España cerró este martes el proceso extraordinario para la regularización de inmigrantes con más de un millón de solicitudes, una cifra que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, calificó como la prueba de que la medida "era necesaria". La iniciativa constituye el primer paso del nuevo Plan de Integración y Ciudadanía, que facilitará el acceso a un permiso de residencia y trabajo a quienes ya vivían en el país antes del 1 de enero y cumplían los requisitos establecidos, entre ellos no contar con antecedentes penales. En la presentación del programa, el líder del PSOE defendió que el Ejecutivo apuesta por una inmigración legal, segura y ordenada. "La irregularidad genera exclusión y la regularidad genera integración", afirmó el jefe del Ejecutivo, quien sostuvo que la política migratoria del Gobierno busca responder al fenómeno "con inteligencia, humanidad y empatía". El eje contará con una inversión inicial de 505 millones de euros y desarrollará medidas hasta 2030. TE RECOMENDAMOS¿QUÉ REVELA LA PRIMERA LETRA DE TU NOMBRE? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL El Supremo cuestiona el plan ante la UE Mientras el Gobierno celebraba el cierre del proceso, el Tribunal Supremo abrió un nuevo frente jurídico al plantear la posibilidad de consultar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la compatibilidad de la regularización extraordinaria con el derecho comunitario. El alto tribunal dio un plazo de cinco días a las partes para pronunciarse antes de decidir si presenta una cuestión prejudicial. La consulta analiza si el real decreto puede entrar en conflicto con el Convenio Schengen, el Tratado de la Unión Europea y la normativa vigente, al ser una medida de alcance masivo aprobada sin que conste una coordinación previa con el resto de Estados miembros. El Supremo recordó además que el beneficiario de una primera autorización temporal obtiene el derecho de circular por el espacio Schengen durante 90 días dentro de un período de 180. También destacó que la Unión Europea aprobó en 2024 el Pacto de Migración y Asilo, que establece un procedimiento común en materia de protección internacional destinada a los Estados miembros. Integración moviliza 505 millones El Plan de Integración y Ciudadanía dispone de un presupuesto de 505 millones de euros en su primer año y se estructura en cuatro ejes, 16 medidas y 10 objetivos con horizonte en 2030. Entre sus iniciativas figura una estrategia de movilidad laboral que permita abrir vías legales de acceso al país y la futura creación de la Agencia Estatal de Movilidad Humana, que coordinará la gestión migratoria. El segundo eje sitúa el empleo como principal herramienta de cohesión. Para ello contempla una inversión de 185 millones de euros destinada a facilitar la incorporación de trabajadores en sectores con demanda, impulsar el emprendimiento y ofrecer más de 100.000 plazas de Formación Profesional adaptadas al mercado laboral. El proyecto además prevé reforzar la Inspección de Trabajo. Asimismo, la estrategia reserva recursos enfocados a fortalecer la convivencia mediante programas de aprendizaje de los idiomas cooficiales, el conocimiento de las normas y valores del país y acciones contra los discursos de odio. Otra partida superior a 260 millones permitirá reforzar servicios públicos y favorecer la igualdad de oportunidades. Sánchez defiende la migración con datos económicos Durante la presentación del programa, Pedro Sánchez respaldó su política migratoria con cifras económicas. Afirmó que, sin la aportación de la población extranjera, España perdería un 19% de su PIB en 2050 y un 22% en 2075. También aseguró que más de 90.000 bares tendrían que cerrar y una de cada tres explotaciones agrícolas desaparecería. El presidente destacó que los inmigrantes representan el 14,6% de la población y que entre 2018 y 2025 ocuparon el 44% de los más de 2,9 millones de empleos creados. Según los datos expuestos por el Ejecutivo, Funcas calcula que la inmigración explicó el 47% del crecimiento acumulado del PIB durante 2022 a 2025, mientras que el Banco de España estima que la población extranjera aportó el 14% al 24% del incremento del PIB per cápita de 2022 a 2024.