La ley de nietos, es decir, el apartado de la Ley de Memoria Democrática actualizado hace cinco años para facilitar la nacionalidad a los descendientes de españoles exiliados por culpa del franquismo, ha pasado desde entonces por 32 trámites o pasos parlamentarios: desde nueve debates en pleno y comisiones en el Congreso y el Senado hasta 16 publicaciones en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, cinco en el Diario de Sesiones y dos en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El PP, tras cuestionar la decisión del Gobierno como un posible intento de “ingeniería electoral”, ha modulado sus críticas y las ha dirigido a las presuntas prisas y opacidad del proceso. Los autores de la iniciativa en el Gobierno lo niegan con datos: la ley lleva cuatro años aprobada tras múltiples debates y tras haber recibido 469 enmiendas, 93 del PP; además, la instrucción polémica que aclara su repercusión se publicó en el BOE en octubre de 2022.El histórico Manuel Fraga, el entonces presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, el actual mandatario gallego, Alfonso Rueda, y hasta la que era senadora del PP y ahora su portavoz en el Congreso, Ester Muñoz, prometieron en distintos foros y campañas electorales, en Buenos Aires y en España, que harían todo lo posible para que “todos los nietos de aquellos ciudadanos españoles que tuvieron o quisieron salir de España al exilio puedan acceder ahora a la plena nacionalidad que está en sus orígenes”. Les parecía de “justicia” que recuperasen lo que nunca debieron haber perdido: la nacionalidad española. Ni preguntaron antes por si esos nietos o familiares exiliados habían pisado alguna vez Galicia o el resto de España ni especularon con cuál podría ser el sentido de su voto si alguna vez lo pudieran restañar. El PP, de hecho, ha gobernado 37 años en Galicia en esta etapa democrática y el voto exterior siempre resultó goloso electoralmente, pero escaso y poco relevante.Tras lanzar el propio Feijóo la especie de la posible “ingeniería electoral” sobre las intenciones del Gobierno con esa disposición de la Ley de Memoria Democrática, el PP intentó enmendar sus declaraciones y precisar que lo que ponía en cuestión era el procedimiento de “opacidad y prisas” con que se había llevado a cabo, según expresó la portavoz en el Congreso, que anunció que pondrían en marcha iniciativas para revisar todos los expedientes concedidos, los contratos habilitados y los funcionarios implicados.El proceso de la Ley de Memoria Democrática actual fue el mismo que se sigue con este tipo de normas, que suelen llevar muchos meses y trámites. El primer paso llegó al Congreso con su publicación el 25 de agosto de 2021 en la Comisión Constitucional. Luego se dio plazo a la presentación de enmiendas, desde el 30 de ese mes hasta el 11 de noviembre. Estas fueron calificadas, más tarde debatidas. Esa comisión tardó después siete meses en elaborar un informe, cuyas conclusiones se llevaron a un dictamen correspondiente entre junio y julio de 2022. El pleno del Congreso lo debatió entre el 4 y el 14 de julio de ese año, se trasladó al Senado hasta el 5 de octubre y volvió a la Cámara baja para su aprobación final con las modificaciones el 14 de noviembre de 2022.En el camino se presentaron a la ley 469 enmiendas, 93 de ellas del PP. En la enmienda número 430, firmada por la entonces portavoz popular ahora relegada, Cuca Gamarra, se proponía una redacción para la disposición adicional octava ahora polémica sobre la adquisición de la nacionalidad española: “Los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española, podrán optar a la nacionalidad española, a los efectos del artículo 20 del Código Civil”. No parecía haber mucho debate sobre esa redacción y así quedó.Una instrucción hace cuatro añosComo ni la primigenia Ley de Memoria Histórica ni la remozada Ley de Memoria Democrática precisaban bien las directrices sobre el ejercicio y alcance de este derecho, así como las normas de procedimiento precisas para agilizar la tramitación de esas solicitudes, la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia emitió una instrucción que se publicó en el BOE el 26 de octubre de 2022 para aclarar esas posibles dudas de los encargados de las Oficinas del Registro Civil. Hace de eso casi cuatro años.Es ahí donde ahora se ha puesto el foco porque la instrucción interpreta que ese párrafo no se dirige “únicamente a los hijos, hijas, nietos y nietas de exiliados que nacieron después de que sus padres/madres y/o abuelos/abuelas perdieran la nacionalidad española” sino que “es posible encontrar una interpretación más acorde con la verdadera voluntad del legislador y el espíritu de la ley”. Y añade que también podrían beneficiarse los descendientes de españoles que hubieran sufrido exilio por razones de orientación e identidad sexual y “los hijos e hijas nacidos en el exterior de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978”.Esas reparaciones añadidas tampoco generaron en su día ninguna polémica y solo fueron recurridas por los ultras de la Asociación para la Reconciliación y la Verdad Histórica, que impugnaron la decisión de la directora que firmó la instrucción, Sofía Puente, fiscal, hermana del ministro de Transportes, Óscar Puente, y con una dilatada carrera profesional en el mundo de la justicia. La impugnación presentada por dicha entidad no fue admitida por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. La organización ultra Hazte Oír ha aprovechado el revuelo de estos días con la ley de nietos para presentar una querella por prevaricación administrativa contra la directora general de Justicia.En Justicia y en el conjunto del Gobierno entienden toda esta polémica como parte de la estrategia general del PP y de Vox, ahora cada vez más al unísono, de poner en solfa, duda y bajo sospecha cualquier actuación del Ejecutivo, aunque plantee, como esta norma, lo mismo que los populares llevan defendiendo años en toda Latinoamérica. El texto bajo la lupa no es una orden, es una instrucción para que los funcionarios o contratados en los consulados puedan saber a qué atenerse. La teórica avalancha de posibles inscripciones no solo no se ha resuelto a toda prisa, sino que lleva una cadencia que en teoría debería ser asumible, pese a algunos problemas en algunos puntos concretos.El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha especificado que, hasta el pasado 31 de marzo, un total de 2,4 millones de personas habían pedido la cita en oficinas consulares para presentar su solicitud de acceso a la nacionalidad acogiéndose a esa ley que lleva en vigor cuatro años. 1,2 millones de solicitudes se presentaron oficialmente en dichas oficinas y 544.722 ya han sido aprobadas, de las cuales 306.000 ya están inscritas en el registro. Para ilustrar las dimensiones del proceso y negar las “prisas” que denuncia el PP, Justicia señala que solo en 2025 ya gestionaron más de 296.000 solicitudes de nacionalidad por residencia —es decir, al margen del procedimiento habilitado por la Ley de Memoria Democrática—, de las que se aprobaron más de 221.000. “No es que [las nacionalizaciones por la ley de nietos] no vayan rápidas, es que van lentísimas”, explica Justicia.