Una disposición adicional de apenas unas líneas de extensión, aprobada y en vigor desde hace más de tres años, lleva días sirviendo a PP y Vox para insinuar —en el caso de los populares— o denunciar expresamente —en el de la ultraderecha— sin ninguna prueba un complot organizado por el Gobierno para amañar las próximas elecciones generales. El líder popular, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al Ejecutivo de “fabricar votantes”, mientras dirigentes de Vox como José María Figaredo han alertado incluso de que el presidente Pedro Sánchez intenta dar “un golpe de Estado en diferido”. La norma en la que apoyan estas acusaciones es la conocida como 'ley de nietos', que permite optar a la nacionalidad española a los hijos y nietos de exiliados por el franquismo. Pero el PP y Vox no hicieron crítica alguna durante la tramitación parlamentaria a esta disposición, cuya redacción, de hecho, es muy similar a la que propuso el PP en 2022.
La que estos días se ha dado a conocer públicamente como la 'ley de nietos' es, en realidad, una pequeña parte de la legislación sobre memoria democrática: en concreto, su disposición adicional octava. Este texto permitió, entre octubre de 2022 y octubre de 2025, solicitar la nacionalidad española a “los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado” al pasaporte español. A fecha de 30 de abril de 2026, las solicitudes de nacionalización ascendían a 2.622.450, según una respuesta parlamentaria del Ministerio de la Presidencia y Justicia al PP. En esa misma fecha, el número de peticiones aprobadas ascendía a 557.709, según el mismo documento.
