EditorialSi la voluntad pol�tica era extender el derecho a los hijos y nietos de todo tipo de emigrados, el cauce correcto era una reforma legislativa clara, no una instrucci�n que pervierte el sentido de la normaActualizado Jueves,
julio
00:08Audio generado con IALa nacionalidad espa�ola no puede administrarse mediante atajos interpretativos ni con opacidad. La llamada Ley de nietos -Ley de Memoria Democr�tica- naci� con una finalidad reparadora: permitir la recuperaci�n de la ciudadan�a a descendientes de espa�oles que perdieron ese v�nculo por el exilio durante la dictadura. Pero una instrucci�n del Ministerio de Justicia fechada unos d�as despu�s, en octubre de 2022, abri� la puerta a una interpretaci�n mucho m�s amplia, hasta permitir que se nacionalicen descendientes de emigrados sin acreditar el nexo con el exilio. Esa ampliaci�n altera radicalmente lo votado por el Congreso.Espa�a tiene una responsabilidad moral con quienes conservaron un v�nculo familiar o cultural con ella pese al exilio o la emigraci�n. Lo mostr� la ley sobre los sefard�es y lo recuerdan los saharauis nacidos bajo soberan�a espa�ola. Pero el Estado debe actuar con rigor. No se puede transformar por v�a administrativa lo que el legislador delimit� en una ley. Si la voluntad pol�tica era extender el derecho a los hijos y nietos de todo tipo de emigrados, el cauce correcto era una reforma legislativa clara, no una instrucci�n que pervierte el sentido de la norma.El problema adquiere una dimensi�n democr�tica por el volumen del proceso. Se habla de hasta 2,4 millones de solicitudes, aunque a�n se desconocen las cifras finales. Incluso si fueran algunos cientos de miles de nuevos electores, el cambio ser�a lo bastante relevante como para exigir m�xima claridad. Alimentar una sospecha destructiva sobre el sistema electoral no es aceptable. Pero el Gobierno es a quien corresponde en primer t�rmino disipar toda sombra de duda, y no puede ignorarse que una incorporaci�n masiva de ciudadanos que no residen en Espa�a, que no soportan directamente las consecuencias de la gesti�n p�blica, que no contribuyen fiscalmente en nuestro pa�s y cuyo v�nculo con el demos es desigual introduce tensiones objetivas en la confianza ciudadana en el sistema electoral.A ello se suma la falta de informaci�n sobre solicitudes recibidas, aprobadas, denegadas y pendientes, as� como sobre la asignaci�n territorial de esos votantes. El sufragio va unido a la nacionalidad, pero cuando el cuerpo electoral exterior alcanza magnitudes in�ditas, el sistema debe adaptarse.La cuesti�n de fondo no es impedir que descendientes de espa�oles recuperen una nacionalidad que en muchos casos responde a una reparaci�n justa. Es evitar que un derecho de ciudadan�a plena se atribuya sin controles suficientes y por una v�a discutible. La nacionalidad no es s�lo un documento: supone pertenencia pol�tica, derechos, deberes y capacidad de decidir sobre el futuro com�n. Por eso el Gobierno est� obligado a ofrecer todos los datos, explicar los criterios aplicados y corregir una instrucci�n que ha convertido una pretendida reparaci�n hist�rica en un problema de seguridad jur�dica.
