La alianza entre el Sindicato de Inquilinas y Sostre Cívic permite quedarse en casa a este vecino de Ciutat Meridiana, en Barcelona. A la larga, la vivienda será protegida
Romper la baraja, a las buenas. El no-poder-dormir de Juanjo Hernández Riesco, vecino del castigado barrio de Ciutat Meridiana, en Barcelona, ha terminado. “Hemos dado la vuelta a la tortilla, me veía en la calle”, suspira. Tiene 56 años y desde que estalló la crisis inmobiliaria, ha vivido casi permanentemente en riesgo de perder su vivienda: se hipotecó, se quedó en paro y sin poder pagar, entregó el piso al banco a cambio de quedarse con un alquiler social... El piso ha cambiado hasta cinco veces de manos en la selva inmobiliaria y hace un tiempo Juanjo perdió la condición de vulnerable que le permitía tener alquiler social por un pequeño aumento de salario en su trabajo de cocinero en una escuela, hasta 1.200 euros. En abril y mayo, Juanjo se libró de dos desahucios parados en el último minuto. Literalmente: la primera vez porque se concentraron cientos de vecinos y activistas; la segunda, al comprometerse a comprar el piso. Pero no tenía para dar la entrada. Le ha salvado una pionera solución fruto de un convenio entre el Sindicato de Inquilinas y la cooperativa de vivienda Sostre Cívic.
