La Policía Nacional activó ayer un “plan de choque” para dar una “respuesta adecuada” al incremento de la demanda de documentos derivados de la regularización extraordinaria de inmigrantes, que ha desbordado todas las previsiones del Gobierno con 1,2 millones de peticiones. Después de que varios sindicatos policiales avisasen de que “el mayor reto” del proceso “comienza ahora”, con la expedición de las Tarjetas de Identidad de Extranjeros (TIE), la dirección general de la Policía ordenó abrir el mayor número de unidades de documentación y puestos de expedición –incluyendo turnos de tarde y también los sábados– para ampliar la capacidad operativa en atención a la ciudadanía.Sindicatos policiales como Jupol, Sup o CEP llevan meses advirtiendo de que los cálculos del Gobierno central -unas 750.000 posibles solicitudes para otorgar medio millón de permisos- no se correspondían con la realidad de personas que viven irregularmente en España. Incluso la estimación que publicó el centro de análisis Funcas, con la cifra de 840.000 extranjeros residentes en España en situación administrativa irregular, preveían que se quedaría corta. A falta de que esta mañana el Ministerio de Migraciones ofrezca en un primer balance del número final de solicitudes, han sido las organizaciones policiales las que contaban con unos números aproximados sobre esta realidad, complicada de cuantificar. De ahí que durante todo este tiempo hayan denunciado que la carga de trabajo para los uniformados que suponía esta regularización no estaba bien dimensionada.Se abrirá el máximo número de unidades de documentación y expedición en turnos de tarde y los sábadosDurante la fase que se cerró el pasado martes a medianoche, la de presentación de solicitudes, la Policía se ha centrado en el estudio de expedientes para verificar que los solicitantes no tenían antecedentes penales, uno de los requisitos indispensables que exige el real decreto. Este fue uno de los puntos en los que el Ministerio del Interior le ganó el pulso a Migraciones, que pretendía que una mera declaración personal bastase para acreditar la falta de antecedentes. Ahora, de forma paralela, la Policía tiene que tomar huellas para expedir las tarjetas de identidad a las personas con expedientes favorables. Ayer, la ministra Elma Saiz avanzó que ya se habían admitido a trámite medio millón de peticiones. Con ella en la mano, además de paralizar cualquier orden de expulsión, se otorga un permiso provisional que, en el caso de que el Tribunal Supremo finalmente opte por preguntar a la justicia europea si la regularización choca con el derecho comunitario, no se verá comprometido.El “plan de choque” de la Policía, al que ha tenido acceso La Vanguardia , recoge que la participación será remunerada en la cuantía de 25 euros por hora de trabajo. Los sábados que se preste el servicio, de 09:00 a 14:00 horas, se retribuirán con una cuantía de 125€ por jornada. Se desactivará, según el documento, “cuando se constate un descenso significativo de la carga de trabajo”.Son ya más de medio millón las solicitudes que se han admitido a trámite, otorgando permisos provisionalesDesde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncian que no se ha podido volcar toda la documentación en la plataforma informática ‘Mercurio’, el programa informático que la Administración pública utiliza para cuestiones de extranjería en los últimos años. Según los datos que maneja el sindicato, quedarían por introducir datos de medio millón de personas, lo que podría retrasar el proceso de regularización.CSIF avisa ya de que podría darse el caso de que se denieguen solicitudes por silencio administrativo al agotarse el plazo máximo para responder. En el Gobierno, desechan “por completo” este escenario: “Hay órdenes para que la maquinaria tome velocidad de crucero”, aseguran.Vox adelanta al PP en la oposición al nuevo reparto de menores migrantesLa regularización extraordinaria de inmigrantes ha opacado en los últimos meses la distribución de menores extranjeros entre comunidades autónomas, que ha servido para destensar los sistemas de acogida de los principales territorios de llegada, como Canarias, Ceuta y Melilla. Pero ahora que, un año después de la aprobación del proceso obligatorio, toca prorrogarlo el asunto ha vuelto a la agenda política como herramienta de la oposición para desgastar al Gobierno. Aunque al Partido Popular, que ha venido liderando la rebelión autonómica, le ha salido un firme competidor: en Castilla y León, Aragón y Extremadura las carteras que gestionan la atención a los menores no acompañados tienen el sello de Vox.Con la vista puesta en una próxima Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, el máximo órgano de interlocución entre el Gobierno y las comunidades autónomas, ayer los consejeros de Vox se ausentaron de la reunión preparatoria como protesta contra la “estafa migratoria” del Ejecutivo que, consideran, están imponiendo un reparto con criterios “arbitrarios, opacos y completamente alejados de la realidad de los sistemas de protección de las comunidades”. Según fuentes del ministerio que lidera Sira Rego la incomparecencia de los cargos de la extrema derecha no afectó “en modo alguno” al desarrollo de la cita. “Una rabieta sin consecuencias”, calificaban las mismas fuentes. Sobre la mesa está el reparto de un crédito de 35 millones de euros para todos los territorios que tiene como objetivo el sostenimiento estructural de los sistemas de acogida, que son competencia autonómica. Para el Ministerio, “la ausencia de Vox apunta directamente al Partido Popular, que se ha plegado a su discurso racista y xenófobo”. “El PP sigue mostrándose incapaz de tener un criterio común allí donde gobierna. Mientras en Canarias, Ceuta y Melilla aplauden la puesta en marcha del mecanismo”, añaden.Desde la Comunidad de Madrid, que el año pasado enarboló la oposición en este asunto, se anunció ayer que sus servicios jurídicos ya estudian si acudir a los tribunales contra el real decreto que actualiza el número de menores que debe acoger cada comunidad. De acuerdo a los nuevos datos, Madrid es la tercera región que más niños y adolescentes debería atender, con 2.471. El listado lo encabeza Andalucía que debería atender a 3.009; seguida de Catalunya con 2.829. Tras Madrid, la Comunidad Valenciana con 1.903; mientras que en todos los demás territorios la cifra no llega el millar.Joaquín VeraPeriodista especializado en información de Interior, Seguridad y Terrorismo Ver más artículos Redactor de la sección de Política de La Vanguardia. A cargo de la información de Interior y Defensa, con el foco en la Seguridad y el Terrorismo