Hay una característica que define a la Argentina contemporánea: la dificultad para distinguir cuál es la prioridad. Todo parece importante, todo parece urgente y, al mismo tiempo, nada termina de resolverse. La política produce escándalos, la Justicia responde a destiempo y la sociedad asiste, una vez más, a un espectáculo donde las contradicciones parecen haberse naturalizado. En las últimas horas volvió a quedar expuesto uno de los problemas más profundos del sistema judicial argentino. En una de las causas por presunta corrupción, tanto un imputado como su expareja solicitaron que determinados videos no sean admitidos como prueba. La defensa argumenta que el material tendría un origen ilegal y que incluso habría podido ser manipulado. Ese planteo será materia de discusión jurídica, pero resulta inevitable preguntarse por qué buena parte de las investigaciones vinculadas a hechos de corrupción terminan girando alrededor de cuestiones procesales mientras el fondo del asunto permanece sin respuesta durante años. La Corte Suprema ratificó el decomiso de casi $685.000 millones a Cristina Kirchner y otros condenados
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