El corruptor Víctor de Aldama se pasea por los platós de televisión con una evidente sensación de impunidad. Su colaboración con la Justicia le ha resultado extraordinariamente rentable. No entrará en prisión —apenas pasó un mes entre rejas por el caso Hidrocarburos— y tampoco tendrá que devolver los millones de euros que, según la propia Fiscalía, habría obtenido ilícitamente de la trama de corrupción.El empresario Víctor de Aldama a su llegada al Tribunal Supremo durante el juicio del caso Mascarillas Dani DuchLejos de cargar con el estigma de la condena, Aldama se ha convertido en una figura mediática, invitado habitual en programas de televisión y protagonista de titulares. Quien participó en una trama corrupta se presenta ahora como un nuevo héroe que lucha contra la corrupción e invita “a los que vienen detrás” –Leire Díaz y Julio Martínez– a que colaboren en las investigaciones abiertas al PSOE y a José Luis Rodríguez Zapatero. Así lo consideran partidos como el PP y Vox.No conviene olvidar que para que exista un corrupto también debe haber un corruptorTanto el Código Penal como la doctrina del Tribunal Supremo establecen que la atenuante de confesión exige que esta se produzca antes de que el investigado tenga conocimiento formal de que el procedimiento se dirige contra él. Y no fue así. Aldama ya estaba siendo investigado, no solo por Hidrocarburos, también por el caso Mascarillas, cuando decidió colaborar con la Justicia. Nada que ver con José Luis Peñas, el delator de la Gürtel.Y aquí surge otra de las preguntas que sobrevuela en la sentencia del Supremo: ¿ha sido realmente determinante su colaboración para destapar los entresijos de la trama? Todo apunta a que no. En su informe definitivo, el fiscal anticorrupción Alejandro Luzón afirmó que “la prueba es tan abundante que podemos considerar que la declaración de Aldama no es decisiva para la determinación de estas conductas”. El mismo Luzón descartó las acusaciones que el empresario hacía de Pedro Sánchez como el número 1 de la trama.Aun así, el resultado final le ha supuesto un beneficio sustancial y no solo en el ámbito penal. La sanción económica de 3,7 millones de euros, vinculada al aprovechamiento de información privilegiada, ha quedado sin efecto o diluida en el resultado final del procedimiento.Es razonable que el ordenamiento premie a quienes contribuyen a esclarecer los hechos y a identificar a otros responsables, y que esa colaboración se refleje en una rebaja de la pena. Sin embargo, tampoco conviene olvidar que para que exista un corrupto, también debe haber un corruptor. Y este último no debería acabar beneficiándose hasta el punto de eludir consecuencias que, a ojos de muchos ciudadanos, resultan proporcionales a la gravedad de su conducta.Silvia Angulo Valdearenas (Esplugues de Llobregat, 1973) es redactora jefa de Política en La Vanguardia. Licenciada en Historia y Periodismo y máster en Ciudad y Urbanismo. Entre 1998 y 2021 fue redactora y jefa de sección en local.