Seis años después le devuelven las llaves. Mete una en la cerradura con la cautela de quien no quiere confirmar lo que ya intuye. La puerta cede y aparece el inventario del desastre: puertas arrancadas, sanitarios destrozados, la cocina desmantelada, techos con agujeros, cables colgando, muebles inservibles. Y ocho colchones adicionales, malolientes.Un juez le ha devuelto la posesión de la vivienda en un estado irreconocible. Todo lo demás corre de su cuenta.Los escaparates con oferta inmobiliaria de venta y alquiler de pisos en Barcelona cada vez son más infrecuentes. Mané Espinosa / PropiasEsa ruina no empezó al abrir la puerta. Empezó mucho antes, el día en que dejó de cobrar el alquiler. La inquilina pagó un año y poco más. Los servicios sociales la declararon vulnerable y, cumplido el trámite, se esfumaron. Tanto fue así que ni se enteraron de que esta mujer realquilaba espacios del piso a 400 euros el colchón.Desde entonces la casa perteneció a otra persona. Las obligaciones, sin embargo, al propietario en exclusiva. Pagó IBI, seguros, averías, recibos. Después llegaron los costes de abogado y procurador. Y, al final, las reparaciones por los destrozos. Hacienda nunca entendió de moratorias. El Estado puede tardar años en resolver un conflicto, aunque para cobrar conserva una eficacia admirable.Hagan la cuenta. Más de cuatro años sin percibir un alquiler de 550 euros al mes por un piso de 80 m2, más todo lo anterior. Veinte mil euros que se evaporan. Quizá más. No es una cifra pensada para impresionar a nadie. Es real. La reconocerán demasiados propietarios que han podido recuperar su vivienda al decaer la moratoria antidesahucios para vulnerables y reactivarse procesos judiciales de reclamación atascados durante años.Sorprende menos que suban los alquileres que el hecho de que haya alguien dispuesto a entregar las llavesNo les falta razón a las ministras cuando dicen que quien deja de pagar porque no puede hacerlo “no es un okupa ni un inquiocupa, sino una persona que necesita el apoyo de lo público”. Nadie discute que una sociedad decente proteja a quienes son de verdad vulnerables. Pero queda otra cuestión esencial sin respuesta: ¿por qué ese apoyo termina financiándolo alguien a quien nadie preguntó si aceptaba esa carga?Ése es el punto ciego de este debate. Se habla mucho del derecho a la vivienda, que merece toda la protección posible, y muy poco de la seguridad jurídica, que también sostiene un Estado de derecho. Ambas cosas deberían poder convivir. Cuando dejan de hacerlo, alguien al azar acaba costeando en solitario una responsabilidad que es cien por cien pública.Sorprende menos que suban los alquileres que el hecho de que aún haya quien esté dispuesto a entregar unas llaves. Puede perder cinco años, más de veinte mil euros y acabar encontrando el piso de la herencia de la abuela devastado.Y luego nos preguntamos por qué desaparecen viviendas del mercado.Periodista. Redactora jefa en Sociedad. Antes, en Política, Cultura y Vivir. Premio Comunicació i Benestar Social del Ayuntamiento de Barcelona (1998). Colaboradora en RAC1. Premio Pedro Vega de Periodismo (2025)