El Tribunal Supremo ha marcado un antes y un despu�s en la lucha contra la corrupci�n pol�tica en nuestro pa�s con la primera sentencia del caso Koldo. En la hist�rica resoluci�n, que condena a 24 a�os de c�rcel al ex ministro y ex secretario de organizaci�n del PSOE, Jos� Luis �balos, a 19 a�os a su ex asesor Koldo Garc�a y a cuatro a�os y medio de prisi�n al comisionista V�ctor de Aldama -al que libra de ingresar en la c�rcel-, la Sala de lo Penal eleva su doctrina premiando sin ambages a quienes colaboran en destapar este tipo de delitos siendo protagonistas de los mismos.�El Estado de derecho debe premiar con los instrumentos previstos en la legislaci�n aquellos comportamientos relevantes que inciden en el descubrimiento y acreditaci�n de delitos de la gravedad para el sistema democr�tico como los que son objeto de este juicio. Las actitudes procesales de colaboraci�n deben ser premiadas para conseguir la depuraci�n de estas conductas de corrupci�n. Su intensidad depender� del grado de colaboraci�n que, en el caso ha sido m�xima, por los que m�xima ser� la compensaci�n en el se�alamiento de la consecuencia jur�dica�, concluyen los magistrados en referencia a Aldama.La resoluci�n constituye as� todo un llamamiento a colaborar con la Justicia a otros imputados por conductas de corrupci�n que se encuentran en fase de instrucci�n como, por ejemplo, el empresario y presunto testaferro de Zapatero, Julio Mart�nez Mart�nez, la fontanera del PSOE, Leire D�ez, o el ex secretario de Organizaci�n del PSOE, Santos Cerd�n.El mensaje es categ�rico: quien coopera de manera �especialmente decisiva� y �relevante� para avanzar en �muchos aspectos de la investigaci�n, dimensionando el alcance de la misma organizaci�n delictiva, identificando a otros posibles responsables y aportando datos e informaci�n de suma relevancia, sobre otros hechos presuntamente delictivos� -como el Supremo considera que ha hecho V�ctor de Aldama- tiene una recompensa.Sin duda, el fallo tambi�n es un incentivo para que el propio empresario contin�e colaborando con la Justicia en otras causas como la incoada por los ama�os de obras p�blicas - �hay muchos Aldama� ha repetido una y otra vez sin dar nombres concretos el comisionista- o el procedimiento abierto en la Audiencia Nacional por el descontrol de efectivo en la sede del PSOE -ha asegurado que existe financiaci�n irregular del partido en el juicio del TS-.En la sentencia, adoptada por unanimidad de una Sala de composici�n equilibrada entre magistrados conservadores y progresistas, el Alto Tribunal enumera la legislaci�n internacional en la lucha contra la corrupci�n (el Convenio Penal sobre la corrupci�n del Consejo de Europa, la Convenci�n de las Naciones Unidas contra la corrupci�n, la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la doctrina del Tribunal de Justicia de la Uni�n Europea, el Convenio de la OCDE de lucha contra la corrupci�n de agentes p�blicos extranjeros, etc) para concluir que �la lucha contra la corrupci�n y la delincuencia organizada, como preocupaci�n esencial de todo Estado democr�tico y de derecho, debe articularse, en primer lugar, a trav�s de la activaci�n de los mecanismos de control de la propia Administraci�n�.Julio Mart�nez en la comisi�n del 'caso Koldo'.EUROPA PRESSY, a�ade, �controles que, a todas luces, fracasaron en nuestro caso; lo que, por otro lado, bien parece obedecer a esa situaci�n de colonizaci�n de las instituciones y empresas p�blicas, as� como de otras tantas conductas llevadas a cabo por los aqu� acusados, desde sus puestos de poder y/o influencia, muy alejadas del inter�s general que deb�a guiar su actuaci�n�. Asimismo, el Supremo recalca que �los delitos de corrupci�n derivados de criminalidad organizada, solo pueden ser eficazmente investigados, y reprimidos, mediante dos institutos: un control interno independiente y fuerte en sus capacidades de control, a la manera de un plan de cumplimiento normativo, o un delator interno que sea capaz de, asumiendo su responsabilidad, incriminar a otros autores. En el caso, el primer instrumento se�alado era de todo punto ineficaz, pues el propio ministro estaba implicado [el ex titular de Transportes Jos� Luis �balos]. S�lo la declaraci�n incriminatoria de un coautor ha posibilitado la investigaci�n y, ahora, la condena�.Tambi�n valoran los magistrados que Aldama �ha propiciado y favorecido otras investigaciones y procedimientos seguidos en distintos Juzgados, en los que el acusado contin�a prestando una colaboraci�n activa. Y estos dos condicionantes, confesi�n del hecho delictivo y colaboraci�n en la investigaci�n de otras acciones criminales, mantenida en el tiempo, han sido valorados por esta misma Sala en ocasiones anteriores para avalar la existencia de una contribuci�n activa de especial relevancia, y por tanto merecedora de una atenuaci�n de especial intensidad�.Esta sentencia tambi�n es una victoria rotunda para la Fiscal�a Anticorrupci�n y, en concreto, para su fiscal jefe, Alejandro Luz�n. En primer lugar, porque fue el fiscal encargado de este caso y, en segundo, porque el Supremo le ha dado la raz�n en contra de la orden que le dio -y �l acat� sin hacer ruido- la fiscal general del Estado, Teresa Peramato. Tal y como inform�EL MUNDO, Luz�n no pudo solicitar en las conclusiones definitivas del juicio una atenuante muy cualificada para Aldama porque Peramato no le dej�. El fallo constituye una bofetada, no s�lo para el Gobierno que ha tratado de ridiculizar una y otra vez a Aldama, sino tambi�n para la fiscal general.La cuant�a de las penas individuales impuestas por cada delito -un a�o de prisi�n por el delito de organizaci�n criminal, dos penas de un a�o y seis meses de prisi�n por dos delitos de cohecho y dos penas de tres meses de prisi�n por dos delitos de cohecho—, al no superar ninguna los dos a�os de c�rcel, ha permitido al tribunal acordar la suspensi�n extraordinaria de la misma para el empresario.As�, el Alto Tribunal le suspende la ejecuci�n de la pena con la condici�n de no vuelva a delinquir, presente un informe semestral de actividades y haga un a�o de trabajos en beneficio de la comunidad.