Santiago Abascal lo dijo con todas las letras el pasado miércoles durante la comparecencia parlamentaria del presidente del Gobierno en el Congreso: “Sánchez está actuando para robar las elecciones”. Una solemne y grave denuncia de “pucherazo” que el líder de Vox ya venía repitiendo desde hace algún tiempo y que, en medio de la estridente algarabía del Congreso, tampoco levantó mucho escándalo. Días después, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, toman el testigo, aunque con un lenguaje más ambiguo.Feijóo no habla de pucherazo, sino de “ingeniería electoral”. Pero, al igual que Vox, extiende la sospecha sobre el proceso para conceder la nacionalidad a los nietos de españoles emigrados al extranjero, que atribuye a un interés de Sánchez por “fabricar votantes”. Una postura que contrasta con su defensa durante años del derecho de los descendientes de emigrantes en el exterior a obtener el pasaporte del país originario de sus abuelos. Meses antes de las elecciones generales de julio de 2023, Feijóo acudió a hacer campaña a Buenos Aires y allí prometió una “ley específica” para conceder la nacionalidad a los descendientes de españoles “desvinculada de la ideología”. El líder de la oposición no se oponía a tramitar el pasaporte a los nietos de emigrantes —lo llevaba defendiendo durante años— sino a que se ciñese a aquellos cuya familia se exilió tras la Guerra Civil, como se contempla en la ley de memoria democrática. Días después, el entonces presidente del PP de Argentina, Alejandro López Dobarro, denunciaba que el PSOE había puesto en marcha una “campaña del miedo” para difundir que, si Feijóo ganaba las elecciones, bloquearía ese acceso a la nacionalidad. Y precisaba que el líder de su partido se había comprometido en Buenos Aires “no solo a blindar, sino a dignificar el acceso a la nacionalidad para los descendientes de españoles” y a “no limitar a una ventana temporal esa posibilidad”. La ley de memoria de 2022 establecía un plazo de dos años para que los nietos presentasen su solicitud. Aunque en principio lo que se ha venido en llamar ley de nietos —en realidad una disposición adicional de la ley de memoria democrática— apuntaba a los descendientes de exiliados por motivos políticos, en la práctica ha servido para que se acojan a ella los familiares de cualquier emigrante. Según los últimos datos del Ministerio de Exteriores, se han tramitado 1,2 millones de solicitudes, de las que más de medio millón ya están aceptadas. El número total podría ascender hasta a 2,4 millones, según los datos del Gobierno. Feijóo, en su entrevista de este lunes en EsRadio con el periodista Federico Jiménez Losantos, ya no distinguió entre hijos de exiliados y de emigrantes en general. Ahora, después de que Vox haya agitado el asunto durante días, el presidente del PP cuestiona el hecho mismo de otorgar la nacionalidad y, por tanto, el derecho a voto a esos cientos de miles de personas de origen español: “Lo que hay detrás es ingeniería electoral, interés de conseguir nuevos votantes a través de la nacionalidad y el pasaporte”. Isabel Díaz Ayuso también llevaba días cuestionando la ley de nietos y este lunes volvió a la carga con advertencias a los funcionarios de los consulados: “Si otorgan la nacionalidad a quien no la merece, han de saber que están haciendo algo ilegal”. A lo largo de los últimos años, el PP ha votado en varias ocasiones a favor de medidas similares. En 2018, por ejemplo, los populares apoyaron en el Senado una iniciativa en ese sentido de Unidas Podemos aprobada por unanimidad. Quien intervino en respaldo de la propuesta en nombre del Grupo Popular fue su actual portavoz en el Congreso, Ester Muñoz.En el caso del PP gallego, que el ahora líder nacional comandó durante 16 años, la concesión de la nacionalidad a los nietos de su diáspora ha sido una reivindicación histórica. La numerosa colonia gallega en América ha rendido grandes beneficios electorales a los populares, con porcentajes de apoyo de más del 60% en la época de Manuel Fraga. Tras tomar el testigo de este, Feijóo acudió en 2006 a Buenos Aires, como líder de la oposición en Galicia, a un congreso del PP de Argentina. Allí criticó que los nietos de emigrantes “con derecho a la nacionalidad española” no lograban tramitarla mientras aquí se le otorgaba a “los africanos del norte, a los europeos del este o a cualquiera que no tenga sangre española”.En los años siguientes, sus críticas se dirigían a que solo se reconociese el derecho a los descendientes de exiliados políticos y no a los de toda la diáspora. El argumento de Feijóo era que se favorecía únicamente a aquellos con abuelos cuya ideología “coincidía con la ideología del PSOE”. La participación electoral de los inscritos en el censo de los llamados residentes ausentes (CERA) suele ser muy escasa. En las últimas generales apenas sumó 203.000 votos, menos del 9%. El PP ganó holgadamente con un porcentaje similar al recogido en España, el 32,7%, frente al PSOE que, en cambio, cosechó solo el 24,9%, casi siete puntos menos que la media nacional. En Madrid, el PP se disparó hasta el 42%, gracias a lo cual pudo sumar un escaño más a los que le habían correspondido por las urnas en España.