La Argentina ha entrado en una etapa muy delicada. Y no me refiero solamente a la economía, que efectivamente atraviesa un momento complejo, sino a algo mucho más profundo: la incapacidad del sistema político para resolver conflictos dentro de la propia política. Todo termina judicializado. Todo. Una ley votada por el Congreso “nace muerta”, según palabras de un funcionario del Gobierno. Un presupuesto universitario termina en la Corte Suprema. Un desacuerdo político se transforma automáticamente en un expediente judicial. Y mientras tanto, el sistema democrático argentino se va deteriorando lentamente frente a nuestros ojos. El círculo rojo insiste con el apoyo a Milei, pero le pide que mire señales de alerta en la microeconomía La frase del subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, diciendo que la ley universitaria “nació muerta”, es de una gravedad institucional enorme. Porque una cosa es cuestionar una ley, otra muy distinta es naturalizar la idea de que el Poder Ejecutivo puede desconocer políticamente aquello que votó el Congreso. El argumento podrá ser jurídico, económico o presupuestario. Pero el problema es político e institucional.
Esto no les gusta a los autoritarios
