La decisión del Banco Central Europeo (BCE) de subir los tipos de interés un cuarto de punto, hasta el 2,25%, es una amenaza para el frágil crecimiento europeo, y puede tener un impacto en las hipotecas que los ciudadanos ya están notando. La institución que presidente Christine Lagarde ha dado este paso por unanimidad y como consecuencia de las presiones inflacionistas por el conflicto en Oriente Próximo. Sin visos de un acuerdo cercano en una guerra que ha rebasado la barrera de los cien días, el encarecimiento del barril de petróleo ha empezado a trasladarse al resto de la cesta de la compra hasta situar la inflación en el 3,2% en mayo desde el 1,9% de febrero. El peligro es que el encarecimiento del dinero acabe siendo una piedra en el camino de la recuperación, ya amenazada por la misma guerra en Irán, y que en última instancia acabe dañando aún más el bolsillo de los ciudadanos.Con la subida de los tipos de interés, la guerra se cobra la primera subida del dinero entre los bancos centrales del G-7. Ningún otro tomado esta vía, por ahora, y el BCE lo ha hecho con datos mejores que otras economías. Estados Unidos, con una inflación del 4,2%, ha optado hasta ahora por la prudencia y ha mantenido los tipos sin cambios. Un argumento de Fráncfort es evitar los temidos efectos de segunda ronda. Es decir, que el encarecimiento del dinero provoque un aumento de salarios y servicios que convierta un alza temporal en algo permanente. La decisión sitúa los tipos de interés en el nivel que tenían hace un año y los expertos prevén a lo sumo otro alza de tipos en este 2026. Lagarde sostiene que son los gobiernos de la eurozona —y no tanto el banco, cuyo objetivo principal es el control de los precios— quienes deben hacer los deberes para relanzar la economía, con medidas como una transición energética más ambiciosa, la unión del ahorro y las inversiones o la simplificación burocrática como vías para reforzar la economía sin comprometer la sostenibilidad fiscal. La idea es que a las crisis geoeconómicas también se responde con reformas, no solo con medidas temporales de alivio a los consumidores o encareciendo el precio del dinero. La decisión del BCE trae a la memoria algunos ecos de 2022, cuando la entidad que preside Christine Lagarde tardó casi cinco meses en restringir la política monetaria en plena tormenta inflacionaria por la guerra de Ucrania. Pero Europa no presenta hoy un nivel de dependencia de suministro de crudo tan concentrado en el Golfo como el que tenía con el gas ruso, y el precio del barril, tras el repunte inicial y los picos alcanzados en momentos de pánico, parece estabilizado en torno a los 90 dólares. El empeño de Lagarde en defender por encima de todo la credibilidad del BCE en su combate contra la inflación, cuestionada en aquel episodio, puede tener un coste demasiado elevado para la economía, ya endeble en la Eurozona y cercana al estancamiento en Alemania, y para el conjunto de los ciudadanos.