El tsunami que la Ley de Nietos creará en el sistema electoral español, ya en 2027, no solo se relaciona con la extensión del derecho a voto a cerca de 1,3 millones de personas nacionalizadas españolas que residen en el exterior. Los expertos avisan también de las distorsiones que puede provocar el hecho de que los efectos de la Ley de Nietos se van a solapar con las ya cuestionadas consecuencias que tuvo la eliminación del llamado voto rogado para los españoles residentes en el extranjero.Dicha supresión entró en vigor en 2022 y genera polémica desde entonces, por el modo en que relajó el control de los sufragios procedentes de más allá de nuestras fronteras. Según los expertos consultados por elEconomista.es, sus distorsiones amenazan con proliferar -al igual que los conflictos jurídicos a ellas asociados- desde el momento en que se multiplicará el censo de votantes registrados en otros países en apenas un año.

La reforma del voto de los residentes en el exterior se vio como una necesidad, por los principales partidos, debido a que era un sufragio rogado, en el sentido más estricto del adjetivo. No en vano debía solicitarse formalmente, con la suficiente antelación y solo a través de los documentos expedidos a este efecto, a las juntas electorales correspondientes.