Se lee en la sentencia del caso Ábalos, Koldo, Aldama que “el Estado de derecho debe premiar” la información del imputado que, con ella, contribuya a dotar de eficacia a la represión de conductas cometidas en el seno de organizaciones criminales, difícilmente penetrables sin una colaboración desde dentro. Con este modo de razonar, la Sala Segunda incurre en un error conceptual, porque la previsión legal del premio a la delación —al histórico “testigo de la corona”— no expresa deber alguno y menos de rango constitucional, sino justamente todo lo contrario. En efecto, pues tal clase de tratos son una cesión del Estado de derecho, de corte meramente utilitario, que choca con la lógica garantista del ius puniendi y del proceso acusatorio y contradictorio. Lo primero, al introducir una anómala diferenciación de la pena por tipos de imputado. Lo segundo, por desplazar lo nuclear de la decisión a un sujeto y a un espacio no jurisdiccionales, en un marco de discrecionalidad prácticamente incontrolable. Por eso, si algo hay en esta clase de supuestos, es una franca quiebra de la línea de principios sustantivos y procesales que, en rigor, debería prevalecer de forma incondicionada en la persecución de los delitos. Así, la ratio del instituto es cruda y exclusivamente pragmática. A ello se debe que, en Italia, con su entrada en la escena, suscitara muchas perplejidades e intervenciones, en algunos casos, de gran calidad teórico-crítica.