ido imponiendo en el Parlamento Europeo, con mayores controles y procedimientos de deportación acelerados. Esa es la norma; está por ver que pueda cumplirse en todos sus extremos, porque las deportaciones y otras medidas previstas no siempre son fáciles y nunca son baratas. En todo caso, los inmigrantes que ahora se adscriben a este proceso extraordinario de regularización ya estaban en España y eran de todos conocidos: son los que limpian en casa, los que construyen edificios y carreteras, los que sirven la paella en la playa, recogen las cerezas y las aceitunas y cuidan niños, ancianos y enfermos. Como ellos mismos recuerdan a menudo, no están quitando el trabajo a nadie, sino haciendo lo que los europeos ya no quieren hacer. La regularización puede verse así, no como una medida de gracia, sino como algo necesario para la sociedad y la economía, siendo materialistas. Las organizaciones sociales prefieren hablar de humanidad y derechos.