La cuestión es algo compleja de explicar, y pese a lo anecdótico, resulta un ejemplo paradigmático de la locura inmobiliaria de la ciudad. Los personajes principales son: una propietaria de un piso en València que se encuentra en Estados Unidos, una pareja de Letonia y Estados Unidos que tiene ese piso alquilado, una unidad de Policía Local que acude a un aviso y dos trabajadores de la empresa Desokupa. El conflicto, o uno de ellos: un alquiler turístico ilegal, un intento de desalojo por incumplimiento de contrato y una cuantiosa multa. El escenario: un crecimiento exacerbado de viviendas de uso turístico que sirven para hacer negocio.
A finales de febrero, la Policía Local inspecciona un piso turístico en Benicalap y levanta acta de sanción por no tener licencia, pese a estar en el registro autonómico desde 2018. Semanas después, en mayo, finaliza el trámite y el Ayuntamiento establece una sanción de 10.000 euros por una falta grave —carencia de título habilitante y de informe de compatibilidad urbanística— y se la traslada a la propietaria, una mujer extranjera cuya nacionalidad no ha trascendido y que se encuentra en EEUU.
La segunda semana de marzo, una mujer llama a la Policía Local en València y explica que no puede entrar en su domicilio en el barrio de Benicalap. La mujer, con pasaporte de Letonia, explica que hay dos hombres dentro de la vivienda, en la que reside de alquiler, que hablan en representación de la propietaria, que también está dentro, y que no le permiten acceder. Los agentes se personan en el piso, donde se encuentran dos miembros de la empresa 'Desokupa 24 horas', que se identifican y les muestran la vivienda.
