Cristina P. Martín había comprado una vivienda de la Sareb en Carabanchel para vivir con su pareja. La jueza no creyó la versión policial

Era el día 48 de su nueva vida. Había pasado cuatro años de penurias para entrar a vivir en un piso propio, un hito nada fácil para cualquier pareja joven en Madrid. Era de madrugada y ella cenaba en el salón los restos del almuerzo tras haber llegado del concierto de su pareja, un cantante de punk que descansaba en el dormitorio. De repente, el salón se iluminó. Por el balcón entró el cañón de luz de un foco de búsqueda policial. Ella se asomó y vio que en la estrecha calle de Carabanchel había varios coches policiales. Al megáfono una agente le grit...

ó: “¡Señora! ¡tenemos una alerta de intrusión! ¡Baje ahora mismo!“.

Vestida con pijama, pantuflas y una bata gris con dibujos de rollos de sushi, salió al instante por la puerta de su piso, dispuesta a explicarles que debían haber cometido un error. Pensaba que la confusión era comprensible debido a que la entidad a la que compraron la vivienda, la Sareb, también conocida como “el banco malo”, no había quitado aún las alarmas de las zonas comunes ni la puerta antiokupas del portal, a pesar de que ellos les habían avisado por escrito de que se habían mudado, los primeros en estrenar aquel bloque de viviendas. A las tres de la mañana de aquel frío domingo 18 de enero bajó las escaleras con su móvil, donde guardaba las escrituras. Eso debía valer, creía. Estaba muy equivocada.