Mientras la ciencia y la tecnología y sus derivaciones nos introducen en el fascinante mundo de la inteligencia artificial, siguen creciendo los escándalos de corrupción. Siempre asistimos al cambio entrelazado con la continuidad: el vértigo de la mutación digital, quemando etapas a increíble velocidad, frente a la inconmovible presencia de la corrupción.Por razones de espacio, omito explorar antecedentes más lejanos de esa inclinación malsana de las posiciones públicas para engrosar, mediante maniobras ilegales, la cartera del gobernante; pero el desenvolvimiento más pronunciado de estos procesos, a partir de que el matrimonio Kirchner y su séquito se instalaron hacia comienzos de este siglo en la Casa Rosada, nos impacta debido a que los juicios a que ellos concierne no concluyen con las debidas sentencias. Año tras año, década tras década, esos episodios se suceden, salvo excepciones de calibre como la de Cristina Kirchner.Por eso a ello se añade una urticante actualidad. Sin abundar en los detalles harto conocidos del papel, entre patético y grotesco, del por ahora jefe de gabinete y antiguo vocero del presidente Milei, habría que preguntarse a qué se debe esta nociva tendencia, justo en un gobierno que hizo gala de un insistente compromiso moral, repudiando con énfasis e injurias a una casta corrupta. ¿Es que, a fin de cuentas, la voz descalificante de la casta tiene una carnadura tal que permanece incólume entre nosotros?Sin cerrar una lista de suyo más compleja, varios problemas irresolutos explicarían esta situación. El primero alude a una contradicción entre el discurso utópico y la realidad de las cosas. La retórica del Presidente jamás negó su entusiasta adhesión a la idea de anarquía vinculándola con el capitalismo. Según sus diferentes versiones pacíficas y violentas, vinculadas ambas al socialismo hacia finales del siglo XIX y principios del XX, entre nosotros el anarquismo viene de lejos. Produjo una nutrida literatura -libros, manifiestos, periódicos- y nunca abandonó el ideal que ahora lo emparenta con el anarcocapitalismo: según dichos ideales, la sociedad más perfecta, cualquiera que sea su concreta expresión, es aquella en la cual gobiernos y estados no tienen cabida.Así, suprimido en tal sociedad el despojo del Estado sobre el individuo, la utopía brillaría en plenitud. La política conducente sería pues aquella que considera que el Estado y los impuestos que lo sostienen configuran un robo. En consecuencia, al paso que nos aproximamos a ese ideal utópico, los impuestos serían un mal necesario en un período de transición.En estos días, la política nada tiene que ver con la utopía anarcocapitalista, al tiempo que la realidad, dura y resistente, impone sus reglas dentro y fuera del país. Habría entonces que avanzar mediante conquistas parciales; pero en esa “batalla cultural”, según la llaman, quedaría un residuo capaz de calmar malas consciencias. Si en efecto los impuestos son un robo, ¿para qué pagarlos? ¿No sería acaso aceptable acumular dinero negro que, de acuerdo con la utopía anarcocapitalista, es honesto, dado que esquiva malignos exacciones estatales? Alguna justificación posible de los graves entuertos de Manuel Adorni parecen estar a la vista, en especial cuando él mismo, presunto evasor, justificó sus desplantes aduciendo que operar en negro no está tan mal.Ahora bien, entre tanta confusión y recordando lo obvio hasta noticia en contrario, operar en negro es ilegal dado que configura un delito que será juzgado y, si cabe, sentenciado por tribunales ordinarios. Tales las normas que nos rigen. Su formulación en los textos procura de ser clara, lo que no siempre ocurre; su efectividad operativa es, a su vez, más oscura, y plantea una pregunta que atañe al fundamento de legitimidad de la democracia republicana: ¿la aplicación de la ley es la misma para todos, pobres y ricos, agentes poderosos y pueblo llano? Este interrogante cuestiona uno de los principios en que se asienta esa legitimidad cuando el sentido formal y común de la ley contrasta con su sentido material. No es lo mismo gozar de la capacidad material para ejercer una defensa en juicio, salvo la que presta el Estado, que carecer de ella.El caso de la demora judicial es, al respecto, relevante. La demora en los juicios puede ser sopesada como el trámite en que despunta la impunidad o como el conjunto de acciones dormidas, pero no canceladas. El arte de encajonar expedientes, tan discreto como oportuno. En todo caso, debido a esa persistente fricción de poderes, aún la rutina judicial que no claudica del imperativo ético es lenta y fatigosa.El escenario es pues el de una fricción, de un choque de poderes en que se confrontan un poder judicial desbordado, a la espera de aplicar reformas imprescindibles para designar fiscales, jueces y camaristas, y el poder material de los presuntos corruptos y sus defensores en las diferentes instancias del proceso judicial. El volumen de la administración de justicia, su capacidad y eficacia, debería ser equivalente al volumen e influencia que ostentan esos personeros de la descomposición cívica.El ensamble de la riqueza mal habida de los imputados con la protección política es la causa de un creciente escepticismo popular hacia leyes que, según ese punto de vista, no son parejas y no cumplen con su cometido igualitario. Sin ir más lejos, otro ejemplo ilustrativo al respecto lo ofrecen unos directivos de la AFA, también sospechados de involucrarse en esta urdimbre indigna.El maridaje entre estos organizadores de nuestros torneos de fútbol (una “pasión de multitudes” que mueve inmensas sumas de dinero) con presuntos favoritismos en el seno del poder judicial, es otro indicio de nuestra insuficiencia institucional. A modo de conclusión, duele constatar como la aventura de la movilidad social ascendente, un rasgo saliente del “mundo de ayer”, circula ahora por los vericuetos de la ilegalidad; el atajo de los corruptos para trepar hacia arriba gracias a esa trama indecente y, por lo visto, interminable. Pueden ser, al cabo, signos de una declinación que no se apagan.Natalio R. Botana es Politólogo e Historiador. Profesor Emérito de la Universidad Torcuato Di Tella.