El proceso extraordinario de regularizaci�n de personas migrantes en Espa�a encamina su cierre con la misma pol�mica con la que arranc�: desinformaci�n, improvisaci�n y los principales actores sin saber c�mo actuar. La confusi�n ha sido una constante durante un tr�mite que se clausura con un volumen de solicitudes muy superior al previsto inicialmente por el Gobierno. Con el plazo de presentaci�n ya concluido, las peticiones registradas se sit�an entre 1,2 y 1,3 millones, m�s del doble de las cerca de 500.000 que el Ejecutivo estim� cuando aprob� la medida.Esta cifra coincide plenamente con la que visualiz� la Polic�a Nacional cuando Pedro S�nchez dio v�a libre al pol�mico proceso aludiendo a la v�a de �urgencia�. Una realidad que el propio Cuerpo neg� en un informe sobre la situaci�n y que firm� el comisario jefe central de Operaciones de Extranjer�a, Alfredo Garc�a Miravete. �Dado que el presente proyecto toma como antecedente directo la iniciativa legislativa popular tomada en consideraci�n por el Congreso, el 9 de abril de 2024, necesidad detectada hace casi dos a�os, no parece que se trate de una situaci�n sobrevenida, ni que pueda justificar suficientemente la tramitaci�n urgente�, razona un dossier cuyas conclusiones no ven claro el proceso.Altos mandos de la Polic�a no dudan en criticarlo y lo hacen, adem�s, con una crudeza que deja poco margen. �Hay una absoluta falta de transparencia�, zanjan. La ausencia de un reparto definido de competencias sobre la tramitaci�n -este procedimiento siempre lo hacen las brigadas de Extranjer�a- oblig� al Gobierno a improvisar externalizando la gesti�n del tr�mite. La decisi�n fue que Correos y la empresa Tragsa -la empresa p�blica integrada en la Sepi dedicada a prestar servicios para la conservaci�n del medio ambiente, desarrollo rural o ejecuci�n de obras- tramitaran las solicitudes, algo que ha alimentado el recelo, la incertidumbre y la inquietud en la Polic�a porque nadie ha comunicado qu� pasar� ahora. Es decir, si los expedientes tramitados -m�s de un mill�n- se reportar�n a Extranjer�a para que revise si quienes los han presentado cumplen con los requisitos o si, por el contrario, directamente se dar�n por v�lidos. �La falta de transparencia se demuestra con la ocultaci�n de cifras y de conocimiento del proceso administrativo y tr�mites para conceder la regularizaci�n o comprobar la documentaci�n aportada por los interesados�, insisten las mismas fuentes consultadas."Desconfianza social"La Comisar�a General de Extranjer�a y Fronteras de la Polic�a Nacional alert� desde el principio del escenario que el Ejecutivo central le puso enfrente. Se lament� de no haber recibido directrices sobre c�mo afrontar esta reforma estructural, calificada por el Gobierno como una �urgencia social�, e incluso redact� un contundente informe en el que dejaba clara su total desconfianza hacia el proceso. El documento del m�ximo responsable de Extranjer�a advierte de que una regularizaci�n de tal magnitud podr�a acarrear �efectos negativos significativos�. Entre ellos cita un posible �efecto llamada� para nuevos flujos migratorios irregulares, as� como tensiones sociales, problemas de seguridad ciudadana y de orden p�blico. Habla incluso de la �desconfianza social� que se genera, dice, �sobre gesti�n de fronteras�.Insiste, asimismo, en el riesgo de saturaci�n de servicios p�blicos como la sanidad, la educaci�n y los servicios sociales y pronostica que podr�an no contar con la capacidad suficiente para atender el aumento de la demanda en un corto periodo de tiempo. Incluso se contempla que, si el ciudadano afirma haber solicitado el certificado de antecedentes de su pa�s y manifiesta que no lo ha recibido, pueda continuar el procedimiento mientras la Administraci�n intenta obtener dicha documentaci�n.Cientos de personas frente al consulado de Marruecos en Bilbao aguardan para conseguir su certificado de antecedentes penales.EFEEl proceso culmina con cifras muy alejadas de las previsiones iniciales y con un Cuerpo, el de la Polic�a Nacional, que ya tacha esta tramitaci�n como �apocal�ptica�. En este tiempo -la regularizaci�n masiva de personas extranjeras residentes en Espa�a antes del 31 de diciembre de 2025 se anunci� el pasado mes de febrero- los agentes han contabilizado �multitud� de casos de personas que han intentado entrar en el proceso de manera fraudulenta. La Comisar�a General de Extranjer�a y Fronteras emiti� una alerta interna a trav�s de un oficio al que ha tenido acceso este peri�dico sobre un incremento del 866% en las denuncias por supuestos extrav�os de pasaportes por parte de ciudadanos paquistan�es, una maniobra detectada para eludir registros penales y facilitar la regularizaci�n.La segunda nacionalidad en repetir este comportamiento para acceder a legalizar su situaci�n en Espa�a de manera fraudulenta fue la argelina, con un 356,25%, seguida de la marroqu�, que aumenta un 114%, y de la colombiana, con un 35%.La intervenci�n policial -prosigue el informe- �ha permitido comprobar que en muchos casos exist�an (alternativa y/o acumulativamente) antecedentes penales y/o policiales en Espa�a y/o en otros pa�ses. Otras identidades diferentes de la denunciada y/o resoluciones administrativas en materia de Extranjer�a a�n en vigor�.Reagrupaciones familiaresEl informe del jefe de Operaciones ya hablaba entonces de cifras muy superiores a las que contemplaba el Gobierno y as� lo expone. �La estimaci�n realizada por esta Comisar�a General es que, de manera directa, pudieran beneficiarse aproximadamente 1.250.000 de ciudadanos extranjeros. Dicha cifra se traduce en un 250% de la estimaci�n que el Ministerio de Inclusi�n, Seguridad Social y Migraciones ha estimado y plasmado en documentos oficiales publicados en su p�gina web (por ejemplo, documento 'Preguntas y Respuestas: Tramitaci�n Regularizaci�n Extraordinaria'). Esta estimaci�n se ve ampliamente aumentada si se tiene, adicionalmente, en consideraci�n al colectivo que de manera m�s indirecta se beneficiar�a de las medidas, a trav�s de reagrupaciones o por desistimiento de solicitudes de protecci�n internacional�. El asunto de las reagrupaciones familiares preocupa, y mucho, a los agentes expertos en Extranjer�a. �Por cada persona a la que se regularice su situaci�n, se suman otras cinco, como m�nimo, si solicita y se concede una reagrupaci�n�.�Se prev� -prosigue- que la medida facilite movimientos migratorios de ciudadanos extranjeros desde otros pa�ses UE, que se desplazar�an a Espa�a con el fin de obtener provecho indebido de las previsiones de la norma�. De hecho, tal como public� este peri�dico, tras el anunci� de S�nchez la Polic�a advirti� de la activaci�n de tres rutas migratorias hacia Espa�a. Los agentes expertos en Extranjer�a destacaron la v�a del Reino Unido -a trav�s del Canal de la Mancha- hacia Francia para, finalmente, alcanzar Espa�a por los Pirineos. Eran ciudadanos paquistan�es, afganos e indios que, seg�n las mismas fuentes, buscaban legalizar su presencia en Europa. La Polic�a tambi�n se detuvo entonces en la llegada al pa�s desde Francia de una �cantidad considerable� de migrantes de nacionalidad argelina y marroqu�, as� como desde Italia.Este �ltimo pa�s, detallan, ofrece una casu�stica especial, ya que se fletan furgonetas con destino a Espa�a en las que viajan ciudadanos indios, marroqu�es, argelinos o paquistan�es. Estos movimientos y la falta de informaci�n con la que se ha lanzado el plan -el Gobierno no ha buscado la opini�n de los expertos- han provocado la primera reacci�n de los agentes de Extranjer�a.La Polic�a se ha dirigido al Ministerio del Interior para advertirle de la �dificultad� que, seg�n su experiencia, conlleva ejecutar la regularizaci�n masiva prevista. Las mismas fuentes especifican que se han enviado distintos correos electr�nicos al ministerio de Fernando Grande-Marlaska en los que se le hace part�cipe de su inquietud. �No sabemos la manera en la que hay que actuar porque no hay instrucciones ni posibilidades ni tampoco recursos�, razona uno de los responsables policiales consultados por este diario. El periodo post-regularizaci�n es otro de los aspectos que centra la atenci�n de los agentes especializados en inmigraci�n. Temen que las mafias vean un fil�n en las reagrupaciones familiares. �Pueden darse casos en los que personas de pa�ses extranjeros paguen a quienes est�n ya en situaci�n legal para que les dejen hacerse pasar por familiares como un hijo o unos padres. Es decir, pagar por papeles y certificados. Ahora ya se ven casos as�, en los que incluso traen a testigos, pero se detecta r�pidamente porque no son tantos solicitantes�. �Existe el temor en amplias capas de la poblaci�n de que una entrada masiva y r�pida de nuevos inmigrantes aumente la carga sobre el sistema sanitario, educativo y los servicios sociales, los cuales podr�an no tener la capacidad de absorci�n necesaria. La cifra de extranjeros y los plazos tan breves que prev� la norma para perfeccionar la regularizaci�n es inversamente proporcional a la capacidad de absorci�n del Estado espa�ol�, recoge a este respecto el informe de Extranjer�a.El sindicato Jupol critica con contundencia el proceso y sus consecuencias futuras. �Lo m�s grave de esta situaci�n es que el propio Ministerio del Interior conoc�a perfectamente las consecuencias que iba a provocar este proceso. En un informe interno elaborado por la Comisar�a General de Extranjer�a y Fronteras y remitido durante la tramitaci�n del Real Decreto, los responsables policiales manifestaron su oposici�n t�cnica al proyecto al considerar que generar�a un impacto operativo y de seguridad de enormes dimensiones�. Adem�s, se detiene en una de las principales preocupaciones de la Polic�a: la comprobaci�n de antecedentes penales. �La Polic�a Nacional alert� de que el procedimiento presenta importantes carencias para verificar si los solicitantes poseen antecedentes penales o policiales en otros pa�ses.�La Polic�a alert� de que el procedimiento presenta carencias para verificar si los solicitantes tienen antecedentes en otros pa�ses. Incluso se contempla que, si el ciudadano dice haber solicitado el certificado de antecedentes de su pa�s y manifiesta que no lo ha recibido, pueda seguir el procedimiento mientras la Administraci�n intenta obtener la documentaci�n. La propia Comisar�a General advierte de este riesgo�.