La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha condenado este lunes a cuatro años y medio de prisión al empresario Víctor de Aldama, el comisionista que colaboró con la Justicia en el juicio al exministro de Transportes, José Luis Ábalos. No obstante, el Alto Tribunal ha suspendido la ejecución de la pena, de manera que el empresario no entrará en prisión. La Sala ha decidido optar por esta decisión dada su aportación al descubrimiento de los delitos y a condición de que Aldama no delinca, realice un año de trabajos en beneficio de la comunidad y presente un informe semanal de actividades. El tribunal que juzga este caso le ha impuesto una condena menor que las que solicitaban las acusaciones del PP, que ascendían hasta los cinco años, y la reclamada por la Fiscalía Anticorrupción, que pedía siete. En la sentencia, la Sala acuerda "la suspensión de las penas privativas de libertad impuestas a este acusado y lo realiza en convencimiento de que la aportación realizada al descubrimiento de los delitos merece la aplicación del art. 82 del Código Penal", e indica que esta suspensión "no es, ni mucho menos, un mecanismo vacío de todo contenido retributivo, como si se tratara de una suerte de perdón judicial", antes de señalar la Sala que "su colaboración con los fines de la Justicia no reducen la gravedad de los delitos contra los intereses generales".En cuanto a los servicios en beneficio de la comunidad, el Alto Tribunal señala que "su no ingreso en prisión (...) no disculpa, sin embargo, que, como razón de merecimiento de la suspensión de las penas privativas de libertad, desarrolle prestaciones al servicio de fines públicos que, de manera simbólica, reparen el mal causado a la sociedad española". Además, argumentan la elección de este mecanismo porque "ha identificado que es la que responde mejor a los fines que justifican la propia suspensión extraordinaria"."La condición alternativa de multa para personas con alto poder adquisitivo, cuando la condena ha sido, además, por delitos que afectan a intereses públicos relevantes, tiene escasa carga aflictiva y no satisface el irrenunciable componente retributivo al que también debe responder la suspensión extraordinaria", recoge la sentencia.Además, Víctor de Aldama no tendrá que devolver los 3,7 millones de euros que, según la Fiscalía Anticorrupción, obtuvo como comisión por los contratos de mascarillas durante la pandemia. La sentencia descarta el delito de aprovechamiento de información privilegiada por el que se reclamaba esa cantidad. Únicamente deberá responder de forma solidaria junto a José Luis Ábalos y Koldo García al pago de dos indemnizaciones a Ineco y Tragsatec, por 34.450 euros y 9.500,54 euros respectivamente, además del decomiso de 430.298 euros procedentes del delito de cohecho.La Sala ha condenado al exministro José Luis Ábalos a 24 años y tres meses de prisión por delitos de organización criminal, varios de cohecho, y otros de malversación y tráfico de influencias. Por los mismos delitos se ha condenado a su exasesor, Koldo García, a 19 años y ocho meses de cárcel en el marco de los hechos enjuiciados en el 'caso mascarillas'. Aldama, que pasó poco más de un mes en prisión preventiva como investigado en un fraude de hidrocarburos, optó entonces por colaborar con la Justicia con la meta de evitar volver a la cárcel.Sostuvo entonces que el exministro de Transportes y su asesor cobraban mordidas pagadas por él mismo, a cambio de resultar favorecido en contratos públicos de mascarillas en plena pandemia del covid-19. El Supremo considera ahora que la colaboración de Aldama ha sido especialmente decisiva para avanzar en la investigación, que no ha buscado en ningún momento exculparse, sino que ha admitido su participación en los hechos, y defiende la necesidad de premiar este tipo de comportamientos para conseguir depurar la corrupción.