Un instrumento de "ingeniería electoral y social" para la oposición. Una cuestión de "justicia" para el Gobierno. La llamada Ley de Nietos -que ni siquiera tiene ese rango legal por sí sola, ya que es un apartado de la Ley de Memoria Democrática- se convierte no solo en objeto de debate político. También suscita la controversia de los expertos, por las profundas consecuencias que tendrá en el desenlace de las futuras elecciones españolas, en un plazo tan cercano como 2027.De acuerdo con el estudio más reciente sobre esta materia (fechado el pasado 25 de junio), Análisis de la Ley de Nietos y sus implicaciones, del think tank Freemarket Corporate Intelligence, esta norma está en condiciones de incorporar hasta "1,3 millones de personas con derecho a voto efectivo", justo al cierre de la presente legislatura. En otras palabras, la norma tendrá un resultado, en cuanto a personas no residentes que accederán a la nacionalidad española, "que doblará las previsiones iniciales, inyectando una masa electoral inédita", equivalente a la población de una comunidad autónoma de tamaño medio.
¿Cómo es posible un crecimiento tan abultado -superaría el 3% del actual censo electoral- en un periodo tan breve? Es cierto que el proceso que permite nacionalizarse españoles a los hijos y nietos de los exiliados de la Guerra Civil y del franquismo (aun cuando no hayan residido en ningún momento en nuestro país) ha batido las expectativas. Se estima que el total de solicitudes rebasa los dos millones. Ese número no aumentará, porque el plazo de presentación está cerrado desde finales de 2025. Desde entonces está abierto el proceso de estudio y aprobación del Ministerio de Asuntos Exteriores, y todo depende de su capacidad de gestión de tan ingente cantidad de documentos.
