El Gobierno valenciano sigue adelante con su estrategia contra la ocupación irregular de las viviendas del parque público, un programa en el que está poniendo gran interés comunicativo y presupuestario. Tras anunciar la compra de un sistema de alarmas, por cerca de medio millón de euros, y la contratación de empresas de vigilancia privada en algunos grupos de inmuebles, la Conselleria de Vivienda que dirige Susana Camarero lanza ahora un contrato para buscar una empresa que 'desokupe' los inmuebles.
El valor del contrato roza los 800.000 euros sin IVA para los próximos seis años, valor que con impuestos se eleva al millón. Su objeto es “servicio de intervención para la recuperación de viviendas del parque público de viviendas de la Generalitat adscritas a la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA)”. En los pliegos de contratación, la Generalitat deja ver el sistema que quiere para el parque público: un servicio que actúe en una hora desde que salte el aviso, represente a la empresa pública de vivienda y pueda recuperar los inmuebles. La entidad pública de vivienda lo justifica sobre tres pilares: que hay muchos expedientes, la mitad del personal para atenderlos y que conlleva “alta carga emocional y riesgo físico”.
