La norma que intenta compensar los gastos de los estudiantes en prácticas y limitar las extracurriculares tiene muy difícil lograr el aval del Congreso
Compensar los gastos de transporte o manutención de los estudiantes que no tienen una nómina, limitar las prácticas no vinculadas a los planes de estudios y reforzar las multas a las empresas incumplidoras. Esos son los principales objetivos que persigue del estatuto del becario, el anteproyecto de ley que ha aprobado el Consejo de Ministros de este martes, como
a-link-track-dtm="">anticipó este periódico la semana pasada. Se trata de la segunda lectura de proyecto en el gabinete, tras la primera en noviembre del año pasado, antes de enfrentarse al escrutinio del Congreso, donde tiene escasas opciones de triunfar. A la previsible oposición del bloque que ya tumbó la reducción de jornada (PP, Vox y Junts) se suman las dudas de socios habituales del Ejecutivo.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha catalogado el estatuto como “la reforma laboral para la gente joven de España”. Ha explicado que la norma intenta evitar el fenómeno de los falsos becarios, “una distorsión de la economía y del mundo del trabajo”, y que aspira a “expulsar” la precariedad de la vida de estas personas.
