En 2023, Joe Biden era el presidente de Estados Unidos, Francisco aún era el Papa y Yolanda Díaz era diputada del grupo parlamentario Unidas Podemos. Ya hace tres años del 15 de junio de 2023, cuando la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo presentó el estatuto del becario, acompañada de los líderes de CC OO y UGT. “Se ha acabado el tiempo de pensar en los jóvenes en prácticas como asalariados fantasma”, dijo, a la vez que la parte socialista del Gobierno comunicaba públicamente su rechazo al texto. El no del PSOE durante meses, la primacía de otros proyectos y la falta de respaldo de la mayoría de investidura mantienen esta iniciativa en el limbo, sin traslación al Boletín Oficial del Estado pese al extenso periodo que lleva en la agenda de Trabajo.El proyecto ideado para atenuar la precariedad de los becarios inició su diseño en la primavera de 2022, con el comienzo de la negociación del ministerio, los sindicatos y las patronales. El primer episodio extraño de esta historia llega en otoño del mismo año, cuando los sindicatos y Trabajo alcanzaron un primer pacto, pero que anularon después para intentar atraer a la patronal. Aquel acuerdo eliminaba las prácticas extracurriculares, las que no forman parte del plan de estudios y cronifican etapas de precariedad ante la vaga esperanza del estudiante de acceder a un empleo. Entonces la mayoría parlamentaria era más favorable para PSOE y Unidas Podemos, sin la necesidad del concurso de Junts para cada iniciativa.Se reabrió la negociación y sindicatos y Trabajo acordaron un nuevo texto que no eliminaba las extracurriculares, pero sí las limitaba, concesión que no sirvió para atraer a CEOE y Cepyme. El proyecto, que también contempla la compensación de gastos de transporte o alimentación en los que incurran los estudiantes, fue presentado el 15 de junio de 2023, con las elecciones generales del 23 de julio en el horizonte. En torno a una hora antes del acto en Trabajo, fuentes de La Moncloa y del Ministerio de Economía trasladaron a los medios que el estatuto del becario estaba “verde” y que le faltaba “trabajo técnico”. Los choques de Díaz con las otras áreas económicas del Gobierno eran habituales en la pasada legislatura, con Nadia Calviño a las riendas de Economía, y lo son en la actual, con Carlos Cuerpo. Pero lo que nunca antes había pasado hasta entonces y que no se ha vuelto a repetir es que una parte del Gobierno critique un acuerdo alcanzado por un ministerio con los sindicatos, como pasó ese día.Aunque el margen era estrechísimo, Trabajo insistía en que intentaría avanzar la normativa antes de las elecciones. El proyecto no llegó al Consejo de Ministros a tiempo ni tampoco lo hizo en los meses siguientes, mientras se negociaba la investidura y, posteriormente, cuando la reducción de jornada tomó el protagonismo de la conversación con los agentes sociales. Hasta noviembre de 2025, dos meses después de que PP, Vox y Junts rechazasen la contracción de jornada, Trabajo no consiguió que el proyecto entrase en el Consejo de Ministros. Lo hizo sin cambios sustanciales respecto al pacto que Díaz alcanzó con los sindicatos en 2023, pese al rechazo expresado dos años antes por los socialistas.La medida llegó al Congreso el 5 de marzo, con un plazo de enmiendas hasta el día 31 de ese mes. Desde entonces ya se han encadenado 11 ampliaciones de ese periodo de enmiendas. El grupo parlamentario de Sumar viene destacando que las negociaciones las lidera el Ministerio de Trabajo, y el departamento de Díaz no detalla cómo avanzan esas conversaciones: “Estamos negociando con los grupos parlamentarios, para que esta norma esencial vea lo antes posible la luz verde en el Legislativo. Consideramos que es un texto que debería tener el apoyo de todos ya que permitirá garantizar el respeto a la formación en el trabajo y a los derechos laborales de todas las personas para desterrar el uso de falsos becarios”.De momento, ya ha trascendido la intención de un grupo clave, el PNV, de presentar una enmienda a la totalidad. “Creemos que el estatuto se ha elaborado con un planteamiento laboral para quienes aún son estudiantes, en una negociación en la que han participado los sindicatos y Trabajo pero sin tener en cuenta la perspectiva del mundo educativo en su conjunto”, opina el grupo vasco. Sin sus votos el estatuto no tiene opciones de éxito, pero Trabajo confía en que hará cambiar de opinión al PNV. También sería necesario el concurso de Junts, que ya tumbó junto al PP y Vox la contracción de jornada de 40 horas a 37 horas y media. Con las patronales y los rectores en contra del estatuto, lo previsible es que la mayoría de derechas derribe la medida.La secretaria confederal de Juventud de CC OO, Pau Garcia, también confía en que el grupo vasco cambie de parecer, pero ve menos margen para que lo haga Junts: “Dicen que no a cualquier cosa que proponga el Gobierno, pese a que sea un proyecto que mejoraría la vida de tantos estudiantes”. Belén Guirao, secretaria general de la asociación juvenil de UGT (RUGE), relaciona el rechazo de estos partidos con la negativa patronal: “Llevan tres años bloqueando el estatuto, cuando el acuerdo tiene en cuenta sus posiciones. Es una falta de respeto”. Las dos sindicalistas animan al Gobierno a seguir adelante con la tramitación para que los grupos parlamentarios se vean obligados a posicionarse y lamentan que el proyecto sea objeto de “juegos políticos”.Las previsiones negativas en torno al futuro del estatuto se replican para otros proyectos legislativos de Díaz. Entre ellos están la ampliación del permiso de fallecimiento a diez días (que Trabajo prevé aprobar como un real decreto ley para que aplique al menos hasta enfrentarse al Congreso, donde el PP ya ha dicho que votará en contra) o el refuerzo de la normativa de prevención de riesgos laborales. Otros proyectos sin rango de ley están pendientes de regresar al Consejo de Ministros, como el refuerzo del registro horario, tras el durísimo informe del Consejo de Estado del que Trabajo culpa a Economía.