Una década después de que su puesta en funcionamiento, el derecho de tanteo y retracto se ha convertido en una herramienta clave de las políticas de vivienda del Govern. Según un estudio de la consultora KSNET con datos proporcionados por la Agencia Catalana de la Vivienda (ACH), una de cada cuatro viviendas de protección oficial gestionadas por la Administración catalana ya proviene del uso de ese mecanismo, que consiste en la compra preferente de una vivienda que salga al mercado. En concreto, mediante esta fórmula se adquirieron 8.859 pisos entre 2015 y 2025. El precio abonado, además, era menos de la mitad de lo que cuesta construir una vivienda protegida.El informe, elaborado junto al Observatorio Metropolitano de la Vivienda de Barcelona, pone de relieve cómo el derecho de tanteo y retracto es ya una de las principales palancas de la Generalitat para obtener pisos protegidos. Esa potestad, introducida en 2015, permite que el Govern pueda adquirir de forma preferente una vivienda que sale al mercado, siempre igualando el precio y las condiciones económicas que se ofrecían. Al principio, esas compras se realizaban en los supuestos de inmuebles procedentes de ejecuciones hipotecarias, pero posteriormente se ha ido ampliando ese espectro.El ejercicio de ese derecho por parte de la Administración ha compensado, solo parcialmente, la caída de la construcción de VPO de los últimos años. Entre 2015 y 2025 se entregaron 16.388 pisos protegidos de obra nueva. En los peores años, apenas se entregaban 700, muy lejos de las 8.600 que se finalizaban en plena burbuja, según el Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat). La Generalitat halló en el derecho de tanteo y retracto un arma para ampliar el parque de vivienda pública en plena sequía promotora. Es más, según fuentes del Ejecutivo catalán, el precio medio de adquisición de un piso en ese periodo es de 65.000 euros, cuando el coste de construcción de una vivienda asciende a 150.000 euros. Es decir, casi un 60% inferior.En esos diez años, según el estudio, la Generalitat ha recibido casi 250.000 notificaciones de pisos que salían al mercado. De estos, ha mostrado interés por casi 30.000 que ha acabado yendo a inspeccionar para, finalmente, adquirir 8.859. En total, se ha hecho con el 3,6% de las viviendas que han llegado a los despachos de la Agencia Catalana de Vivienda. El informe se ciñe a las compras efectuadas a través del decreto ley 1/2015 y no entra en las que ha podido llevar a cabo el Ayuntamiento de Barcelona mediante el Plan General Metropolitano para comprar edificios enteros de viviendas. De hecho, si bien la compra de esas viviendas permite a la Generalitat disponer de más parque con menos coste y mayor rapidez, también genera dificultades por la dispersión de los inmuebles.El podio: Barcelona, Terrassa y SaltLa Administración catalana protagoniza el grueso de las compras, si bien no todas. Los Ayuntamientos suponen el 15% del total, mientras que el tercer sector, otro 15%. El 60% de los pisos se hallaban en la provincia de Barcelona, con la capital catalana y Terrassa como principales focos. Sin embargo, en la tercera posición está la localidad de Salt (184 viviendas). Eso se debe a la política de vivienda de la localidad, que se fijó el objetivo de adquirir el máximo posible de viviendas procedentes de ejecuciones hipotecarias después de ver cómo más de 1.000 inmuebles pasaban a manos de fondos de inversión y bancos. Las fundaciones y ONG, en cambio, se han decantado más por las Tierras del Ebro, haciéndose con viviendas en Deltebre (82) o Amposta (69).El estudio indica que el piso medio comprado es de una media de 65 metros cuadrados y dos habitaciones. Después de dos años en los que apenas se recurrió a ese instrumento, a partir de 2018 se ejerció de forma sistemática a él para ampliar el parque de vivienda. De hecho, el año pasado se produjo el pico con 1.304 pisos adquiridos.