León XIV ha venido a España a cantarnos las cuarenta por la extrema polarización en un momento de máxima tensión por los escándalos de corrupción y con la legislatura sentenciada por los socios. Parece difícil que la armonía vaya a guiar los pasos de la política en los próximos meses, pero hubo un reproche del Papa que debería calar, por el bien de la convivencia democrática: “Que la discrepancia no conlleva humillación”, dejó dicho en un diario de sesiones que recoge episodios humillantes para la propia política. Hay múltiples ejemplos de deshumanización del contrario a los que se puede aplicar la reflexión, pero el más reciente es el caso de David Sánchez. Músico, hijo y padre pero juzgado como hermano del presidente del Gobierno y utilizado como ariete de la estrategia de oposición. En el juicio que se ha terminado esta semana en Badajoz, decenas de testigos han desin­flado el caso, que se sostiene solo sobre un informe de la UCO sin ninguna prueba concluyente. La Fiscalía no vio causa desde el principio. A pesar de ello, PP y Vox y tres asociaciones ultras han elevado la apuesta y han duplicado su petición de cárcel, de tres a seis años de prisión. Por las dudas. Habrá que ver en qué queda la sentencia (pesa en el ánimo del Gobierno el antecedente de la condena del ex fiscal general del Estado apoyándose en las “inferencias” de la UCO), pero se pueden extraer ya dos conclusiones: que no está probado que Sánchez (David) fuera enchufado por ser hermano de Sánchez (Pedro) y también que nunca lo habrían sentado en el banquillo si su hermano no fuera presidente. De hecho, la querella se presentó siete años después de la adjudicación de la plaza en la Diputación de Badajoz. ¿Se debe utilizar una causa penal para el desgaste político y personal? Es ahí donde cabe la reflexión sobre los límites de la utilización de los tribunales para hacer oposición porque, con el modelo actual, hay quienes juegan con una doble baraja. Ha habido intentos para reconducirlo, pero los dos grandes partidos no se han puesto de acuerdo hasta ahora. En la lista de espera del Congreso está una ley orgánica de Enjuiciamiento Criminal impulsada por Félix Bolaños que plantea que las investigaciones penales las dirijan los fiscales, como pasa en la mayoría de los países europeos. Esa ley limita además la figura de la acusación popular para que ni partidos, ni sindicatos ni asociaciones que dependen de ellos puedan ejercerla si no acreditan un “vínculo legítimo” con el “interés público”. Sería un paso importante para desjudicializar la política —lo de despolitizar la justicia es otro milagro pendiente— tal y como reclamó el PP en 2017, cuando defendía que había que evitar “la perversa y espuria utilización de la figura penal de la acusación popular con fines exclusivamente políticos”. Entonces el PSOE, que también ha ejercido de acusación popular en grandes causas como Gürtel, lo rechazaba. Para terminar de contaminar el debate, el grupo socialista registró lo que el PP bautizó como ley Begoña, una iniciativa también contra estas acusaciones populares pero con una discutible aplicación retroactiva. No tuvo ningún recorrido, pero la asociación ultracatólica Hazte Oír le pide a la esposa de Sánchez 24 años de cárcel por delitos sobre los que aún andan buscando la pistola humeante. El caso de Begoña Gómez empezó a construirse en abril de hace dos años a partir de una denuncia de Manos Limpias, el pseudosindicato que también planteó la querella contra David Sánchez.Se humilla a las personas y se humilla a la política cuando las armas que se utilizan para derrotar al contrario buscan su destrucción. No hay corrupciones buenas o malas, todas son condenables vengan de donde vengan, la diferencia está en los casos que tienen una base sólida para investigarlos y los que convierten la instancia judicial en una caja de resonancia de las estrategias partidistas. Se hace así un flaco favor a la justicia y a la democracia en momentos en los que se necesitan instituciones fuertes que generen confianza frente a las derivas populistas. La altura de miras que reclamaba el Papa en Madrid quizá pase por hacer la política donde hay que hacerla y no en un juicio en Badajoz.