Esto que llamamos estos días “ley de nietos” no es un invento reciente. Ni siquiera es de esta legislatura y tampoco es una ley en sí misma. Se activó a través de una disposición adicional de la Ley de Memoria Democrática hace casi cuatro años. Fue aprobada en el Congreso en julio de 2022 y el Senado la ratificó cuatro meses después. Contó con el voto favorable de los 173 diputados que sumaban PSOE, Podemos, PNV, Bildu, PDeCat, Más País y Compromís, la abstención de ERC y el BNG, y el voto en contra de PP, Vox, Ciudadanos, Junts y la CUP. Durante el debate parlamentario nadie habló de "ingeniería electoral". Quienes se opusieron en el Congreso lo hicieron porque ofrecía una versión de la historia de España y la Transición que consideraban ideológica y, además, pactada con EH Bildu. El encargado de defender la posición del PP fue el entonces diputado Jaime Mateu, víctima del terrorismo de ETA. Prometió que Alberto Núñez Feijóo derogaría la norma cuando llegase al Gobierno por la "repugnancia" de beneficiar "a los herederos políticos de los asesinos etarras". El portavoz de Vox, Francisco Contreras, centró su intervención en el rechazo a asumir "el relato histórico sectario de la extrema izquierda". Las nacionalizaciones sí salpicaron la tramitación parlamentaria. El Grupo Popular llegó a registrar una enmienda —la número 430—, una "mejora técnica" que proponía eliminar algunos supuestos, como el de otorgar la nacionalidad a los descendientes de aquellos que se hubiesen marchado de España por su "orientación sexual". No llegó a debatirse porque fue retirada inmediatamente por la propia presión interna, ejercida sobre todo desde la organización del partido en el exterior. Hubo otra modificación que sí llegó a debatirse y votarse. Una impulsada por Ciudadanos en la que se proponía que la obtención de la nacionalidad no beneficiase sólo a los exiliados, sino a cualquier descendiente, como ocurre en otros países europeos. Fue tumbada por goleada. El PP votó en contra y el PSOE también. Paradójicamente porque, unos días después, el Gobierno introdujo una modificación de la norma en términos muy parecidos a los que pedía el partido de Inés Arrimadas. Y sin pasar por las Cortes. La instrucción fue firmada por la entonces directora general de Seguridad Jurídica, Sofía Puente, hermana de Óscar Puente, quien abrió —como pedía Ciudadanos— la concesión de la ciudadanía a todas las personas con un padre, abuelo, bisabuelo y tatarabuelo español emigrado. Según una decena de juristas y diplomáticos consultados, este es el aspecto más cuestionable de todo el proceso legislativo. Algunos lo definen como “una chapuza en forma y fondo”. La instrucción simplificó mucho los requisitos y amplió, de facto, la horquilla temporal de los antepasados, que en la concepción original se limitaba a aquellos que salieron de España entre el 18 de julio del año 36 y el 31 de diciembre del año 55. Circunstancia que, por otra parte, ha pasado totalmente desapercibida durante los casi cuatro años que lleva en vigor. Sólo el exdiputado de Ciudadanos y entonces miembro del Grupo Mixto, Pablo Cambronero, registró una pregunta escrita dirigida al Gobierno para interesarse por los "efectos" de la mencionada instrucción. ¿Cuánta gente se va a nacionalizar y en cuánto tiempo? Al revés de lo que ocurre en otros países, donde el derecho a reclamar la nacionalidad de padres y abuelos está garantizado en el Código Civil, la “ley de nietos” creó un marco temporal, abriendo una ventana de oportunidad finita para millones de personas. El 22 de octubre de 2025 se cerró el plazo para solicitar cita previa y en esa fase inicial se inscribieron un total de 2,5 millones de personas, de las cuales menos de la mitad (1,2 millones) se han presentado ya en las oficinas consulares aportando algún tipo de documentación. Ese primer contacto es solo el inicio del proceso administrativo. De hecho, a fecha del 31 de marzo de 2026, solo se le había concedido la nacionalidad a algo más de medio millón (544.000), de los cuales se han inscrito en el registro —y tienen por ello derecho a voto— unas 306.000 personas. Es decir, en más de tres años de proceso se ha completado menos de un 15% de las solicitudes. Los sindicatos y el personal consular llevan años quejándose, sin recibir demasiada atención, de la sobrecarga de trabajo que les ha supuesto una decisión política que no se acompañó de los recursos necesarios. “Es una avalancha que rompe las costuras del sistema consular. Ni siquiera se arregla contratando más gente a medio plazo. Habría que hacer un replanteamiento integral”, valora una fuente diplomática. La documentación que se exige en el proceso (incluidas las partidas de nacimiento de todo el árbol genealógico hasta conectarlo con España) es sometida a los controles exhaustivos de cualquier otro proceso de nacionalización. Argentina es el país que más solicitudes ha recibido, cerca de un tercio del total. Le siguen Cuba, Brasil y México Y las manos son la de siempre. Según datos recabados por el sindicato CSIF, en las embajadas con mayor volumen de peticiones la plantilla no pasa de unas decenas de personas, la gran mayoría contratados locales con salarios muy bajos. Arrecian las críticas contra la gestión de José Manuel Albares, muy cuestionado dentro del ministerio por haberse desentendido sistemáticamente del día a día del Servicio Exterior. "Solo le interesa cuando tiene que subir algún video a TikTok", se quejan desde otro consulado. Solo en fechas recientes se han anunciado refuerzos y mejoras para agilizar los procesos. "Algunos de esos anuncios se han publicitado con exageraciones de eficiencia y celeridad, lo que ha contribuido a alimentar el bulo del pucherazo". Argentina es el país que más solicitudes ha recibido, cerca de un tercio del total. Le siguen Cuba, Brasil y México (alrededor de un 10% cada uno). Después van Chile y Venezuela (5 y 2,5%). El caso del consulado general de Buenos Aires es paradigmático, no sólo por tratarse del más grande de toda la red española, sino también porque es el que más solicitudes tiene sobre la mesa. Hay que tener en cuenta que, más allá de la 'ley de nietos', la embajada en Argentina ya da servicio a unos 360.000 españoles, más personas de las que viven en Bilbao o Alicante. A eso hay que sumar ahora los 645.052 expedientes que han llegado en plazo. El consulado de Buenos Aires ha tenido que reestructurar todo su funcionamiento y adaptar sus horarios para gestionar la avalancha sin provocar un colapso de sus servicios regulares. Están logrando atender a unos 230 solicitantes al día —de los previamente inscritos—, muchos de los cuales llegan sin toda la documentación requerida o directamente no cumplen los requisitos. Fuentes del consulado estiman que, a este ritmo, es imposible finalizar esta fase de recogida antes de mayo de 2030. Lo normal es que se alargue hasta bien entrado 2031. Y estamos hablando únicamente del proceso inicial, de recibir la documentación. Con la ley de memoria histórica se necesitaron 13 años para gestionar unos 60.000 expedientes Lo más complicado viene después: revisar uno por uno los papeles y digitalizar los expedientes. En la cadena de comprobación hay procesos que consumen mucho tiempo, como verificar las llamadas apostillas de La Haya, una práctica de la burocracia internacional que sirve para que un documento público emitido en un país sea reconocido en el extranjero. Otro de los trámites es establecer el origen del antepasado en España, dato que, llegado el caso, se ha de enviar al INE para determinar la circunscripción provincial donde se ejerce el derecho al voto. Se ofrece la posibilidad al solicitante de modificar ese apartado aportando la documentación que lo justifique (una vivienda en propiedad, familiares vivos, etcétera), pero es algo que pide una proporción marginal de los votantes. De los cerca de 220.000 expedientes completos recibidos en Buenos Aires a fecha de junio de 2026, apenas se han resuelto unos 30.000. El ritmo es tan lento que, en estos momentos, se están tramitando los papeles entregados en septiembre de 2023. El resto se sigue apilando en un antiguo centro cultural y pesa ya más de 60 toneladas. TE PUEDE INTERESAR ¿Cuánto se tardará en procesarlo todo? Nadie se atreve a hacer un pronóstico. Con la ley de memoria histórica se necesitaron 13 años para gestionar unos 60.000 expedientes. “Si haces la regla de tres, te sale más de un siglo”. Los consulados llevan años pidiendo ayuda, por ejemplo, a la hora de digitalizar los expedientes, una labor mecánica y tediosa que ralentiza mucho el proceso. Ahí es donde surgió la idea de contratar ayuda externa, como es el caso de INECO, uno de los extremos que ha alimentado la polémica política. Fuentes de cinco consulados diferentes insisten en que la participación de empresas externas que apoyen la labor de los consulados no significa que se vayan a encargar de resolver los expedientes. "Solo se trataría de digitalizar o de dar algún servicio auxiliar, pero el proceso lo resuelve un funcionario". En varios de los consulados contactados, por ejemplo, la ayuda de INECO es algo que leen en los periódicos y escuchan a los políticos. Ni siquiera les han confirmado que se haya formalizado el encargo. Y aunque se aprobase mañana, insisten, tardarían un tiempo en iniciar la colaboración. “Para empezar haría falta desarrollar un programa informático para extraer los metadatos”. ¿Y van a votar en masa? Los españoles en el extranjero votan poco y, cuando lo hacen, no se decantan mayoritariamente por ningún partido político. Además, existe una gran diferencia al respecto entre los españoles desplazados al extranjero por trabajo o familia y quienes consiguen la nacionalidad posteriormente. De este último grupo, un porcentaje altísimo (más del 50% en algunos consulados) ni siquiera tramita el pasaporte español. Esto es así porque, para millones de latinoamericanos, tramitar una nacionalidad europea es más bien un seguro por si las cosas vienen mal dadas. La serie histórica está en cualquier caso distorsionada por los cambios en el procedimiento introducidos en los últimos años. En las tres elecciones previas a la crisis económica (2000, 2004 y 2008), la participación de los españoles en el extranjero se mantuvo por encima del 25%. La mecánica para votar era muy sencilla y el sistema estaba mucho menos protegido ante irregularidades. Una vez que entra en vigor el llamado voto rogado (que obligaba a solicitar las papeletas por correo con mucha antelación), la participación se desplomó, llegando a caer por debajo del 5%. Las elecciones generales de 2023 fueron las primeras bajo el actual reglamento, que ya no complica tanto las cosas como el voto rogado, pero no es tan laxo como el sistema anterior. La participación subió entonces al 10,04% y el PP le arrebató un diputado en Madrid al PSOE gracias al voto exterior. Tanto la participación como el número de votantes CERA podrían aumentar algo en los próximos comicios. Pero su impacto, prevén unanimemente los expertos demoscópicos consultados, será muy reducido. Ni en Argentina, ni en Brasil, ni en México, ni en Cuba existen motivos para pensar que los descendientes de españoles que optan a la nacionalidad estén movilizándose en torno a un partido concreto. Y el proceso, insisten todas las fuentes consultadas, tiene las mismas garantías que en cualquier circunscripción española. El único gobierno que ha cambiado de signo en democracia gracias al voto exterior fue el del gobierno de Asturias en 2012. En las últimas autonómicas, las de Andalucía, apenas se emitieron 18.000 votos desde el exterior (eso es poco más del 6 por ciento de participación) y la izquierda sacó dos puntos porcentuales más que la derecha. No tuvo impacto ninguno en el resultado final. ¿Pero esto pasa en otros países? Solicitar la ciudadanía de los progenitores emigrados décadas atrás es una práctica habitual en Europa, donde el llamado “Ius sanguinis” (derecho de sangre) prima sobre el “Ius soli” (derecho del suelo). Hay varias modalidades y aproximaciones legales, pero está especialmente desarrollado en los países que experimentaron éxodos migratorios recientes, como Italia, Irlanda, Portugal o Polonia. Generalmente, se trata de un derecho consolidado en el Código Civil, pero también hay naciones —como Alemania— que han establecido reparaciones con motivos de reparación política tras una dictadura. El derecho al voto para los residentes en el extranjero también es un tema que cada país regula a su manera y que también ha sido objeto de debate político. En naciones como Italia o Francia no se envían dichos votos a las circunscripciones ya existentes, sino que tienen sus propios escaños desde los que representar, precisamente, a quienes viven fuera del país. La ley de Reino Unido, por ejemplo, suspendía el derecho a voto a los ciudadanos que pasasen más de 15 años residiendo en el extranjero, una norma que fue eliminada en 2022. Algo parecido ocurrió en Canadá, donde el Tribunal Supremo lo consideró inconstitucional. En Alemania se sigue restringiendo el voto a aquellos que llevan fuera más de 25 años, a no ser que puedan demostrar ante un juez que la política alemana sigue afectando sus intereses. Un debate importante que hemos afrontado ahora en España de la peor manera posible.