Actualizado Mi�rcoles,
julio
01:51La regularizaci�n masiva de personas migrantes residentes en Espa�a impulsada por el Gobierno tendr� un nuevo obst�culo, tal como alertan agentes expertos en Extranjer�a. El problema de un �colapso� ante la segunda parte del proceso -una vez est�n regularizados los peticionarios- inquieta tanto a los mandos policiales que incluso han alertado ya al Ministerio del Interior.Hacer las tarjetas de identificaci�n de los ciudadanos extranjeros (TIE) ser�, seg�n las mismas fuentes, una tr�mite �ag�nico� tanto para los peticionarios como para los agentes de las brigadas de Extranjer�a por el volumen de trabajo, la falta de medios humanos y t�cnicos, y la entrada de las mafias en la ecuaci�n. Altos mandos policiales advierten de que la formalizaci�n de la situaci�n de legalidad de los extranjeros ser� muy complicada y lamentan, una vez m�s, la �falta de previsi�n del Ministerio�.Fuentes conocedoras del sistema alertan de la intervenci�n de ingenieros inform�ticos que reservan citas para, posteriormente, venderlas por cantidades que van desde los 100 hasta los 2.000 euros. Cuando se realiza el pago, los delincuentes introducen sus datos y formalizan la reserva. De esta manera, las citas aparecen en el sistema como si ya estuvieran reservadas -a la espera de ser vendidas-, impidiendo as� el acceso a ellas de otros extranjeros. �Esta pr�ctica contribuye y agrava el colapso del sistema�, razonan.Insisten los mandos en que la Polic�a Nacional va a carecer de capacidad para asumir las m�s de 1.200.000 personas que legalizar�n su situaci�n en Espa�a, y en que el departamento de Fernando Grande-Marlaska es �plenamente� consciente del escenario que se abre a partir de ahora. Ser� cuando el Ministerio de Migraciones -que es quien, seg�n denuncian los jefes policiales, se han hecho cargo del proceso de regularizaci�n- pase los expediente a la Polic�a para que se realicen las tarjetas de identificaci�n.El hecho de que, seg�n los altos mandos, se les haya apartado del proceso �deliberadamente� para ponerlo en manos del �rea de Elma S�iz ha causado un profundo malestar. Esta decisi�n, a su juicio, debilita los mecanismos de verificaci�n de autenticidad documental sobre las personas que est�n en el proceso y abre la puerta, advierten, a una comprobaci�n err�nea, por ejemplo, de los antecedentes penales. La confusi�n sobre qui�n se iba a ocupar de tramitar los expedientes ha sido una constante desde que Pedro S�nchez anunci� en febrero la medida. La intervenci�n de las brigadas de Extranjer�a queda reducida pues, seg�n las mismas fuentes, a tareas meramente administrativas. �La Polic�a se limitar� a documentar las tarjetas validadas por Migraciones�.Y en ese tr�mite es donde los agentes van a encontrar �numerosas� trabas por la �incapacidad del sistema� que, indican las mismas fuentes, �no va a soportar la cantidad de tr�mites�. A este aspecto se suman las previsiones de los altos cargos de Extranjer�a consultados por este peri�dico, de que Espa�a asumir� tres millones de inmigrantes en situaci�n legal con sus familias en un a�o a trav�s del proceso de regularizaci�n extraordinario, lo que complica m�s la situaci�n.El c�lculo de los jefes del �rea est� basado en el efecto de las reagrupaciones familiares que prev�n que soliciten los 1.200.000 peticionarios. Temen que las mafias vean un fil�n en las reagrupaciones familiares que, precisan, dinamitar�n de nuevo las previsiones. �Pueden darse casos en los que personas de pa�ses extranjeros paguen a quienes est�n ya en situaci�n legal para que les dejen hacerse pasar por familiares como un hijo o unos padres. Es decir, pagar por papeles y certificados. Ahora ya se ven casos as�, en los que incluso traen a testigos, pero se detecta r�pidamente porque no son tantos solicitantes�.La Comisar�a General de Extranjer�a y Fronteras de la Polic�a Nacional alert� desde el principio del escenario que el Ejecutivo central le puso enfrente. Se lament� de no haber recibido directrices sobre c�mo afrontar esta reforma estructural, calificada por el Gobierno como una �urgencia social�, e incluso redact� un contundente informe en el que dejaba clara su total desconfianza hacia el proceso y negaba, con datos, la �urgencia� en la que se apoyaba Pedro S�nchez.El documento lo firmaba el comisario jefe central de Operaciones de la Comisar�a General de Extranjer�a y Fronteras de la Polic�a Nacional, Alfredo Garc�a Miravete, quien adem�s advert�a de �efectos negativos significativos� como la �desconfianza social�.
