Actualizado Lunes,
julio
22:48Espa�a asumir� tres millones de inmigrantes en situaci�n legal con sus familias en un a�o a trav�s del proceso de regularizaci�n extraordinario impulsado por el Gobierno. As� lo estiman altos mandos de Extranjer�a, que basan su c�lculo en el efecto de las reagrupaciones familiares que prev�n que soliciten los 1.200.000 peticionarios. Este asunto preocupa, y mucho, a los expertos en el �rea. �Por cada persona a la que se regularice su situaci�n, se suman otras tres, como m�nimo, si solicita y se concede una reagrupaci�n�.Adem�s, los jefes del �rea critican con dureza al Ejecutivo de Pedro S�nchez por, denuncian, apartar a la Polic�a Nacional �deliberadamente� del control de los tr�mites -es su competencia- para dejarlo en manos del Ministerio de Migraciones. Esta decisi�n, a su juicio, debilita los mecanismos de verificaci�n de autenticidad documental sobre las personas que est�n en el proceso y abre la puerta, advierten, a una comprobaci�n err�nea, por ejemplo, de los antecedentes penales. La confusi�n sobre qui�n se iba a ocupar de tramitar los expedientes ha sido una constante a lo largo del proceso. La intervenci�n de las brigadas de Extranjer�a queda reducida pues, revelan las mismas fuentes, a tareas meramente administrativas. �La Polic�a se limitar� a documentar las tarjetas validadas por Migraci�n�.El malestar es manifiesto al considerar que el personal del ministerio que dirige Elma Saiz �no est� capacitado� para tramitar las solicitudes porque carece de �formaci�n�. �La voluntad del Gobierno es que entre todo el mundo�, zanjan los altos mandos de la Polic�a Nacional. El Ministerio del Interior, por su parte, remite al Real Decreto. �Se va a pedir un informe policial tal como indica el Real Decreto� sin especificar nada m�s. El tr�mite que se clausurar�, seg�n las estimaciones de la c�pula policial, con un volumen regularizaciones que rompe cualquier previsi�n del Gobierno. �El sistema va a quebrar�. Las peticiones registradas desbordaron al Ejecutivo Central y dieron la raz�n a la Polic�a Nacional, que desde el principio del proceso las situ� entre 1,2 y 1,3 millones, m�s del doble de las cerca de 500.000 que el Gobierno estim� cuando aprob� la medida.�Este proceso es algo que nadie en su sano juicio iniciar�a. Espa�a somos una excepci�n, est� claro�, argumentan los altos mandos del �rea consultados. Temen que las mafias vean un fil�n en las reagrupaciones familiares que, vuelven a indicar, dinamitar�n de nuevo las previsiones. �Pueden darse casos en los que personas de pa�ses extranjeros paguen a quienes est�n ya en situaci�n legal para que les dejen hacerse pasar por familiares como un hijo o unos padres. Es decir, pagar por papeles y certificados. Ahora ya se ven casos as�, en los que incluso traen a testigos, pero se detecta r�pidamente porque no son tantos solicitantes�.La Comisar�a General de Extranjer�a y Fronteras de la Polic�a Nacional alert� desde el principio del escenario que el Ejecutivo central le puso enfrente. Se lament� de no haber recibido directrices sobre c�mo afrontar esta reforma estructural, calificada por el Gobierno como una �urgencia social� y e incluso redact� un contundente informe en el que dejaba clara su total desconfianza hacia el proceso y negaba, con datos, la �urgencia� en la que se apoyaba Pedro S�nchez.El documento lo firmaba el comisario jefe central de Operaciones de la Comisar�a General de Extranjer�a y Fronteras de la Polic�a Nacional, Alfredo Garc�a Miravete. �Dado que el presente proyecto toma como antecedente directo la iniciativa legislativa popular tomada en consideraci�n por el Congreso, el 9 de abril de 2024, necesidad detectada hace casi dos a�os, no parece que se trate de una situaci�n sobrevenida, ni que pueda justificar suficientemente la tramitaci�n urgente�, razona un dossier cuyas conclusiones no ven claro el proceso. En �l, advert�a de que una regularizaci�n de tal magnitud podr�a acarrear �efectos negativos significativos�. Entre ellos citaba un posible �efecto llamada� para nuevos flujos migratorios irregulares, as� como tensiones sociales, problemas de seguridad ciudadana y de orden p�blico. Hablaba incluso de la �desconfianza social� que se genera, apuntaba, �sobre gesti�n de fronteras�. Insist�a, asimismo, en el riesgo de saturaci�n de servicios p�blicos como la sanidad, la educaci�n y los servicios sociales y pronosticaba que podr�an no contar con la capacidad suficiente para atender el aumento de la demanda en un corto periodo de tiempo. �Existe el temor en amplias capas de la poblaci�n de que una entrada masiva y r�pida de nuevos inmigrantes aumente la carga sobre el sistema sanitario, educativo y los servicios sociales, los cuales podr�an no tener la capacidad de absorci�n necesaria. La cifra de extranjeros y los plazos tan breves que prev� la norma para perfeccionar la regularizaci�n es inversamente proporcional a la capacidad de absorci�n del Estado espa�ol�, recog�a.Contemplaba que, si el ciudadano afirma haber solicitado el certificado de antecedentes de su pa�s y manifiesta que no lo ha recibido, pueda continuar el procedimiento mientras la Administraci�n intenta obtener la documentaci�n. En este tiempo los agentes han contabilizado �multitud� de casos de personas que han intentado entrar en el proceso de manera fraudulenta. Extranjer�a lleg� a emitir una alerta interna a trav�s de un oficio.
