El Tribunal Supremo lanzó ayer un mensaje rotundo contra la corrupción en una sentencia en la que condena al exministro y exdirigente socialista José Luis Ábalos a 24 años y tres meses de cárcel, a su asesor Koldo García a 19 años y ocho meses y al comisionista Víctor de Aldama a cuatro años y medio. Este último, en la parte más discutible de la decisión, se beneficia de una pena más baja por su colaboración “muy cualificada” con la justicia, lo que le evita su ingreso en prisión. Los magistrados, que actuaron por unanimidad, condenan al que fuera número tres del PSOE por organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias, un amplio catálogo de delitos que la sentencia considera acreditados tras un extenso análisis de pruebas documentales, periciales y testificales.Los jueces describen cómo Ábalos, Koldo García y Aldama se confabularon para lucrarse mediante la adjudicación de contratos de obras públicas y, lo que es más lacerante, de mascarillas en el peor momento de la pandemia. Aldama pagó 10.000 euros al mes al entonces ministro de Transportes para sus gastos, según la sentencia, además de sufragar el alquiler de una vivienda a una pareja de Ábalos. Junto a las mordidas, la sentencia constata la arbitrariedad con la que actuó el exministro, quien colocó a dos mujeres en empresas públicas, con el añadido de que cobraron sin acudir a su puesto de trabajo.Los jueces plantean una reflexión de fondo sobre los perversos efectos de la corrupción en las democracias. “Su efecto más grave”, escriben, “es el deterioro de la confianza ciudadana en el sistema político, al quebrar la expectativa de que el poder democrático se ejerce en beneficio del conjunto de la ciudadanía”.El aspecto más cuestionado de la sentencia se refiere al trato dado al comisionista Aldama, al que se le reduce la pena de forma tan significativa que no irá a prisión. También suscita dudas razonables que Aldama, un vidrioso personaje cuyas revelaciones mezclan hechos acreditados y acusaciones desechadas por la fiscalía, no tenga que pagar la multa de 3,7 millones de euros que reclamaba Anticorrupción, el beneficio que obtuvo por la venta de mascarillas. El motivo es que Aldama ha sido absuelto del delito de uso de información privilegiada, al que iba asociada la multa. El Supremo incide en el incentivo a quienes colaboren con la justicia aportando información y pruebas, un mensaje que puede entenderse como dirigido a imputados en otras causas que salpican al PSOE.Políticamente, el golpe es demoledor para los socialistas, que acumulan otras causas en los tribunales. Ábalos, que fue la mano derecha de Pedro Sánchez en el PSOE, defendió en 2018 la moción de censura contra Mariano Rajoy por los escándalos que sacudían entonces al Gobierno del PP. Alberto Núñez Feijóo volvió ayer a pedir elecciones, pero sigue sin atreverse a presentar una moción de censura. Si el líder del PP cree que la crisis que atraviesa la democracia española es tan grave, no debería tener ninguna duda en dar el paso y presentar al conjunto de los ciudadanos su alternativa, como hizo Sánchez hace ocho años.Episodios como el protagonizado por Ábalos y sus compinches son devastadores porque contribuyen a debilitar la confianza en la política y en las instituciones, además de dar alas a los populistas y a la extrema derecha. Pero ante los discursos incendiarios, es necesario subrayar que el Estado de derecho funciona, como ha puesto de manifiesto el Tribunal Supremo de forma implacable. En España, la corrupción se paga.